El acto del 17 de marzo fue una iniciativa conjunta del Colegio de Abogados Regional de Varsovia, la HFHR y la Asociación para la Intervención Legal, organizaciones que llevan tiempo implicadas en el seguimiento de la situación en los puntos fronterizos, entre otros, en el que existe en la estación de Terespol.

La iniciativa contaba con el respaldo de la Oficina del Comisario de Derechos Humanos, la organización bielorrusa de ayuda a los refugiados Human Constanta, el proyecto para refugiados Chlebem i Solą, la Fundación Iniciativa Humanitaria Internacional y el sitio web uchodzcy.info.

Frontera cerrada para los refugiados

El seguimiento realizado por organizaciones no gubernamentales revela que las autoridades polacas han denegado reiteradamente el acceso al asilo a refugiados que se presentan en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.

Agentes de la Guardia de Fronteras, habiendo realizado entrevistas que duran entre dos y diez minutos, deniegan de modo arbitrario las solicitudes presentadas por refugiados para que se les inicie un procedimiento de asilo. Estas prácticas se hicieron más frecuentes en la segunda mitad de 2015 y la situación se fue deteriorando gradualmente a lo largo de todo 2016.

Los agentes de frontera deniegan el acceso a los procedimientos de asilo a muchas personas que declaran que su vida corre peligro y que buscan por ello protección internacional. Estas personas reciben resoluciones de denegación de entrada y, continuación, se ven devueltas de la frontera polaca a Brest, Bielorrusia. En la mayoría de los casos, se trata de gente con mucha determinación de entrar a Polonia, en buena medida alimentada por el miedo por su propia vida y la vida de sus familiares.

Se les devuelve una docena de veces al puesto fronterizo entre Brest y Terespol, con frecuencia con sus familias.

Abogados en la frontera

Por desgracia, la visita de los abogados a la frontera confirmó toda la información recogida en informes previos. Los agentes de la Guardia de Frontera impidieron a los abogados representar a los refugiados e imposibilitaron el inicio de procedimientos para garantizar protección internacional.

Mientras esperaban la autorización para ver a sus clientes, los abogados y representantes de ONGs recibían llamadas y mensajes de los refugiados que aguardaban en el puesto fronterizo.

Al principio, el director se negó a aceptar las solicitudes de los abogados de representar a sus clientes y les remitió a la oficina de registro del puesto fronterizo, situada a unos kilómetros de distancia. Sin embargo, al cabo de un rato, el gerente decidió recibir sus solicitudes, pero sin permitirles hablar con las personas que representaban.

Mientras esperaban la aceptación de los documentos, los abogados y representantes de ONGs recibieron llamadas y mensajes de los refugiados que aguardaban en el puesto fronterizo. De acuerdo con los refugiados, cuando habían pedido un abogado la respuesta de la Guardia de Frontera había sido que no tenían derecho. Además, nadie había recibido la ayuda de un intérprete al llegar a la frontera.

Camino a ninguna parte

La Guardia de Frontera decidió permitir que dos de los abogados contactaran con sus clientes, dos familias con niños. Sin embargo, pronto quedó claro que la decisión de negarles la entrada en Polonia ya estaba tomada y que los abogados no podían intervenir en los procedimientos de denegación. Aquel mismo día se devolvió a personas chechenas en un tren a Bielorrusia, junro con otras personas que habían intentado cruzar la frontera.

Aunque los refugiados querían acceder al procedimiento de protección internacional, ninguno de ellos tuvo la oportunidad de hacerlo, a pesar de que la legislación de la Unión Europea garantiza esta ayuda.

Puede leerse el informe de una visita de seguimiento a los puestos fronterizos realizada por la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos en octubre de 2016 aquí.