Los países de la UE acostumbran a criticar a países que no pertenecen a la Unión cuando violan valores de derechos humanos y democracia. Y no dudan tampoco en criticarse entre ellos en entornos como la ONU o el Consejo de Europa, sin embargo siempre han mantenido silencio sobre sus mutuos historiales en materia de derechos cuando se reúnen en Bruselas. Pero el tabú se ha roto, como dijo Bert Koenders, ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos.

Punto muerto

La Comisión Europea lleva más de un año en conversaciones con el gobierno polaco, sin embargo no ha logrado que Varsovia rectifique una serie de reformas negativas recientes. A finales del año pasado, emitió unas recomendaciones para el gobierno polaco, que representan el paso final de su "marco de Estado de derecho" - un proceso de diálogo estructurado en tres etapas. El Gobierno polaco rechazó estas recomendaciones, dejando a la Comisión en un punto muerto. El marco del Estado de derecho fue concebido como un preludio del mecanismo de sanción establecido en el artículo 7 del Tratado de la UE. Pero la Comisión se mostró reticente a activar el artículo 7 debido a la falta de apoyo entre los gobiernos, cuyo respaldo sería necesario en el Consejo de la UE.

En un intento por mantener la presión sobre el gobierno polaco, la Comisión logró incluir el asunto en el orden del día del Consejo de ayer en el apartado de "otras cuestiones". Después de que la Comisión informara a los gobiernos de la UE de sus conclusiones, la gran mayoría de los ministros recalcaron que todos los gobiernos de la UE deben respetar el Estado de derecho. Aunque el resultado formal de la reunión todavía no se ha publicado, parece que la mayoría de los ministros declararon que apoyaban la investigación de la Comisión e instaron al gobierno polaco a reiniciar las conversaciones y a seguir las recomendaciones de la Comisión con lealtad. Por desgracia, parece que los gobiernos tienen más facilidad para expresar su apoyo a los valores de la UE en abstracto que a debatir por qué ciertas reformas concretas son problemáticas y qué debería hacer el gobierno para corregirlas.

Siguientes pasos

Cuando se le preguntó a Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, qué posibilidad había de que Polonia estuviera dispuesta a reiniciar las negociaciones, este contestó que albergaba la esperanza de que la presión de sus pares generaría un cambio de actitud en Varsovia. No quiso especular sobre las medidas que tomaría si el gobierno polaco se negara a cooperar, pero sugirió que todas las opciones permanecen abiertas. Algunos ministros apuntaron que el Consejo vigilará la evolución de la situación y dijeron que Polonia volverá a estar en el orden del día en los próximos meses para comprobar si coopera con la Comisión.

Si esto se confirma, ayudaría a mantener la presión sobre el gobierno polaco. Aunque este sabe que es poco probable que se le aplique el artículo 7, los ministros en Bruselas sí les importa su reputación. Ser calificado como vulnerador de derechos podría ahuyentar a posibles aliados en el Consejo en otras negociaciones y se ha hablado de introducir nuevas reformas en un futuro que impidan que los gobiernos que ignoren los valores de la UE puedan acceder a sus fondos.

Implicaciones a largo plazo

Al apoyar a la Comisión, la mayoría de los gobiernos de la UEse han puesto del lado de Timmermans. Después de que la Comisión creara su "marco de Estado de derecho" (el mecanismo que se ha empleado para investigar a Polonia), algunos gobiernos cuestionaron su legalidad. Para disgusto de muchos gobiernos nacionales, el servicio jurídico del Consejo redactó un dictamen jurídico bastante escamoso en el que alegaba que la Comisión había sobrepasado sus poderes, aunque esta posición apenas fue respaldada por los expertos jurídicos respetados de la UE. Si el Consejo pide formalmente a Polonia que colabore con la Comisión, esto equivaldría a una adhesión oficial al procedimiento, y zanjaría el asunto.

El viceprimer ministro belga, Dider Reynders, reiteró su petición de instaurar un mecanismo que revise regularmente a todos los países de la UE para comprobar su cumplimiento del Estado de derecho. Esto ayudaría a superar la renuencia de algunos gobiernos a analizar casos individuales de algunos países y ayudaría a que la UE detectara y tratara los problemas en una etapa anterior. Liberties ha abogado también a favor de esto en ocasiones anteriores, aquí puedes encontrar por ejemplo algunas ideas sobre cómo podría ser ese mecanismo.