Las tres leyes que se aprobaron el pasado 26 de marzo constituyen un “trío de mordazas” y se aprueban en un contexto muy determinado, que en RIS hemos denominado “El Círculo Vicioso de la Injusticia”. Frente a una sociedad civil que manifiesta de forma activa su rechazo a las políticas de recortes del Gobierno, éste, en lugar de atender a las demandas de la ciudadanía, se protege aplicando una agenda de reformas que restringen derechos y libertades indispensables en una sociedad democrática, limitan el acceso a la justicia y atentan contra los principios básicos del Estado de Derecho. Creemos que éstas no son acciones aisladas, todas ellas forman parte de un mismo y estudiado plan para dejarnos #SinJusticia. Estamos claramente ante una involución.
Las leyes mordaza son contrarias a nuestros derechos y libertades civiles y esto lo dicen desde varias instituciones tanto internacionales como europeas de protección de los derechos humanos. Esto también lo sabe el Gobierno y el Partido Popular porque desde RIS se lo hemos hecho saber a través de varias iniciativas (algunas de ellas, junto con organizaciones internacionales o de otros países europeos) ante el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Congreso y el Senado a medida que estas leyes se han ido tramitando. Buena prueba de que nuestros gobernantes conocen las implicaciones en materia de derechos humanos de estas normas es que han introducido algunas (pocas, pero algunas) mejoras en los textos legislativos, en respuesta, precisamente a nuestros reclamos y los de las instituciones internacionales.
Ahora bien: los textos normativos que hoy nos ocupan siguen adoleciendo de serias deficiencias que cercenan nuestros derechos y libertades de manera desproporcionada e injustificada. A continuación daremos cuenta de algunas de nuestras preocupaciones.
En relación con la reforma antiterrorista, hay que recalcar que ésta se haya tramitado de urgencia y de espaldas a la sociedad civil; sin seguir por tanto el proceso de amplia consulta con expertos independientes, en los términos de las recomendaciones de la ONU. También nos preocupa que esta reforma introduzca términos indeterminados que, por su vaguedad e imprecisión, vulneran el principio de legalidad y pueden dar lugar a una aplicación arbitraria de la ley penal, y que se restrinja de forma desproporcionada la libertad de expresión.
En cuanto a la reforma del Código Penal, ésta parece tener por objetivo la criminalización de formas de protesta pacíficas, perfectamente legítimas en una sociedad democrática. Por ejemplo, se incluye la mera resistencia pasiva dentro del delito de atentado contra la autoridad, y también nos preocupa que el nuevo tipo de difusión de mensajes pueda ser aplicado a quienes se limiten a convocar una manifestación u otro acto de protesta o que se criminalicen otras formas de protesta legítimas, como la ocupación pacífica y sin violencia de oficinas públicas o de bancos.
Finalmente, la Ley de Seguridad Ciudadana tiene tres objetivos muy claros y preocupantes: con ella se busca convertir el requisito de la comunicación previa de las concentraciones y manifestaciones en una autorización del Gobierno de hecho, lo que viola el artículo 21 de la Constitución; en segundo lugar, se busca evitar que el espacio público siga siendo un lugar de participación política y, finalmente, se sancionan formas de protesta social totalmente pacíficas y legítimas en una sociedad democrática. Por ejemplo, se llega a sancionar la mera ocupación de las vías públicas o la alteración menor en el recorrido de una manifestación y se introducen restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y el derecho a la información al sancionar el uso de imágenes de agentes de la policía (esas mismas imágenes que se usan como prueba en los procedimientos judiciales contra la policía en casos de malos tratos) o las meras “faltas de respeto” a los agentes. También es preocupante que no se haya aprovechado la tramitación de esta ley para establecer garantías legales contra la práctica discriminatoria de las identificaciones policiales guiadas por el perfil étnico de las personas, tal y como se ha instado desde numerosas instituciones europeas e internacionales.
Ayer el Congreso aprobó estas tres leyes mordaza, pero, como bien dijo el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, “no se puede legalizar lo que es ilegal”. Así que no lo vamos a permitir: seguiremos ejerciendo nuestros derechos y trabajando para que estas leyes sean derogadas. Entretanto, y mientras no lo consigamos, el Estado español debe ser consciente de que con la aprobación de estas leyes se coloca en una situación de riesgo cierto y probable de ser condenado por organismos internacionales, empezando por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque nuestros derechos y libertades están por encima de sus mordazas.
