El secretario de Estado de Asilo y Migración, Theo Francken, acaba de pasar a una nueva fase en su política de persecución de los exiliados (incluidas familias y niños) a través de un acuerdo con el gobierno sudanés para identificar a los migrantes que acampan en el Parque Maximilien en Bruselas, donde tratan de sobrevivir con la esperanza de poder salir de Bélgica hacia Reino Unido.

Un tratado sórdido

Francken parece estar cegado por el temor de que pueda surgir una nueva "Jungla de Calais" en la capital belga, hasta tal punto que ha perdido su dignidad negociando un acuerdo con una delegación oficial sudanesa del Departamento de Asuntos Exteriores.

Esta delegación está siguiendo las órdenes de un presidente que actualmente se encuentra bajo una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por genocidio y crímenes contra la humanidad.

El secretario de Estado es muy consciente de las múltiples violaciones de los derechos humanos que se cometen actualmente en Sudán, un país dirigido por un régimen dictatorial. La alta tasa de reconocimiento de solicitudes de protección internacional de ciudadanos sudaneses refleja lo difícil y peligrosa que es la situación para los opositores del gobierno en Sudán, que corren el riesgo de ser torturados o detenidos.

Al llevar a cabo procedimientos de identificación de los ciudadanos sudaneses que han sido detenidos en las redadas policiales del Parque Maximilien, Francken no solo pone en peligro la vida de estas personas si regresan a su país de origen, sino también las vidas de sus familiares en Sudán.

Colaborar con un dictador

La iniciación de estas identificaciones en colaboración con una delegación oficial sudanesa que trabaja a las órdenes del presidente sudanés Omar al-Bashir, implica que el secretario de Estado está cooperando ahora con un régimen dictatorial.

Mientras el gobierno belga solicita actualmente un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, el secretario de Estado envía un mensaje lamentable al mundo entero.

En este contexto, y aunque el primer ministro lo disfrace de "cooperación técnica" entre su secretario de Estado y Sudán, ¿cómo puede Bélgica solicitar racionalmente un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU? Al cooperar con Jartum, Bélgica está haciendo abiertamente caso omiso de una decisión del Consejo, que pidió a la CPI en 2005 que iniciara la investigación que dio lugar a la emisión de la orden de arresto de al-Bashir, y que todavía sigue en el poder.

Una elección

La Liga Belga de Derechos Humanos está instando al gobierno a que sea coherente y opte o por retirar su candidatura a la membresía del Consejo de Seguridad de la ONU o por enviar un mensaje contundente al secretario de Estado y poner fin a esta colaboración con Sudán. El secretario Francken ha cometido un grave error político al llegar a este acuerdo ilícito, que viene después de ordenar incursiones policiales y la implementación de cuotas de detención, entre otras cosas.

Bélgica se está jugando la credibilidad y decencia de su gobierno en cuanto a los derechos fundamentales.