En las últimas dos semanas, Rumanía ha sido el escenario de inauditos choques entre el Partido Socialdemócrata (PSD), que ganó las elecciones en diciembre de 2016, y todo el resto de actores del país.

Indignación

A menos de un mes de la toma de posesión del PSD, cientos de miles de rumanos han tomado las calles a raíz del decreto de urgencia dictado por el gobierno durante la noche del 31 de enero al 1 de febrero, que despenaliza determinadas formas de corrupción, como el abuso de poder y acciones que causen daños por un valor inferior a 45.000 euros.

La medida beneficia a muchos políticos investigados por corrupción o ya condenados por este tipo de delitos.

Entre estos políticos se encuentra el dirigente del PSD, Liviu Dragnea, que ya fue condenado a dos años de cárcel, aunque se benefició de una remisión condicional de la pena, y que en la actualidad está siendo investigado por abuso de poder. A pesar de que su partido ganó las elecciones, no pudo convertirse en primer ministro debido a sus antecedentes penales.

La judicatura y el presidente rumanos comparten la indignación de la población rumana. Todos ellos han criticado duramente la medida, adoptada a hurtadillas. Comparten esta opinión el fiscal general de Rumanía, Augustin Lazar, la número uno de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA), Laura Kovesi Codruţa, el Presidente Klaus Johannis y asociaciones de jueces y fiscales.

Todos creen que el decreto tendrá un impacto negativo en la lucha contra la corrupción, porque despenaliza los actos de corrupción llevados a cabo por políticos y empleados públicos, invalidando el trabajo desempeñado por los fiscales anticorrupción de la DNA en más de 2.000 investigaciones abiertas.

Protestas en el país y en el extranjero

La gente está particularmente enfadada porque antes de que se aprobara el decreto, los rumanos ya habían protagonizado tres rondas de grandes protestas en Bucarest y en otras 20 ciudades contra la medida, así como contra otra ley de indultos colectivos. La justificación oficial de esta segunda medida era que resultaba necesaria dada la superpoblación carcelaria.

Sin contar con la opinión de las instituciones judiciales, el gobierno decidió abandonar temporalmente la ley sobre indultos colectivos, pero llevar adelante el decreto sobre corrupción.

En estas circunstancias, las calles de la capital rumano y de muchas otras ciudades, grandes y pequeñas, se inundaron de manifestantes exigiendo la retirada de la medida, que entrará en vigor el 11 de febrero.

La diáspora rumana de muchas ciudades europeas ha organizado protestas de solidaridad y muchos dirigentes europeos han manifestado su preocupación por la suerte de la lucha rumana contra la corrupción, advirtiendo que el gobierno no debería borrar los avances realizados el año pasado en este campo. El Parlamento Europeo debatió la situación el 2 de febrero y sigue vigilando la evolución de los acontecimientos en el país. Rumanía se encuentra aún bajo la supervisión de la UE, dentro del Mecanismo europeo de Cooperación y Verificación, a causa de la corrupción.

Las protestas se han repetido cada noche desde la aprobación de la medida, que entrará en vigor el 11 de febrero.

Hasta la Iglesia Ortodoxa Rumana, conocida por ser un aliado del PSD y, en general, apoyar a los políticos en el poder, ha emitido un comunicado en el que reconoce la importancia de la lucha contra la corrupción y exige al gobierno que retire el decreto.

Ha habido varias dimisiones dentro del PSD, entre ellas dimisiones de miembros del partido, de alcaldes y del Ministro de Comercio: todos ellos dicen no apoyar el decreto.

¿La judicatura al rescate?

A pesar de todas las protestas y de las críticas nacionales e internacionales, el dirigente del PSD, Liviu Dragnea, y el gobierno han anunciado que no retirarán el decreto, manifestando que la oposición miente y que lo único que hace la medida es adaptar el derecho penal a la Constitución.

Mientras tanto, el Presidente de Rumanía, el Consejo Superior de la Magistratura y el Defensor del Pueblo han llevado el decreto al Tribunal Constitucional. Todo el mundo espera ahora el fallo del Tribunal, con la esperanza de que lo emita antes de que el decreto entre en vigor, el 11 de febrero.

Hasta entonces, cientos de miles de rumanos, incluidas muchas personas que votaron a los candidatos del PSD en las pasadas elecciones, seguirán tomando las calles en manifestaciones pacíficas. Cada noche, con temperaturas en ocasiones por debajo de cero, la gente sale a la calle, con niños, mascotas y pancartas, y se reúne en las plazas centrales para mostrar su descontento con el gobierno.