Los micro Estados europeos de Andorra, Liechtenstein, San Marino y Mónaco tienen mucho que ofrecer. A los turistas les espera un paisaje impresionante y edificios medievales, al tiempo que las compras de lujo están libres de impuestos y una regulación fiscal con impuestos bajos los convierten en un paraíso para los pudientes.

Pero para quienes habitan en ellos, la realidad reluce menos. La protección de los derechos fundamentales es muy escasa en estos cuatro Estados, especialmente en cuanto a los derechos de las mujeres. El aborto está prohibido en los cuatro y en Andorra, Liechtenstein y San Marino está penalizado incluso en casos de violación, incesto o deformidad fetal.

Falta de protección de los derechos

Un reportaje reciente en la revista Vice analizaba el enorme precio que pagan las mujeres en estos países. En las últimas décadas, se estima que miles de mujeres han viajado en secreto de Andorra a España o Francia para abortar. El derecho pleno al aborto parece tan lejano que los activistas de los cuatro Estados lo tienen como un objetivo a largo plazo, centrándose primero en lograr el derecho al aborto en los casos extremos de violación, incesto o deformidad fetal.

En Andorra la batalla parece muy cuesta arriba. En 2005, el gobierno introdujo un nuevo reglamento que prevé penas de cárcel de hasta dos años y medio para las mujeres condenadas por aborto. Asimismo, los médicos que los practiquen pueden enfrentar hasta 12 años en algunos casos.

Mónaco permite el aborto en estos casos, aunque solo desde 2009. Pero este Estado, firmemente católico, sigue siendo el único lugar de Europa occidental que no reconoce ninguna forma de unión entre personas del mismo sexo. De hecho, se presentó un proyecto de ley de uniones civiles que cuyo debate iba a tener lugar a principios de este año y ha sido pospuesto por lo menos hasta octubre.

La Iglesia Católica tiene una influencia enorme en los cuatro países. La ley de aborto de Mónaco se relajó solo después de que las autoridades religiosas se retractaran de lo que había sido una intensa oposición. A medida de que han ganado peso las voces por el derecho a decidir en Andorra, la Iglesia también ha intensificado su batalla y ha amenazado con destituir al obispo y poner fin a la co-principalidad si el aborto se legaliza. Y el príncipe de Liechtenstein amenazó con abandonar el país si esto sucedía allí.

Esperanza para el futuro

Sin embargo, existen razones para pensar que el cambio no está muy lejos. En Liechtenstein la opinión pública parecía partidaria de legalizar el aborto hasta las 12 semanas en casos de deformidad fetal. Así que el líder de facto del país, el príncipe Aloi, declaró públicamente que vetaría un próximo referéndum sobre la cuestión, ahogando cualquier posibilidad de que el cambio se llevara a cabo. Sin embargo, el 47,7 por ciento de los votantes lo desafiaron y votaron a favor de la propuesta.

La primera protesta en la calle de Andorra a favor de la despenalización del aborto se celebró en septiembre de 2018. Fue un evento pacífico que gozó de una asistencia importante y que supuso un cambio significativo en un país en el que apenas hay manifestaciones públicas de ningún tipo.

Habida cuenta del progreso de la protección de los derechos humanos en Europa durante el siglo pasado, parece que es solo una cuestión de tiempo para que llegue el cambio a estos pequeños rincones, pero requerirá más protestas pacíficas continuas por parte de la sociedad, tanto en las urnas como en las calles.