Pincha aquí para descargarte el análisis legal
La propuesta de ley obliga a las ONG que reciben más de 23.000 euros al año de fondos extranjeros a que se registren como una 'organización que recibe apoyo del exterior', muestren esa etiqueta tanto en su sitio web como en sus publicaciones e informen de los datos personales de cada donante.
Las organiazciones que no se registren serán multadas con hasta 2.900 euros y, en última instancia, se podrá disolver la organización. El proyecto de ley se justifica diciendo que, en parte, es para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.Sin embargo viola las siguientes normas de la ley de la UE:
- Directiva 2015/849 sobre blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.
La directiva exige que las autoridades nacionales lleven a cabo una evaluación de riesgos de las ONG a las que se dirige para demostrar que realmente existe un riesgo de lavado de dinero o de financiación terrorista. No se ha realizado ningún tipo de evaluación de riesgos específica para estas ONG, ni tampoco ha presentado el gobierno ninguna prueba a disposición del público que sugiera que estas organizaciones impliquen un riesgo que justifique las medidas propuestas.
Erosiona la confianza social
El proyecto de ley debe cumplir también con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La ley interferiría con el derecho a la protección de datos personales, pues exige que los datos de los donantes sean publicados, y también con la libertad de expresión y de asociación. En primer lugar, impone sanciones muy estrictas en caso de incumplimiento.
En segundo lugar, erosiona la confianza social hacia las ONG, lo que les impedirá realizar su trabajo. Las ONG facilitan que la sociedad participe en el proceso democrático informando sobre las novedades y cambios políticos y legales, llevando la voz de la sociedad civil a los gobiernos y obligándoles a que rindan cuentas y cumplan con sus obligaciones legales. Para que puedan llevar a cabo este papel, deben gozar de la confianza de la gente. De lo contrario, es poco probable que crean la información que estas proporcionan, que se impliquen en actividades de participación ciudadana que dinamizan, o que proporcionen los fondos de los que dependen para sobrevivir.
Interferencia desproporcionada
Un gobierno puede limitar los derechos por razones de interés público. Pero no debe restringirlos más de lo estrictamente necesario. El proyecto de ley supone una interferencia desproporcionada sobre estos derechos pues ya existen leyes nacionales que proporcionan a las autoridades la información y poderes necesarios para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- El Artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Directiva 88/361 sobre la libre circulación de capitales.
La legislación de la UE prohíbe que los gobiernos restrinjan el flujo de capitales entre países de la UE. Esto incluye las donaciones a organizaciones benéficas. De acuerdo con la legislación de la UE, cualquier medida que pueda disuadir que las personas realicen transferencias de capitales entre países, supone a una restricción.
El proyecto de ley exige que la información personal de las personas que hacen donaciones de otros países de la UE sea publica. Esto puede disuadir a personas y organizaciones de hacer donaciones. Aunque un gobierno puede restringir la libre circulación de capitales por razones de seguridad pública, deben asimismo demostrar pruebas de que existe una amenaza real y grave.
El gobierno no ha presentado ninguna prueba de que estas organizaciones supongan tales amenazas.
