Estimado vicepresidente primero Timmermans:

Como usted sabe, el 13 de junio de 2017 el parlamento húngaro aprobó la Ley sobre la transparencia de las organizaciones apoyadas desde el extranjero. Esta ley forma parte de una serie de medidas que comenzaron en 2013 con el fin de desacreditar y silenciar a las organizaciones de la sociedad civil que tratan de obligar al gobierno a que cumpla con sus obligaciones en materia de lucha contra la corrupción, protección ambiental, derechos fundamentales, democracia y Estado de derecho.[1] Otras medidas incluyen acusaciones infundadas de miembros del gobierno húngaro; información engañosa en los medios de comunicación afines al gobierno; el contenido de la consulta llamada "Paremos a Bruselas", así como investigaciones injustificadas. Para hacerse una idea del tono de las calumnias del gobierno, basta que escuche el reciente discurso del primer ministro Orbán en el que acusa a las ONG de conformar una "mafia colectiva" junto con los traficantes de personas.[2]

La preocupación por el Proyecto de ley T/14967 fue expresada por varias figuras e instituciones cuya función es proteger la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales, incluso por usted. Hubo varios llamamientos al gobierno húngaro para que modificara o enmendara sustancialmente el proyecto de ley [4].

Somos de la opinión de que la ley adoptada sigue siendo básicamente la misma que la ley original, el gobierno solo ha realizado cambios superficiales. En su forma definitiva, la ley contradice varias disposiciones de la legislación de la UE, entre ellas la Directiva 2015/849 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y la Directiva 88/361 sobre la libre circulación de capitales, así como varias normas de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Asimismo, la ley tampoco incorpora las recomendaciones del dictamen preliminar de la Comisión de Venecia, publicado antes de la aprobación de la misma [5]. Tras la adopción de la ley, la Comisión de Venecia afirmaba que «causaría una injerencia desproporcionada e innecesaria sobre las libertades de asociación y expresión, el derecho a la privacidad y la prohibición de la discriminación» [6].

Hungarian Civil Liberties Union, Hungarian Helsinki Committee y Liberties reiteramos que esta ley es innecesaria y debe ser derogada. La legislación vigente ya garantiza la transparencia económica de las organizaciones de la sociedad civil.

Las organizaciones de la sociedad civil constituyen una parte fundamental de la infraestructura nacional necesaria para proteger y promover el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la democracia, tal y como han afirmado repetidamente las instituciones de la UE [7]. La implementación de los valores fundamentales de la UE depende de la existencia de organizaciones de la sociedad civil dotadas de recursos suficientes para poder llevar a cabo sus actividades sin interferencias indebidas. Precisamente porque reconoce este hecho, la UE proporciona apoyo técnico, económico y político a la sociedad civil para que se desarrolle en otros países, incluso durante el proceso de adhesión a la UE.

Le pedimos que emita una declaración de apoyo a las organizaciones independientes de la sociedad civil que trabajan en Hungría para promover los valores fundamentales de la UE. También le pedimos que establezca un punto de convergencia en la Comisión Europea que le informe directamente, y donde puedan acudir las organizaciones de la sociedad civil para denunciar acoso y restricciones indebidas a su trabajo.

Hacemos un llamamiento también a la Comisión Europea para que proceda lo más rápidamente posible a iniciar procedimientos de infracción contra el gobierno de Hungría con respecto a la ley. Sin embargo, la Comisión debe reconocer que los procedimientos de infracción por sí solos no sirven para contener una estrategia concertada y holística diseñada para desmantelar la infraestructura que sostiene las normas democráticas, la protección de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Incluso cuando los procedimientos de infracción llevan a una sentencia favorable del Tribunal de Justicia, esta se puede implementar de manera que no tenga repercusión práctica, como bien ilustra el caso Comisión v Hungría.

Por ello, pedimos a la Comisión Europea que active su marco sobre el Estado de Derecho en relación con Hungría. Tras siete años de medidas destinadas a debilitar el equilibrio de poderes y concentrar cada vez más la autoridad en el poder ejecutivo, la infraestructura que debía mantener el Estado de derecho en Hungría no tiene la capacidad de proteger los derechos fundamentales ni mantener las normas democráticas. Al activar el marco del Estado de derecho, la Comisión podrá elaborar recomendaciones más holísticas al gobierno de Hungría basadas en un diálogo formal centrado en la forma de volver a plegarse a los valores fundamentales de la UE. Esto puede servir como un punto de partida importante para un debate más amplio sobre la situación entre los Estados miembros en el Consejo.

También pedimos a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo que tomen medidas para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que promueven la aplicación de la legislación de la UE y los valores fundamentales de la UE. Si bien el ejemplo de Hungría puede parecer el más extremo, también en otros Estados miembros se está limitando la actividad, recortando los fondos y atacando la reputación de las organizaciones civiles. Por ello, la Unión debe adoptar medidas para apoyarlas y deben incluir la creación de un fondo para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil dentro de la UE que promuevan sus valores fundamentales. Dicho fondo debería proporcionar subvenciones para el funcionamiento de las organizaciones, apoyo a los litigios, vigilancia y seguimiento de los organismos públicos y actividades que fomenten la creación de capacidades.

Atentamente,

Balazs Denes, Director ejecutivo de Civil Liberties Union for Europe

Stefánia Kapronczay, Directora ejecutiva de Hungarian Civil Liberties Union

Márta Pardavi, Copresidenta de Hungarian Helsinki Committee.

Contactos para medios:

Hungarian Civil Liberties Union: kertesz.anna@tasz.hu

Hungarian Helsinki Committee: press@helsinki.hu

[1] Hungarian Helsinki Committee et al., ‘Timeline of governmental attacks against Hungarian civil society organisations’, 7 April 2017.

[2] Discurso del primer ministro Viktor Orbán en la clausura de la Consulta Nacional el 27 Jde junio de 2017, Budapest, disponible en el sitio web del gobierno húngaro, http://www.kormany.hu/.

[3] Palabras de apertura del vicepresidente primero Frans Timmermans en el debate del Parlamento Europeo sobre Hungría el 26 de abril de 2017.

[4] Resolución del Parlamento Europeo del 17 de mayo de 2017 sobre la situación de Hungría; Resolución 2162 (2017) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 27 de abril 2017; Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ‘FRA expresa su preocupación respecto a las amenazas hacia la sociedad civil y a la libertad educativa en la UE’, 10 de abril de 2017; Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, ‘Comentario de Derechos Humanos: El espacio menguante de las organizaciones de derechos humanos’, 4 de abril de 2017.

[5] Comisión de Venecia, ‘Hungría – Dictamen preliminar sobre el proyecto de ley sobre la transparencia de las organizaciones que reciben apoyo del extranjero’, CDL-PI(2017)002-e, 2 de junio de 2017.

[6] Comisión de Venecia, ‘Hungría – Dictamen sobre el Proyecto de ley sobre la transparencia de las organizaciones que reciben apoyo del extranjero’, CDL-AD(2017)015-e, 20 June 2017, para. 64.

[7] Conclusiones del Consejo sobre el compromiso de la UE con la sociedad civil en las relaciones exteriores, 10279/17, 19 de junio de 2017; Conclusiones del Consejo sobre las raíces de la democracia y el desarrollo sostenible: el compromiso de Europa con la sociedad civil en las relaciones exteriores, 14535/12, 15 de octubre de 2012; Comunicación de la Comisión ’Las raíces de la democracia y el desarrollo sostenible: el compromiso de Europa con la sociedad civil en las relaciones exteriores’, COM(2012) 492, 12 de septiembre de 2012.

[8]Caso C-286/12 Comisión v Hungría, EU:C:2012:687, 6 de noviembre de 2012. Menos de una quinta parte de los jueces obligados a jubilarse fueron reincorporados, y en los casos en los que sí ocurrió no regresaron en muchos casos a sus puestos de dirección anteriores. Véase: Halmai, G., The early retirement age of the Hungarian Judges’, en Fernanda, N. & Davis, B., (eds). ‘EU Law stories: Contextual and critical histories of European jurisprudence’, 2017, capítulo 24.