Estas nuevas denuncias se suman a las presentadas en otros 15 países de la Unión Europea durante 2018 y 2019, que pedían que se investigaran inmediatamente los sistemas de pujas en tiempo real y se aplicaran las leyes de protección de datos de la Unión Europea.
Los sistemas de pujas en tiempo real comparten datos confidenciales de las personas sin su consentimiento (desde su historial de navegación, a sus preferencias sexuales o sus ubicaciones recientes) con cientos, si no miles, de empresas en línea. Estas pujan entonces por ese espacio publicitario y la oferta más alta consigue plantar su anuncio en la pantalla de la persona en cuestión.
Las pujas en tiempo real constituyen una violación de nuestra privacidad
Esta acción de denuncia ha sido coordinada por un consorcio formado por Civil Liberties Union for Europe (Liberties), Open Rights Group (ORG) y Panoptykon Foundation
Orsolya Reich, experta en incidencia política de Civil Liberties Union for Europe (Liberties), señala: "Las pujas en tiempo real, que son la base de la industria de la publicidad en línea, constituyen una violación del derecho a la intimidad de las personas. El RGPD está en vigor desde 2018, y una de sus funciones es precisamente aumentar la capacidad de decisión de las personas sobre lo que sucede con sus datos en línea. Hoy, otro grupo de organizaciones de la sociedad civil ha dicho basta a este modelo de publicidad invasiva y pide a las agencias de protección de datos que frenen las prácticas nocivas e ilegales que utiliza".
El consorcio hace un llamamiento a todas las agencias nacionales de protección de datos afectadas para que analicen conjuntamente la cuestión de las pujas en tiempo real y se sumen a la investigación que están realizando las agencias de Irlanda y Bélgica.
Es necesario realizar una investigación conjunta
Aunque algunas de las denuncias de 2018 y 2019 se remitieron a las agencias de protección de datos, el consorcio no tiene conocimiento de ninguna cooperación significativa ni de acciones conjuntas entre las autoridades nacionales y las agencias de protección de datos. Es decir, que los mecanismos de cooperación y coherencia previstos en el RGPD todavía no se han aplicado plenamente. En este caso, es necesario realizar una investigación conjunta, pues las pujas en tiempo real funcionan de la misma manera a través de las fronteras y producen los mismos efectos negativos en todos los Estados miembros de la UE.
Mariano delli Santi, experto en políticas y derecho de Open Rights Group (ORG) indica: "Estas nuevas denuncias muestran que el RGPD está funcionando. Los ciudadanos cada vez son más conscientes de sus derechos y exigen un cambio. Ahora son las autoridades las que deben apoyar este proceso, y garantizar que estas leyes se apliquen de forma adecuada y coherente contra los abusos generalizados de la industria de la tecnología publicitaria".
Las organizaciones y países que han participado en esta acción son Asociatia pentru Tehnologie si Internet (Rumanía), D3 - Defesa dos Direitos Digitais (Portugal), GONG (Croacia), Global Human Dignity Foundation (Malta), Homo Digitalis (Grecia), Institute of Information (Chipre).
Los países en los que se presentaron denuncias en 2018 y 2019 son: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Polonia, República Checa, Países Bajos y Reino Unido.
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