En los últimos años, el gobierno húngaro ha gastado miles de millones de forints para financiar programas de becas, atrayendo a miles de estudiantes extranjeros a las universidades húngaras. Los estudiantes iraníes representan un gran porcentaje de los becados de fuera de la UE, superados únicamente por los estudiantes chinos. Sin embargo, ellos también son objeto de la xenofobia que define la política del gobierno de Viktor Orbán. Al inicio de la pandemia, los estudiantes iraníes en Hungría fueron el chivo expiatorio, varias declaraciones oficiales afirmaron que fueron los primeros en infectarse en el país y que luego desafiaron las medidas antiepidémicas.

Las hermanas iraníes acusadas de violar la cuarentena en realidad nunca salieron dela unidad que se les asignó

Las autoridades húngaras aprobaron la expulsión de más de una docena de estudiantes extranjeros, incluida la de una chica iraní, que, junto con su hermana gemela, fue objeto de un proceso penal. Tras 10 años viviendo en Hungría, donde han cursado la educación secundaria, ambas estudiaban Farmacia en la Universidad de Semmelweis. El 6 de marzo las hermanas se vieron obligadas a hacer cuarentena pues habían estado en contacto con dos estudiantes de medicina iranís que habían dado positivo en la prueba de COVID-19. Tras finalizar la cuarentena, las hermanas dejaron el hospital con un resultado negativo. Sin embargo, se iniciaron entonces procedimientos penales contra ellas. Fueron acusadas de haber abandonado el pabellón que se les había asignado y de negarse a volver allí a petición de las enfermeras el 7 de marzo.

La Unión Húngara por las Libertades Civiles (HCLU), que les ofreció representación legal, presentó una recurso alegando que las acusaciones eran infundadas. La policía no proporcionó ninguna prueba sobre la salida de las hermanas del pabellón, ni especificó quién les había pedido que volvieran. La acusación se basaba en la suposición de que los estudiantes habían infringido una decisión relacionada con el confinamiento por la pandemia, que les fue comunicada solo en húngaro, lo que va en contra de las normas, por lo que debe contemplarse como si no hubiera ocurrido. Además, la decisión no decía nada sobre el pabellón. Solo se les prohibió salir de la unidad del hospital. De hecho, nunca abandonaron la unidad, y dijeron que habían salido únicamente dos veces del pabellón que se les había asignado: una vez cuando un agente de policía de inmigración hizo un anuncio para los extranjeros hospitalizados, desde el pasillo, y en otra ocasión cuando fueron trasladadas a oto pabellón.

La decisión de deportación no debería haberse tomado ya que el procedimiento penal se archivó

El 7 de marzo entró en vigor una orden del gobierno que decía que el incumplimiento de las normas de cuarentena constituía un delito penal. Según el derecho penal húngaro, a la hora de determinar una acción, debe aplicarse la norma vigente. Esto implica que con su decisión del 20 de mayo, la Fiscalía detuvo realmente el proceso penal.

Sin embargo, la Oficina de Inmigración ya había tomado la decisión de expulsar a una de las mujeres el 24 de abril, basándose en que era sospechosa de haber cometido un delito, y prohibiéndole la entrada o permanencia en Hungría durante tres años. De hecho, dado que el procedimiento penal fue archivado por la Fiscalía, esta sospecha ya no era válida. Por ello, HCLU ha denunciado la decisión, que estaba llena de infracciones. El Tribunal de la capital lo juzgará en los próximos días.