Cuando Polonia aprobó a principios de este año una ley que penalizaba a cualquier persona que sugiriera que el país era cómplice de los crímenes de guerra nazis, la indignación fue tan inmediata y generalizada que muchos analistas señalaron que el gobierno había cometido un grave error de cálculo. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si el alboroto era exactamente lo que quería provocar el gobierno polaco?

Todos los principales medios de comunicación europeos prestaron atención y dedicaron grandes titulares a la llamada Ley del Holocausto, convirtiendo un polémico proyecto de ley en un incidente internacional. Es poco probable que al partido gobernante, el PiS, le pareciera una ley a la que atenerse demasiado. Sí, atrajo a los seguidores más nacionalistas del partido, pero no generaba consenso en toda su base. Y, a pesar de lo que algunos afirmaron, la respuesta fue en realidad bastante predecible: elige uno de los temas más delicados en el continente y haz una ley que prohiba la enseñanza y la discusión del mismo, y que seguro enfurezca tanto a judíos como a no judíos. Tienes todos los ingredientes para generar una protesta internacional. Y de eso es de lo que se trata.

¡Corre, corre, mira ahí!

Mientras el mundo se obsesionaba con la Ley del Holocausto, el gobierno del PiS impulsó discretamente cambios legislativos mucho más importantes para ellos y mucho más perjudiciales para la democracia polaca: una revisión completa del proceso de elección de cargos públicos del país. Los cambios tienen consecuencias inmensas. Casi todos los cargos que se elegían por votaciones, incluso a nivel regional, ahora los nombra dedo el gobierno. Si bien la Comisión Electoral Nacional, que supervisa y certifica las elecciones, estaba compuesta anteriormente por nueve jueces nombrados a partes iguales por los tres tribunales superiores de la nación (el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo Administrativo), ahora el órgano estará compuesto solo por dos jueces, los siete miembros restantes serán elegidos por la cámara baja del Parlamento. Los cargos nombrados por el gobierno también pueden replantear los distritos legislativos y revisar cualquier cambio realizado de forma independiente por los gobiernos locales.

Todo esto confiere al gobierno un poder extraordinario para garantizar su permanencia en el poder. El gobierno nunca ha ofrecido una explicación adecuada sobre estos cambios, pero es obvio. El Pis nunca ha tenido un control del poder tan firmemente arraigado como los regímenes populistas vecinos (te estamos mirando a ti, Hungría). Entró en el gobierno con mayoría tras las elecciones de 2015, en las que obtuvo 235 de los 460 escaños en el Parlamento, algo más del 50%. Pero lo logró solo con el 37,6% de los votos. Una situación así es propicia para que un gobierno abusivo y autoritario trate de consolidar su poder.

¿Qué pasó con la Ley del Holocausto? El gobierno dio un giro de 180 grados y eliminó las partes que generaban más división, diluyéndolo hasta el punto en que apenas tiene fuerza legal. ¿Y, adivina qué? Eso también era increíblemente predecible: recular eventualmente ante una cuestión que no importa demasiado da a los oponentes la sensación de victoría y finalmente has logrado aprobar lo que realmente te importaba, sin que nadie haya prestado atención.

Está sacado directamente del manual de jugadas que utilizan los autoritarios de todo el mundo. Putin consolida su poder encarcelando o asesinando a sus oponentes; los gobiernos de Hungría y Polonia lo hacen controlando los medios de comunicación y los tribunales y cambiando las leyes para que las elecciones sean más fáciles de ganar. Algunos de estos cambios llaman a veces la atención a nivel nacional e internacional, pero en general no. Aquí es donde entran en juego las ONG -otro de los blancos principales de los autoritarios. Denunciamos al gobierno cuando abusa de su poder, incluso (o especialmente) si el asunto no recibe la atención mediática que merece.

¿La democracia en el lecho de muerte?

Nunca antes se habían visto tan amenazados los valores de la Unión Europea, y los agresores son los propios gobiernos de los Estados miembros. Por razones políticas, a la UE le está costando mucho proteger sus propios intereses, pero lo que realmente está en juego es la fuerza de la democracia en todo el bloque. La ley polaca sobre el Holocausto representa un grave riesgo para la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, pero en sí misma no supone un mazo al Estado de derecho del país. Los cambios sobre los procesos de elección del gobierno sí lo han sido.

La democracia no suele morir por leyes que provocan protestas internacionales; de hecho, a menudo es asesinada silenciosamente, a través de cambios que van incrementando y que se implementan mientras la sociedad está ocupada con otros asuntos.

Si quieres que tus amigos sepan más sobre el manual de jugadas autoritarias, comparte nuestra serie de videos de la Guía para sobrevivir al autoritarismo.