Los gobiernos que crearon y se unieron a la Unión Europea acordaron que para ser miembro de la UE, cada país debía mantener y proteger una serie de valores. Estos incluyen el Estado de derecho, la democracia y los estándares de derechos humanos. Cualquier país que quiera unirse, debe protegerlos.

Una de las responsabilidades de la Comisión Europea es garantizar que los gobiernos acaten los valores de la Unión. A la Comisión le preocupa que las reformas que está llevando a cabo el nuevo gobierno polaco de su Tribunal Constitucional y de los medios de comunicación públicos estén perjudicando el Estado de derecho.

¿Qué es el Estado de derecho?

El Estado de derecho se refiere a una serie de principios que están diseñados para prevenir que un gobierno abuse de sus poderes. Entre otras cosas, el Estado de derecho requiere que los gobiernos actúen dentro de los límites de la ley, en particular de la constitución nacional, pero también que respete los estándares internacionales de derechos humanos. La mayor parte de los países de la UE tienen un tribunal constitucional, cuya tarea es comprobar que los gobiernos no creen leyes que violen la constitución.

Para que un tribunal constitucional proteja la constitución, los jueces de ese tribunal deben ser independientes e imparciales. Es decir, deben ser neutrales, sin influencia política.

Cuando un gobierno viola la constitución, la situación no se puede resolver hasta que el tribunal constitucional tome una decisión. Así que para garantizar que la constitución esté verdaderamente protegida, el tribunal constitucional debe poder tomar decisiones con relativa rapidez. Si el tribunal es lento, pueden pasar varios años hasta que se corrijan las violaciones de la constitución. Hasta entonces, el gobierno puede actuar de forma ilegal.

El Estado de derecho también requiere que los gobiernos creen una legislación a través de un proceso democrático, de acuerdo con la voluntad del pueblo. Una democracia que funcione correctamente depende de que los ciudadanos tengan acceso a información fiable y precisa de unos medios de comunicación independientes, que no estén sujetos a la influencia de los políticos.

¿Cómo se aplica esto en Polonia?

La Comisión esta preocupada por la situación en Polonia por dos razones.

La primera, las reformas en el Tribunal Constitucional. El nuevo gobierno ha designado más jueces para el Tribunal Constitucional de lo que le corresponde (cinco en lugar de dos). Además, se niega a aplicar una decisión reciente del Tribunal Constitucional que deja claro que el actual gobierno debe aceptar tres de los jueces designados por el gobierno anterior y solo puede nombrar a dos de los jueces que ha elegido.

Si el gobierno puede ignorar al tribunal, este ya no puede realizar su trabajo ni garantizar que el gobierno mantenga los límites marcados por la Constitución. Esto significa que el Tribunal Constitucional ya no podrá evitar que el gobierno cree leyes que violan los derechos humanos protegidos por la Constitución.

El nuevo gobierno ha cambiado las reglas sobre el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Estos cambios han ralentizado significativamente la capacidad del tribunal de resolver casos, por lo que, cuando el gobierno hace algo ilegal, el Tribunal Constitucional ahora puede tardar varios años en resolverlo.

La segunda cuestión que preocupa a la Comisión es que las reformas de los medios de comunicación públicos pueden afectar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información. Estas reformas otorgan al gobierno el control de los nombramientos de los directores de los medios públicos y de los miembros de los consejos de dirección.

¿Qué está ocurriendo ahora?

La Comisión ha activado su marco del Estado de derecho en relación a Polonia. Este marco no implica sanciones. Es decir, no le da a la Comisión el poder de multar al gobierno, retirar las suvenciones de la UE o quitarle su derecho al voto en la UE. El marco está diseñado para facilitar que la Comisión y el gobierno dialoguen y negocien una solución.

La Comisión puede activar el marco cuando estime que se está produciendo una amenaza "sistémica" al Estado de derecho en un país de la UE. Por amenaza "sistémica", se refiiere a una situación en la que los tribunales nacionales, como el Tribunal Constitucional polaco, ya no tengan la capacidad de garantizar que el gobierno actúa dentro de la ley.

Si un gobierno se niega a aplicar una decisión del tribunal, interfiere con la independencia de los jueces o ralentiza la capacidad de resolución de un tribunal, está dificultando que los tribunales puedan realizar su trabajo adecuadamente y que puedan garantizar que el gobierno está actuando de forma legítima.

El marco consta de tres fases. La primera ya ha iniciado. La Comisión ha explicado al gobierno por qué le preocupa el Tribunal Constitucional y espera que este explique lo que ha hecho, por qué lo ha hecho y qué impacto tendrá en el Estado de derecho. Aunque la Comisión cuenta con sus propios expertos que están analizando la situación, también contará con información y conocimientos de otras fuentes.

En concreto, la Comisión se basará en la experiencia de la "Comisión de Venencia", que es parte del Consejo de Europa. La Comisión de Venecia es un órgano independiente de expertos que analizan leyes y políticas para garantizar que estas no perjudiquen el Estado de derecho.

Sobre la base de las conversaciones con el gobierno polaco y el análisis de la de la situación de la Comisión, esta podrá decidir si cierra la investigación o si pasa a la segunda fase del marco. Es probable que la Comisión tome esta decisión este marzo.

¿Qué ocurrirá después?

Puede ocurrir cualquiera de estas tres cosas:

• Es posible que cuando finalicen los diálogos entre el gobierno polaco y la Comisión, esta decida que las reformas del Tribunal Constitucional y los medios de comunicación públicos no perjudican el Estado de derecho. La Comisión puede vigilar la situación pero no pedirá a Polonia que realice ningún cambio y el proceso finalizará oficialmente.
• Otro escenario posible es que, en el curso del diálogo, el gobierno polaco acepte informalmente volver a la situación anterior y dejar las cosas como estaban, o hacer algunos cambios menores que la Comisión le exija. Esto probablemente también pondría fin al proceso.
• La tercera posibilidad es que a la Comisión no le parezca aceptable la explicación del gobierno sobre las reformas del Tribunal Constitucional y de los medios de comunicación y estime que el Estado de derecho se está viendo perjudicado. Si esto ocurre, es probable que la Comisión pase a la siguiente fase del marco, que implica dar una serie de recomendaciones al gobierno sobre lo que tiene que hacer para garantizar de nuevo el Estado de derecho. Se le dará un plazo y se ofrecerá ayuda para llevar a cabo estas sugerencias.

En la última fase del marco, la Comisión observará si el gobierno polaco ha aplicado las recomendaciones adecuadamente. Si no lo hace, entonces puede ser que decida iniciar otro procedimiento que sí implique sanciones.

Este procedimiento, que nunca ha sido utilizado, se describe en el Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.