La UE negocia actualmente el plan general de gastos para los próximos siete años, conocido como marco financiero plurianual (MFP). En marzo de 2018, Liberties publicó un artículo con dos propuestas detalladas sobre cómo la UE podría emplear el nuevo MFP para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, el Estado de derecho y la democracia. (El documento original puede consultarse aquí.) El Parlamento Europeo acaba de votar dos propuestas legislativas que incorporan estas ideas de Liberties.

Un nuevo fondo para proteger las libertades en la UE

Liberties instaba a la UE a crear un fondo para financiar organizaciones activistas de los Estados miembros que trabajan para proteger y promover las libertades, el Estado de derecho y la democracia, al que se le llamó Instrumento de Valores Europeos. Poco después de hacer pública esta idea, el Parlamento Europeo adoptó una resolución que la respaldaba. Dicha resolución solicita a la Comisión Europea que incluya una propuesta legislativa relativa a un instrumento europeo sobre valores en su lista de nuevos programas de financiación incluida en el próximo MFP. (Más información aquí).

En respuesta a la petición del Parlamento, la Comisión publicó más adelante una propuesta de Fondo de Derechos y Valores. Pese a lo atractivo del nombre, la propuesta no es, por desgracia, más que el lavado de cara de un conjunto de programas de financiación ya existentes, los cuales no ofrecen demasiada ayuda a los grupos activistas que luchan por nuestros valores, por los derechos y por la democracia. (Si quieres saber por qué Liberties cree que la respuesta de la Comisión deja mucho que desear, pincha aquí.

Hoy, el Parlamento ha votado a favor de introducir importantes cambios en la propuesta de la Comisión. En pocas palabras, el Parlamento quiere integrar el Instrumento de Valores Europeos en el Fondo de Derechos y Valores propuesto por la Comisión. Para ello, ha solicitado 1000 millones de euros adicionales, con los que financiar a lo largo de los próximos siete años grupos diversos que defienden los derechos de la ciudadanía, incluidas las organizaciones de menor entidad que trabajan a nivel nacional, regional o local, para las que es complicado obtener financiación. El Instrumento de Valores Europeos permitiría a las distintas organizaciones hacer cosas como:

• acudir a la justicia y presionar a los políticos para evitar que los gobiernos les arrebaten libertades ciudadanas;
• mantener informada a la ciudadanía cuando se ven amenazadas sus libertades, y
• educar a los ciudadanos sobre los fundamentos de la democracia, los derechos fundamentales y la importancia de que la justicia sea independiente.

Para que se adopte la nueva ley, los gobiernos nacionales representados en el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo deberán llegar a un acuerdo durante los próximos meses. Sin embargo, los representantes de los gobiernos nacionales en el Consejo se han limitado a apoyar la propuesta original de la Comisión. Por lo tanto, para crear el nuevo fondo que el Parlamento quiere, será necesario convencer a los primeros ministros de cada país.

Cerrar el grifo de la UE a los gobiernos autoritarios

Una segunda idea esbozada por Liberties es la de que la UE recorte la financiación a los gobiernos que intentan tomar control político del poder judicial. A la Comisión Europea pareció gustarle la sugerencia e inspiró su propuesta legislativa en nuestro artículo.

Dicha propuesta permitiría a la UE recortar la financiación a los gobiernos que interfieren en la independencia de los jueces, fiscales y demás autoridades judiciales cuyo cometido sea garantizar que el presupuesto de la UE se gasta correctamente. La postura de la Comisión es que los países deben tener instituciones independientes que garanticen que el dinero de la UE se gasta de acuerdo con la ley, y eviten el fraude y la corrupción.

El Parlamento Europeo querría que la propuesta fuese un poco más amplia. Los legisladores europeos exigirán que la UE recorte fondos en aquellos casos en que el incumplimiento a gran escala de derechos fundamentales pudiera suponer un uso indebido del dinero europeo. Los eurodiputados también quieren un órgano europeo independiente que juzgue si el mecanismo debe o no ponerse en marcha. Estas sugerencias son positivas: en efecto, que un organismo independiente decida si interrumpe o no la financiación impediría que la Comisión basara sus decisiones en criterios políticos que pueden no ser objetivos. Por otro lado, sancionar a los gobiernos por violaciones de los derechos fundamentales haría más difícil que estos atacasen a la justicia y echasen por tierra la legislación que protege nuestras libertades. En el lado negativo, puede que resulte difícil demostrar que un incumplimiento masivo de los derechos tiene un impacto real sobre el que los gobiernos puedan o no malversar el dinero de la UE.

Existen aún dos problemas al respecto de la propuesta original de la Comisión. En primer lugar, ¿qué ocurre con los ciudadanos sin cuentas con la Justicia que supuestamente iban a recibir los fondos recortados por la UE? Según la Comisión, estos fondos se canalizan a través de las administraciones nacionales, a las que la UE reembolsa a posteriori. Por lo tanto, aunque la Comisión reduzca la financiación, los gobiernos siguen obligados legalmente a pagar. No es muy probable que esto vaya a suceder. Sería peligroso que los gobiernos dejasen de financiar proyectos que supuestamente debía pagar la UE y se sirvieran de ello para levantar animadversiones entre los votantes. Así pues, el recorte de fondos de la UE podría resultar contraproducente. En lugar sentirse presionados a respetar a la Justicia, los gobiernos autoritarios podrían esgrimir los recortes para obtener más apoyo de los votantes insatisfechos. El Parlamento Europeo tampoco propuso ninguna alternativa eficaz para mantener el flujo de fondos. Liberties propone que, en tal situación, la UE se haga cargo de la administración de los fondos y abonarlos directamente para financiar proyectos para los ciudadanos que debían originalmente beneficiarse de dicha financiación.

El segundo problema es que el Servicio Jurídico del Consejo, es decir, los asesores jurídicos del organismo, ha declarado que gran parte de la propuesta original no se ajusta a la ley. No es la primera vez que este Servicio Jurídico intenta echar por tierra medidas europeas que buscan proteger libertades fundamentales. Los gobiernos, en cualquier caso, no tienen por qué hacer suya la postura del Servicio Jurídico y expertos en Derecho de la UE han criticado negativamente el precario análisis realizado por este. Más información sobre este asunto aquí.

Ambas votaciones en el Parlamento Europeo son un importante paso hacia una protección más eficaz de nuestros derechos y libertades. Sin embargo, hasta que no finalicen las negociaciones entre Consejo y Parlamento, no sabremos a las claras si el instrumento final ayudará realmente a proteger nuestras libertades. Es más, si esas negociaciones no quedan zanjadas antes de las elecciones europeas del próximo mes de mayo y las fuerzas autoritarias obtienen un buen resultado en estas, es posible que las propuestas se diluyan o incluso que caigan en el abandono.