n la independencia del poder judicial en Polonia hecha jirones y los medios de comunicación públicos bajo su control, el gobierno ha pasado a su siguiente objetivo: la sociedad civil, un ataque profundamente alarmante hacia el Estado de derecho. Necesitamos tribunales independientes para garantizar que el gobierno respete la ley, medios independientes para asegurarnos de que el gobierno no le leva el cerebro a la población, y ONG para que la sociedad pueda abordar a los políticos y pedirles cuentas.

Por medio de una ley que entró en vigencia el 16 de octubre, el gobierno PiS (Ley y Justicia) controla ahora el proceso de distribución de los fondos públicos que se destinan a organizaciones no gubernamentales. Un nuevo organismo, el Instituto Nacional de Libertad - Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, decidirá a partir de ahora qué ONG recibirán fondos públicos. A pesar de que una junta directiva supervisa el Instituto, los representantes de las ONG constituirán solo una minoría de esta junta, y el resto será designado por el gobierno. Por lo tanto, no podrán bloquear las decisiones de la mayoría designada por el PiS.

Además, la oficina del primer ministro nombrará al director del instituto, que tendrá un gran poder de decisión. Debido a que las normas para los concursos para obtener fondos públicos no se explican de forma explícita en la legislación, el director cuenta con una discreción importante a la hora de tomar decisiones. La ley también le permite delegar funciones públicas a ONG particulares. Es decir, que tiene un control casi total sobre la distribución de los fondos públicos.

La politización de la financiación de la sociedad civil

El sistema de distribución de fondos previo era descentralizado: las organizaciones independientes decidían cómo se asignaba el dinero público proveniente de la UE y de los Fondos EEE/Norway Grants. (Estos últimos son los fondos que otorga Islandia, Liechtenstein y Noruega para fortalecer los valores fundamentales europeos, como la democracia, la tolerancia y el Estado de derecho, a cambio de acceder al mercado único de la UE). Era un proceso transparente y no estaba politizado. Con el Instituto Nacional de la Libertad, los fondos se asignarán "de forma independiente o mediante una convocatoria abierta". La razón por la que existen dos métodos y lo que realmente significa 'independiente' no queda claro sin embargo. Pero en caso de que exista alguna duda acerca de las intenciones del gobierno, el senador del PiS, Andrzej Bobko, declaró que así como el gobierno no puede utilizar fondos públicos para apoyar a 'una organización cuya misión es promover la teoría de que la Tierra es plana', tampoco puede apoyar 'una organización que promueva teorías nocivas acerca de la sexualidad '. Sin lugar a dudas, está haciendo referencia a las organizaciones LGBTI.

El hecho de que el gobierno haya asumido la distribución de los fondos para las ONG puede ser especialmente perjudicial en Polonia, donde el número de organizaciones de la sociedad civil es muy grande -hay cerca de 100.000 ONG registradas en el país- y de gran importancia: las ONG gestionan aproximadamente el 8% del sistema educativo y casi todos los hogares de acogida y asociaciones deportivas. Y, por supuesto, está el trabajo crítico que realizan para proteger los derechos de las mujeres, las minorías y otros grupos marginados, y hacer seguimiento del gobierno para que rinda cuentas.

Para llevar a cabo este trabajo, las ONG polacas reciben aproximadamente mil millones de euros de fondos públicos cada año, ya sea del gobierno o de las administraciones locales. El ministro de Cultura, Piotr Glinski, afirmó que el nuevo instituto era necesario para abordar "las necesidades de las ONG, especialmente de las más pequeñas, que no han recibido el apoyo adecuado hasta la fecha". Esto suena muy noble, pero el hecho es que la gran mayoría de las ONG locales más pequeñas en Polonia están directamente vinculadas a la Iglesia Católica, mientras que las organizaciones más grandes y de mayor prestigio, como el miembro de Liberties, la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, se ocupan de cuestiones que el PiS no apoya, como la migración y los derechos LGBTI. Que el gobierno tenga el control del acceso de estas organizaciones a los fondos públicos les permitiría canalizar dinero hacia las organizaciones que trabajan los temas que les importan y descuidar los demás.

Campaña de difamación

La campaña del gobierno polaco contra las ONG está siendo apoyada por los medios de comunicación afines al gobierno. El principal canal de noticias público del país, TVP 1 (que se ha vuelto muy partidista desde que PiS asumió el poder) emitió en octubre de 2016 al menos siete programas relacionadas con las ONG. Los programas retrataban a las organizaciones de la sociedad civil como criminales, alegando que hasta 10 importantes ONG polacas reciben sus fondos del fraude y la corrupción. Ninguna de las acusaciones formuladas en los programas estaba respaldada por pruebas, en su lugar, presentaban gráficos llamativos que retrataban a las ONG como organizaciones mafiosas que se enriquecen con el dinero de los contribuyentes y están órdenes de George Soros.

El gobierno también ha involucrado a las fuerzas policiales del país en su campaña contra la sociedad civil. El mes pasado, la policía hizo una redada en las oficinas de dos organizaciones que defienden los derechos las mujeres y habían participado en las protestas masivas contra el aborto restrictivo en el país, y les confiscaron ordenadores y documentos fundamentales para su trabajo. El Centro de Derechos de la Mujer, una de los dos organizaciones consideró el hecho como "pretexto o señal de advertencia para que no participen en actividades que no estén en línea con el partido gobernante".

La utilización de los medios para calumniar a las ONG puede ser muy peligrosa pues anima a las personas a que se opongan también a las mismas, a menudo con consecuencias violentas. De hecho, los ataques físicos contra las ONG han coincidido con la campaña de difamación del gobierno. Hacia el inicio de 2016, las oficinas de dos organizaciones de derechos LGBTI fueron atacadas, pero la investigación se archivó en seguirda pues las autoridades afirmaron que iba a ser imposible identificar a los atacantes. En junio de este año, varios desconocidos saquearon la oficina de Poznań del Stonewall Group, una organización de derechos LGBTI.

Igual que en Hungría

El intento de Polonia de controlar los fondos para las ONG independientes tiene un claro precedente. En 2014, el gobierno húngaro inició una campaña de desprestigio contra las ONG y el gobierno noruego, acusando a este último de utilizar los Fondos EEE/Norway Grants para influir en la política húngara. En septiembre, la policía hizo una redada en las oficinas de Ökotárs y DemNet, dos ONG que se encargan de asignar los Fondos de Noruega. Las casas privadas de sus empleados también fueron allanadas, todas bajo la excusa de una investigación sobre "malversación de fondos".

El gobierno no proporcionó nunca pruebas creíbles para respaldar los cargo y la investigación se quedó como paralizada durante el período previo al referéndum nacional sobre las cuotas de acogida de migrantes. El gobierno, furioso con los resultados de la votación, que se tuvieron que invalidar debido a la escasa participación den las urnas, rentomó de nuevo sus ataques hacia las ONG, creó un nuevo organismo para distribuir fondos y aprobó una ley en junio de este año que obliga a las ONG que reciban fondos extranjeros registrarse como 'agentes extranjeros'.¿Qué viene luego?

¿Y luego qué?

Todavía es demasiado pronto para saber cuál será el alcance real de este nuevo proceso y cuánto obstaculizará el trabajo de las ONG, en especial de las que se dedican a la migración, los derechos de las mujeres y de las minorías y cuestiones LGBTI. A mediados de octubre, representantes de Noruega y Polonia anunciaron un acuerdo que permitirá que el EEE asigne fondos para que siga entrando el dinero al país. Sin embargo, no queda claro qué organismo se encargará de de distribuir este dinero. No parece muy probable que la Batory Foundation siga ejerciendo ese papel.

A pesar de esta incertidumbre, lo que está claro es que el gobierno polaco ha creado un contexto incierto para las ONG. Las organizaciones relacionadas con la iglesia y aquellos que realizan trabajos que el gobierno aprueba se verán favorecidas, mientras que las de derechos de las mujeres y LGBTI verán cómo se recortan sus fondos y un tendrán que soportar un mayor escrutinio de su trabajo. El PiS ahora ha adquirido el control casi total sobre el poder judicial, los medios de comunicación públicos y la sociedad civil, tres baluartes críticos contra el autoritarismo, una situación que no debería tolerarse en la Unión Europea, por lo que resulta fundamental que la UE se plante contra este retroceso democrático o de otro modo arriesgue su normalización.

Pero los polacos no deberían esperar a Bruselas para actuar en contra de la nueva legislación. Las manifestaciones públicaa ya han logrado influir la agenda del PiS este año, cuando por ejemplo las protestas masivas en ciudades de todo el país hicieron que el presidente Andrzej Duda vetara dos reformas polémicas del poder judicial. Ahora es el momento de que la presión pública sostenida salve a la sociedad civil independiente en Polonia. También es el momento de que las personas apoyen a las ONG a través del voluntariado y de las donaciones privadas; todo ayuda, por poco que sea, a que las ONG resistan la presión que le sejercen a través de la economía. Por último, la UE puede hacer algo en este momento, sin tener que chocar directamente con Varsovia: puede establecer un Fondo Europeo para la Democracia para apoyar a las ONG que trabajan dentro de la Unión Europea..