Italia lleva ya demasiado tiempo incumpliendo sus obligaciones con respecto a la prevención de la tortura y la represión, a pesar de que la obligación de sancionar penalmente la tortura está claramente especificada en varios tratados internacionales.

El incumplimiento de Italia

Entre los tratados más relevantes, se encuentra la Convención contra la Tortura de la ONU de 1984 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1953, ambos firmados por Italia. Pero esta obligación también está recogida en la legislación más importante del Estado italiano. El Artículo 13 de la Constitución recoge el único deber constitucional de sanción penal: la obligación de enjuiciar la tortura por la via penal.

La incapacidad del poder legislativo italiano de penalizar la tortura ha sido objeto de condena en múltiples ocasiones por autoridades internacionales competentes, recientemente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en los casos de Saba o de Cestaro por ejemplo) y más recientemente en la jurisprudencia del caso de tortura de dos hombres en el centro penitenciario de Asti.

Y, sin embargo, a pesar de los muchos intentos a lo largo de los años y la presión ejercida por las asociaciones de la sociedad civil, como Antigone, la enésima propuesta legal sobre la inclusión del delito de tortura todavía dista mucho de ser aprobada, lleva ya meses bloqueada en el parlamento.

¿Qué ha pasado con la ley contra la tortura anunciada?

El presidente de Antigone, Patrizio Gonnella, afirmó recientemente en una entrevista:

"La propuesta de ley sobre la introducción del delito de tortura lleva paralizada desde esta primavera, cuando el parlamento la aprobó y pasó a la atención del senado. Durante los últimos meses, la 'melina', es decir la técnica obstruccionista que se usa en algunos deportes para bajar el ritmo del partido (E.j. mantener la posesión del balón para que el equipo contrario no pueda marcar un punto) está en boga de nuevo. El debate se ha vuelto a anestesiar y bloquear. Hay un viejo y eterno cliché, que, como todos los clichés, es falso, cuyo precepto es que el delito de la tortura va en contra de la policía. Nada más lejos: el delito de la tortura protege a todos los policías que hacen su trabajo de acuerdo con la ley".

Gonella, aunque afirma que la tortura no se puede evitar si no está penalizada como delito, y por ello hace un llamamiento a la adopción inmediata de tal medida, señala también con preocupación, que el texto que está siendo valorado actualmente ha sido rebajado significativamente en su paso por el parlamento. Por ejemplo, las últimas versiones interpretan el delito como genérico más que como específico de un funcionario público.

Lo que hace falta, concluye Gonella, es una "revolución cultural" que dé por fin un lugar central a la importancia de defender a las personas contra cualquier abuso de poder del Estado, de los que la tortura es, sin lugar a dudas, una de sus manifestaciones más odiosas.

¿Hasta cuándo, Italia? ¿Cúanto tiempo hace falta para que la ley sea una realidad en Italia?

Firma la petición de Antigone instando a que se introduzca el delito de tortura en el código penal.