El año pasado, el gobierno francés aprobó varias reformas referentes al derecho de asilo y la inmigración. Con estas leyes, más estrictas, Francia quiere acelerar las solicitudes de asilo y facilitar la expulsión de las personas cuyas peticiones han sido rechazadas. Las nuevas normas, que entraron en vigor el 1 de enero de 2019, suponen:

• Una restricción del acceso al territorio: se podrá negar la entrada a cualquier persona que haya sido detenida a menos de diez kilómetros de un paso fronterizo.
• Procedimientos acelerados de asilo: el plazo máximo para presentar la solicitud se ha reducido de 120 a 90 días.
• Condiciones de detención: el plazo máximo de detención de los solicitantes de asilo se duplica, pasando de 45 a 90 días.

Para alegría de los antiimigración, el presidente Emmanuel Macron dio a entender en una carta abierta a los ciudadanos franceses que se introducirían cuotas para frenar la inmigración irregular (aunque, en realidad, este tipo de medidas no sirven para contener las entradas irregulares). Además de políticas migratorias más estrictas, migrantes y activistas de derechos humanos se enfrentan a un entorno cada vez más hostil.

La paz, difícil de encontrar

Francia ha sido muy criticada por la sociedad civil debido a las deficientes condiciones de acogida y detención de los solicitantes de asilo. Las tensiones y los actos violentos se multiplican en los centros de detención, a menudo saturados. Se deterioran las condiciones de salud mental de los detenidos, la frustración crece y algunos solicitantes incluso se han declarado en huelga de hambre. Según el informe anual elaborado por diversas ONG que supervisan los centros de detención, Francia retiene a cerca de 50.000 personas cada año, incluidos niños, aunque no hayan cometido ningún delito.

Un colectivo formada por varias ONG remitió una carta al presidente Macron en la que se destacaba el fracaso del Estado en la protección y refugio de los migrantes. Muchos solicitantes de asilo, entre ellos también menores, siguen viviendo en la calle, debido a la falta de plazas en los centros. Algunos centros recurren a sorteos, porque ciertos días las solicitudes de alojamiento multiplican por ocho la capacidad existente. Los menos afortunados se ven obligados a dormir en la calle, entre basura y ratas, a merced de los elementos y del constante acoso policial.

No pasarás

Los controles fronterizos se han vuelto más estrictos desde que Macron se convirtió en jefe de estado. En su informe anual sobre Francia, el Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados (ECRE por sus siglas en inglés) informa de que la policía francesa ha llevado a cabo "maniobras ilegales y sistemáticas" que empujan a los inmigrantes a tomar otras rutas "más arriesgadas, a través de los Alpes". Desprovistos a menudo de alimentos y ropa de abrigo, sufren el frío y el acoso de las fuerzas de seguridad, y se les conduce inmediatamente a la frontera si son detenidos.

La policía francesa también ha reforzado sus operativos a lo largo de la frontera española. En los pasos fronterizos del País Vasco se controlan todos los autobuses y trenes. La ONG SOS Racismo se lamenta de que incluso las personas que ya se encuentran en territorio francés son devueltas de manera habitual a España, sin tener en cuenta su derecho de asilo.

Quienes desde el norte de Francia esperan pasar al Reino Unido también han sufrido la hostilidad y brutalidad de la policía francesa. Más de dos años después de la demolición del campamento "Jungla", en Calais, las detenciones arbitrarias y las tácticas de intimidación y de privación de sueño son aún el pan de cada día. Según el periódico británico The Guardian, la policía llevó a cabo 393 desalojos en campamentos, dejando a cientos de menores no acompañados en situación vulnerable.

El delito de solidaridad

Sin embargo, no solo los migrantes se enfrentan a una hostilidad cada vez mayor. Los activistas que se solidarizan con ellos también pueden terminar entre rejas. Un artículo de la ley de inmigración amenaza a cualquiera que "intente facilitar la entrada, movimiento o residencia ilegal de un extranjero" con hasta cinco años de prisión. En octubre, Liberties informó sobre el juicio a siete personas acusadas de ayudar a migrantes a cruzar la frontera franco-italiana. En diciembre, un tribunal declaró a estos activistas culpables de "prestar ayuda a extranjeros indocumentados" y los condenó a entre seis y doce meses de cárcel.

Cédric Herrou, campesino y activista del valle de la Roya (o Valle Rebelde, como se le ha empezado a conocer), en el sureste francés, se convirtió en símbolo de la resistencia tras su detención en julio de 2017 por ayudar a más de 200 inmigrantes a cruzar la frontera franco-italiana y darles albergue en su granja. Herrou pidió la abolición del délit de solidarité y consiguió una gran victoria el pasado verano, pues el Consejo Constitucional francés tuvo en cuenta por primera vez el "principio de fraternidad", argumentando que la "ayuda desinteresada" no puede ser objeto de delito. El fallo sirvió para dar un importante mensaje a la población: sí, se puede ayudar a las personas, aun cuando se encuentren en situación irregular.

Sin embargo, la victoria no sirvió para abolir el delito de solidaridad. Un par de semanas después, el joven activista Loan Torondel fue condenado por difamación por tuitear una foto de policías junto a migrantes recién desalojados de un campamento improvisado en Calais. En enero, Raphaël Faye, otro joven que ayudó a cuatro migrantes a cruzar la frontera franco-italiana, fue condenado a dos meses de prisión, sentencia por ahora suspendida. En última instancia, el delito de solidaridad parece triunfar sobre el principio de fraternidad. Haga clic aquí para obtener más información sobre la penalización de la asistencia humanitaria a los migrantes irregulares.

No todo son malas noticias

Francia, en cualquier caso, también ha aprobado una legislación más generosa con los recién llegados. Los solicitantes de asilo tienen ahora acceso al mercado laboral después de los seis meses de estancia, en lugar de los nueve anteriores. No obstante, en comparación, los solicitantes de asilo de Alemania pueden buscar trabajo después de tres meses.

Además, los beneficiarios de la protección subsidiaria tienen ahora derecho a obtener permisos de residencia con una validez de hasta cuatro años, a diferencia de los anteriores permisos de residencia, de un año. Por otro lado, los menores no acompañados que se benefician de la protección internacional pueden ahora ir acompañados por sus padres.

El estado también planea invertir en espacios de acogida para los recién llegados. Según el ECRE, el Ministerio del Interior quiere aumentar el número de plazas de alojamiento para los solicitantes de asilo de 86.592 a 98.476 para finales de 2019.