El 13 de junio de 2017 el parlamento húngaro aprobó la Ley sobre transparencia de las organizaciones con apoyo extranjero. Esta forma parte de una serie de medidas que comenzaron en 2013 con el fin de desacreditar y silenciar a las organizaciones de la sociedad civil que hacen seguimiento del gobierno en materia de lucha anticorrupción, protección del medio ambiente, derechos fundamentales, democracia y Estado de derecho . Otras medidas incluyen acusaciones infundadas de los miembros del gobierno húngaro, noticias falsas de los medios de comunicación afines al gobierno, los términos de la consulta llamada 'Paremos a Bruselas", así como investigaciones injustificadas.

La UE pidió al gobierno de Hungría que retirara el proyecto de ley T/14967, mediante la Resolución del Parlamento Europeo del 17 de mayo de 2017 sobre la situación en Hungría. El vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, expresó su preocupación acerca del proyecto de ley, que es incompatible con la legislación de la UE, y con las normas relativas a la libre circulación de capitales. La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa también expresaron su preocupación por la incompatibilidad del proyecto de ley con las normas europeas de derechos fundamentales. La Resolución 2162 (2017) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa exigió al gobierno húngaro que suspendiera el debate parlamentario nacional sobre el proyecto de ley en espera del dictamen de la Comisión de Venecia.

Antes de que se aprobara la ley realizaron una serie de cambios, pero todos superficiales, y la ley, en su forma definitiva, sigue en conflicto con varias normas de la legislación de la UE, entre ellas, la Directiva 2015/849 sobre lucha contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Directiva 88/361 sobre la libre circulación de capitales, así como varias disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La ley no incorporó las recomendaciones del dictamen preliminar de la Comisión de Venecia, publicado antes de su aprobación. Tras la aprobación de la ley, el dictamen final de la Comisión de Venecia afirmaba que la «Ley supondría una interferencia desproporcionada e innecesaria sobre la libertad de asociación y de expresión, el derecho a la intimidad y la prohibición de la discriminación».

Hungarian Civil Liberties Union, Hungarian Helsinki Committee y Liberties reafirman que esta ley es innecesaria y debe ser derogada. La legislación actual ya garantiza la transparencia económica de las organizaciones de la sociedad civil.

Las organizaciones de la sociedad civil constituyen una parte esencial de la infraestructura nacional necesaria para proteger y promover el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la democracia, tal como han manifestado reiteradamente las instituciones de la UE. La implementación de los valores fundamentales de la UE depende de la existencia de organizaciones civiles dotadas de recursos suficientes para llevar a cabo sus actividades sin ninguna interferencia indebida. Precisamente porque reconoce este hecho, la UE proporciona apoyo técnico, económico y político a la sociedad civil para que se desarrolle en terceros países, incluso durante el proceso de adhesión a la UE.

Hacemos un llamamiento al vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, para que emita una declaración de apoyo a las organizaciones independientes de la sociedad civil que trabajan en Hungría para promover los valores fundamentales de la UE. También le imploramos que establezca un punto de convergencia en la Comisión Europea que le informe directamente, y donde puedan acudir las organizaciones de la sociedad civil para denunciar acoso y restricciones indebidas a su trabajo.

Hacemos un llamamiento también a la Comisión Europea para que proceda lo más rápidamente posible a iniciar procedimientos de infracción contra el gobierno de Hungría con respecto a la ley. Sin embargo, esta debe reconocer que los procedimientos de infracción son un instrumento inadecuado para contener una estrategia concertada y holística diseñada para desmantelar la infraestructura que sostiene las normas democráticas, la protección de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Incluso cuando los procedimientos de infracción llevan a una sentencia favorable del Tribunal de Justicia, esta se puede implementar de manera que no tenga repercusión práctica, como bien ilustra el Caso C-286/12 Comisión vs Hungría.

Por ello, pedimos a la Comisión Europea que active su marco sobre el Estado de Derecho en relación con Hungría. Después de siete años de medidas destinadas a erosionar el equilibrio de poderes y concentrar cada vez más la autoridad en el poder ejecutivo, la infraestructura que debía mantener el Estado de derecho en Hungría no puede proteger los derechos fundamentales ni mantener las normas democráticas. Al activar el marco del Estado de derecho, la Comisión podrá elaborar recomendaciones más holísticas al gobierno de Hungría basadas en un diálogo formal centrado la forma de volver a plegarse a los valores fundamentales de la UE. Esto puede servir de punto de partida importante para un debate más amplio sobre la situación entre los Estados miembros en el Consejo.

Exigimos al Parlamento Europeo que dé seguimiento a su resolución del 17 de mayo de 2017 sobre la situación en Hungría con visos a activar lo más rápidamente posible el artículo 7(1).

También pedimos a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo que tomen medidas para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que promueven la aplicación de la legislación de la UE y los valores fundamentales de la UE. Si bien el ejemplo de Hungría puede parecer el más extremo, también en otros Estados miembros se está limitando la actividad, recoratando los fondos y atacando la reputación de las organizaciones civiles. Por ello, la Unión debe adoptar medidas para apoyarlas y estas deben incluir la creación de un fondo para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil dentro de la UE que promuevan sus valores fundamentales. Dicho fondo debería proporcionar subvenciones para el funcionamiento de las organizaciones, apoyo a los litigios, vigilancia y seguimiento de los organismos públicos y actividades que fomenten la creación de capacidades.