Un gobierno solo puede brindar seguridad duradera mediante el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos. Es decir, aplicando medidas de seguridad proporcionales que realmente funcionen, y abordando las causas que están en el origen de la radicalización, en lugar de los síntomas.
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La vigilancia masiva y los perfiles étnicos son técnicas que se utilizan en unos cuantos países de la UE. Aunque a priori parecer interesantes, en la práctica es probable que pongan en peligro la seguridad pública. El informe concluye que las políticas antiterroristas alternativas, que cumplen las normativas de derechos humanos son en realidad más efectivas a la hora de brindar seguridad.
Conclusiones principales:
- La vigilancia masiva está matando a la democracia, que no puede funcionar sin el respeto a la vida privada. Más de cincuenta años de investigación han demostrado que los humanos, cuando estamos en público o creemos que estamos siendo observados, nos ajustamos a las opiniones y reglas de la mayoría. La privacidad nos brinda libertad para crear, pensar, debatir y compartir información e ideas sin miedo a ser juzgados, permitiendo así que las sociedades evolucionen y progresen cambiando las reglas y conceptos que rigen nuestras vidas. Por ejemplo, protegiendo el medio ambiente o creando la economía colaborativa. La privacidad también permite que periodistas, activistas y políticos puedan pedir cuentas a los líderes políticos, pues a menudo dependen de fuentes de información confidenciales que no quieren identificarse públicamente por miedo a las consecuencias que pueda conllevar.
- En general, la sociedad siente que internet ahora es un espacio "público", donde no se puede disfrutar de privacidad. De acuerdo con Investigaciones recientes sobre el uso de Internet, una parte importante de los periodistas se autocensura y otra parte de la sociedad ya no se siente cómoda utilizando Internet para leer o comunicar cuestiones que temen puedan provocar polémica. La vigilancia masiva es un obstáculo para el buen funcionamiento de la democracia, que además de haber costado caro a lo sociedades, no ha proporcionado nada a cambio. Toda la evidencia disponible muestra que nunca ha sido efectiva a la hora de prevenir un ataque terrorista o identificar a los responsables.
- En la gran mayoría de los ataques terroristas, los autores habían estado previamente identificados por las fuerzas de seguridad o ya habían tenido contacto con las autoridades debido a su actividad delictiva o problemas de salud mental.
- En muchas ocasiones, cuando las fuerzas de seguridad no han podido prevenir un ataque, se ha debido a que no disponían de los recursos para mantener al sospechoso bajo vigilancia o porque habían ignorado la información proporcionada por otros organismos gubernamentales o gobiernos extranjeros.
- Las fuentes de inteligencia más útiles para
combatir el terrorismo suelen ser las comunidades, las familias y los
conocidos de los terroristas. La propia gente sigue siendo la fuente de
información más importante para las fuerzas de seguridad. Las
operaciones a gran escala que incluyen perfiles étnicos en Estados Unidos,
Alemania y Francia no han logrado que nadie sea juzgado por delitos terroristas. La investigación sobre el uso de perfiles étnicos para
delitos penales muestra que con esta práctica se detiene a menos delincuentes.
- Los perfiles étnicos dejan a la sociedad en una situación de mayor vulnerabilidad: generan un punto ciego para las fuerzas de seguridad, pues las organizaciones terroristas simplemente reclutan a personas de distintas etnias. Los extremistas violentos proceden de una amplia gama de nacionalidades y etnias, entre ellos, blancos (occidentales) conversos. Además generan resentimiento entre los miembros inocentes de la comunidad objetivo, lo que se traduce en una menor probabilidad de que estas comunidades colaboren de forma voluntaria con la policía. El uso de perfiles étnicos genera un sentimiento de marginación y discriminación entre las víctimas inocentes, que acaba contribuyendo a la radicalización.
- Los gobiernos que luchan contra la radicalización hacia el extremismo violento se han centrado en las etapas finales del proceso de radicalización. Han decidido ignorar las causas fundamentales, como la desigualdad social y económica, la discriminación, y la colaboración con regímenes represivos en el extranjero que violan los derechos humanos.
El informe recomienda a los gobiernos que:
- Doten a las fuerzas de seguridad de más recursos para que lleven a cabo una vigilancia específica, garantizando a la vez por medio de un control judicial y parlamentario estricto que no se cometan abusos;
- Fortalezcan o creen una policía de cercanía, ligada a las comunidades, en la que las fuerzas policiales y las comunidades desarrollen relaciones de confianza mutua, lo que facilitaría que la policía recibiera información de los miembros la comunidad. No se trataría de que la policía reclutara a informantes, sino en construir relaciones de respeto mutuo entre la policía y las comunidades con las que trabajan. Debería aplicarse en general a todas las comunidades y no a minorías específicas;
- Las fuerzas de seguridad solo deben parar, registrar o detener a una persona cuando tengan pruebas objetivas de actividad delictiva. Los gobiernos pueden seguir el ejemplo de proyectos que han funcionado muy bien en España y Reino Unido, donde la policía ha recibido formación sobre cómo evitar los perfiles étnicos y ha resultado en menos registros y más detenciones;
- Cumplan sus obligaciones de fomentar la igualdad de acceso a la educación, al empleo y a una vivienda adecuada, luchen contra la discriminación hacia las minorías étnicas y respeten los derechos humanos en sus relaciones exteriores. Así se abordaría el problema de la radicalización desde sus raíces.
- Muchos gobiernos han tratado de convencer a la sociedad de que los derechos humanos son parte del problema, que la privacidad es simplemente algo que utilizamos cuando queremos ocultar secretos incómodos, y que podemos vencer el terrorismo sin abordar sus causas fundamentales. Pero la realidad es que los derechos humanos son lo que garantiza la seguridad y si los gobiernos simplemente cumplieran con sus obligaciones jurídicamente vinculantes y los aplicaran, nuestras sociedades serían más seguras.
