"Las democracias europeas modernas no pueden funcionar sin un poder judicial verdaderamente independiente. Las autoridades polacas tienen que tomar nuevas medidas para restaurar la plena independencia del poder judicial y resolver la discordia y el bloqueo que sigue afectando el funcionamiento y la credibilidad de algunas de las instituciones judiciales. Los jueces y fiscales deben estar protegidos de cualquier presión indebida", señaló hace unos días Dunja Mijatović, Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, tras un visita de cinco días a Polonia para tratar el tema de la independencia del poder judicial y de la fiscalía.

Las palabras del Consejo de Europa reflejan asimismo la opinión de la Comisión Europea. El 19 de febrero, el órgano ejecutivo de la UE advirtió que tomaría medidas contra el Gobierno de Varsovia si continuaba acosando a los jueces polacos que consultan al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La CE envió una carta a la mayor asociación de jueces de Polonia, Iustitia, en la que le instó a que actuara en defensa de la libertad judicial.

"Los jueces polacos son también jueces europeos, por lo que nadie debe interferir en el derecho de un juez a plantear preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea", declaró Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea y responsable del poder judicial y el Estado de derecho en la UE.

¿Qué viene después?

El pasado mes de diciembre, el TJUE dictaminó que Polonia debía suspender inmediatamente las reformas judiciales -hasta que se dictara una sentencia definitiva- que imponen un adelanto de la edad de jubilación (65 en lugar de 70 años) a los jueces del Tribunal Constitucional. La reforma solo les permite permanecer en el cargo más allá de esa edad si cuentan con la aprobación presidencial, y obliga al 40% de los jueces, incluido el presidente del Tribunal, a jubilarse de forma anticipada.

El partido gobernante, PiS, lleva desde el inicio de 2016 en conflicto con la CE por sus reformas judiciales. Sin embargo, el año pasado fue un punto de inflexión en las relaciones entre la UE y Polonia. El pasado mes de julio, el TJUE respondió a una consulta de un tribunal irlandés sobre la independencia del sistema judicial polaco diciendo que los tribunales extranjeros deben evaluar si un sospechoso corre el riesgo de un juicio injusto si es extraditado a Polonia, una situación sin precedentes entre dos sistemas judiciales de la UE.

La situación del Estado de derecho se agravó por primera vez en diciembre de 2017, cuando la CE inició el llamado procedimiento del artículo 7 contra Polonia por los cambios en el sistema judicial.

Recientemente, debido a la compleja situación política que se vive en toda Europa antes de las elecciones al Parlamento Europeo, la cuestión del Estado de derecho -principalmente relacionada con Polonia y Hungría- se ha convertido en un tema importante de campaña.

Sin embargo, los procedimientos de sanción contra Polonia y Hungría en materia de democracia e independencia judicial están bloqueados en el Consejo de Ministros debido a cuestiones de procedimiento, a la reticencia de Rumanía (que actualmente ocupa la presidencia rotatoria del Consejo) y a la falta de consenso político.

La CE, por lo tanto, está especialmente interesada en recibir orientación jurídica -y legitimación- del tribunal de Luxemburgo respecto a Polonia.

El martes, el TJUE celebró su última audiencia, de siete horas, sobre los tres asuntos pendientes relacionados con el Estado de derecho y la situación judicial en el país. El Fiscal General del TJUE presentará un dictamen el 23 de mayo, al que seguirá la sentencia definitiva. Según las fuentes que consultó Liberties que asistieron a la audiencia en Luxemburgo, habida cuenta de las preguntas formuladas, los jueces parecen dar importancia a los argumentos a favor de la UE.

El Defensor del Pueblo polaco señala que la lucha por la independencia judicial dista mucho de haber concluido

Adam Bodnar, Defensor del Pueblo polaco para los derechos humanos advirtió el miércoles en una conferencia de prensa en el Parlamento Europeo que la lucha por la independencia del poder judicial polaco dista mucho de haber concluido. "No se puede ser miembro leal de la UE sin contar con un poder judicial independiente. La cooperación mutua entre los sistemas de justicia, los tribunales y las fiscalías depende en gran medida de las normas del Estado de derecho y de la eficacia y un funcionamiento fluido e independiente del poder judicial".

Bodnar señaló también que la decisión del TJUE del año pasado de suspender la ley de jubilación de los jueces del Tribunal Constitucional polaco fue "muy celebrada en Polonia y no habría sido posible sin el apoyo de la sociedad civil polaca, por lo que gozó de un gran apoyo de los ciudadanos y de actores no políticos". Asimismo acogió con satisfacción el informe conjunto de European Estability Initiative (ESI) y la Batory Foundation que se presentó este miércoles en Bruselas y que se centra principalmente en las medidas disciplinarias contra los jueces polacos.

Uno de los autores del informe de ESI, Piotr Buras, advirtió que a día de hoy, un juez polaco al que se le asigne un caso políticamente comprometido o que involucre intereses de figuras prominentes del partido o del gobierno no goza de ninguna protección ante intervenciones o presiones externas.

Según el informe, en virtud de las normas actuales, el ministro de Justicia puede amenazar, presionar o penalizar a los jueces, pues "las nuevas medidas disciplinarias facilitan totalmente" que el gobierno ejerza influencia sobre el poder judicial.

Por ello, el informe insta a la Comisión Europea a que inicie inmediatamente otro procedimiento de infracción con el fin de restablecer la independencia de los tribunales. La infracción debería centrarse en el nuevo régimen disciplinario de los jueces para restablecer su independencia en el trabajo.

Buras sostiene que, aunque no es el mejor momento, en medio de la campaña electoral del PE, la suspensión de los despidos de jueces del Tribunal Constitucional demuestra que, a pesar de la cuestionada eficacia de los instrumentos jurídicos disponibles actualmente para proteger el Estado de derecho en la UE, la Unión y sus ciudadanos cuentan con algo más que esperanza a lo que agarrarse, para preservar sus derechos fundamentales.