El Tribunal Constitucional escuchó los pasados 8 y 9 de
marzo las quejas presentadas por el Defensor del pueblo polaco, el
presidente del Tribunal Supremo, el Consejo Nacional de la Magistratura
de Polonia y dos grupos parlamentarios en relación con la enmienda a la
Ley del Tribunal constitucional aprobada en diciembre de 2015.
La polémica reforma pretendía paralizar el trabajo del Tribunal Constitucional, pero ese mismo tribunal ha declarado inconstitucional la totalidad de la enmienda.
Aunque las sentencias del Tribunal Constitucional son definitivas y vinculantes, los representantes del gobierno ya han declarado que la decisión no será publicada en el Boletín Oficial.
"En Polonia, después de la sentencia del Tribunal Constitucional del 9 de marzo y de las declaraciones de los representantes del gobierno, la crisis constitucional se profundiza cada vez más", dice la presidenta de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR), Danuta Przywara.
Nombramiento de los jueces
La crisis constitucional que comenzó hace un par de meses en Polonia tiene dos aspectos. Uno de ellos está relacionado con el proceso de nombramiento de jueces para el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional está compuesto por 15 jueces nombrados durante nueve años. En junio de 2015, el anterior Parlamento aprobó una ley que permitía al Sejm (cámara baja del Parlamento) nombrar cinco jueces adicionales para el Tribunal Constitucional. En noviembre de 2015, expiraron los nombramientos de tres jueces y en diciembre de 2015 expiró el nombramiento de otros dos.
La enmienda a la Ley del Tribunal Constitucional se promulgó en agosto de 2015, y en octubre de 2015, durante una de las últimas sesiones del Parlamento, la anterior mayoría de gobierno nombró a cinco nuevos jueces en una sola sesión.
Después de las elecciones legislativas de octubre de 2015, el nuevo presidente Andrzej Duda afirmó que no iba a efectuar el juramento de los cinco jueces porque tenía serias dudas en cuanto al procedimiento de su nombramiento.
Una de las primeras medidas adoptadas por la nueva mayoría de gobierno fue nombrar cinco nuevos jueces. El Parlamento adoptó resoluciones que revocaban el nombramiento de los cinco jueces anteriores y, después de cambiar las normas de procedimiento del Sejm, nombró a cinco nuevos jueces en diciembre de 2015. El entonces Presidente les hizo jurar su cargo inmediatamente - esa misma noche.
A la luz de la presente sentencia, a comienzos de enero de 2016, el presidente del Tribunal Constitucional anunció que se habían asignado casos a dos de los jueces designados en diciembre de 2015 por la nueva mayoría de gobierno. Ahora mismo el Tribunal Constitucional está compuesto de 12 jueces activos.
Cambios polémicos
Otro aspecto de la crisis constitucional está relacionado con la enmienda a la Ley sobre el Tribunal Constitucional. A finales de diciembre de 2015, a un ritmo acelerado y sin ningún tipo de consulta pública, el Sejm aprobó la enmieda a la Ley sobre el Tribunal Constitucional.
La enmienda introdujo un buen número de disposiciones polémicas. Con la nueva ley, se supone que el Tribunal Constitucional debe adoptar decisiones en la mayoría de los casos en una sesión plenaria, compuesta por 13 jueces en lugar de los 9 establecidos para las sesiones plenarias anteriores.
La Fundación de Helsinki para los Derechos Humanos envió una carta amicus curiae relativa a las actuaciones. En el escrito, la HFHR dijo que si en el futuro se adopta para leyes similares un proceso legislativo tan apresurado, ello supondría "poner en peligro la estabilidad del sistema constitucional, lo que equivaldría a una violación de los principios del Estado de derecho".
La sentencia del Tribunal
El 9 de marzo, el Tribunal, en una mesa de 12 jueces, hizo pública la sentencia. El tribunal afirmó que la nueva ley no le permite desempeñar su trabajo y la juzgó inconstitucional en todos sus aspectos.
El tribunal senteció que la enmienda a la Ley y el modo en que fue tramitada y aprobada en el parlamento, suponen una violación de la Constitución.
El proceso legislativo fue precipitado hasta el punto de que resultó imposible evaluar el proyecto de ley aunque la opinión generalizada la considerara inconstitucional, dijo el tribunal.
Otro aspecto inconstitucional, según la sentencia, fue el hecho de que la Ley entrara en vigor en la fecha de su publicación.
El tribunal señaló asimismo que el requisito de una sesión plenaria con todos los jueces para ver la mayoría de los casos ralentiza el procedimiento, y que las reglas de asignación de casos a paneles particulares de jueces no estaban basadas en ningún criterio racional.
La disposición que establece que los casos han de ser vistos por orden cronológico, y que así ha de hacerse con limitaciones de tiempo, también fue criticada por el Tribunal:
"[Los legisladores deben] crear el mejor entorno posible
para decidir sobre los casos en lugar de interferir con el proceso de
enjuiciamiento fijando las fechas en las que el Tribunal puede
investigar un caso particular".
A la misma conclusión se llega en lo que respecta a la norma que dice que las vistas no se podrán celebrar antes de tres a seis meses después de que las partes hayan sido informadas.
Reacciones
Representantes del gobierno dicen que el fallo del Tribunal no es más que "un mensaje de los jueces" y que no es vinculante. La primera ministra Beata Szydło afirma que, de hecho, lo incompatible con la legislación polaca es la sentencia.
También dijo, antes incluso de que se celebrara la vista, que no iba a publicar la sentencia cuando esta se produjera. "El mensaje que presentarán mañana algunos de los jueces no será una sentencia conforme a la ley. En lo que me concierne, no puedo violar la Constitución publicando ese documento."
En su respuesta a la sentencia, el ministro de Asuntos Exteriores, Witold Waszczykowski, dijo: "El Presidente del Tribunal Constitucional parece comportarse cada vez más como un ayatolá de Irán."
El Defensor del pueblo, Adam Bodnar, dijo tras la vista del Tribunal: "Si la sentencia no se publica, entraríamos en el ámbito del caos jurídico, un mundo donde ciertas normas del Estado de derecho no estarían en vigor"
Dos sistemas legales
Para la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, la actual crisis constitucional en Polonia pone en peligro el Estado de derecho. La finalidad que persigue el no reconocimiento de la sentencia del Tribunal consiste en socavar la posición política del mismo, lo que, como afirma la HFHR, provocaría una grave ruptura en el sistema jurídico.
La presidenta de la HFHR, Danuta Przywara, dijo: "Me temo que en el peor de los casos, habría dos sistemas jurídicos. Uno que no reconoce las sentencias del Tribunal -el del gobierno y toda su administración- y otro que lo hace, parte del sistema judicial ".
Según la HFHR, la crisis actual viola gravemente los derechos humanos, y debe ser objeto de la atención internacional. "Sin embargo, la solución es sencilla, basta con aplicar las sentencias del Tribunal", dijo Przywara. "Pero parece que ello podría ocurrir más pronto que tarde".
