A pesar de las claras consecuencias nefastas, de la existencia de alternativas y de que las normas de la UE establecen que solo debería ser una medida de último recurso, el confinamiento de los solicitantes de asilo se extiende cada vez más en Europa. La incapacidad de hacer frente a un número de llegadas sin precedentes ha llevado a muchos Estados miembros europeos a privar de forma arbitraria a las personas de su libertad durante todo el proceso de asilo y a aprobar leyes de detención más estrictas.

Francia, por ejemplo, aumentó la duración máxima de la detención de 45 a 90 días a principios de año, y no prohibió la detención de los menores acompañados, a pesar de las peticiones de organizaciones internacionales de derechos humanos. En Croacia, una nueva ley restringe a abogados y ONG el acceso a los centros de detención.

Esto supone un costo humano extremadamente alto. Estar encerrado en un centro afecta duramente la dignidad de personas que llegan traumatizadas y pidiendo asilo y puede quebrarlas, tanto física como psicológicamente, especialmente cuando tienen que soportar métodos de confinamiento abusivos. En Hungría, por ejemplo, las autoridades han recurrido a tácticas de inanición, negando alimentos a los solicitantes de asilo durante varios días para forzarles a abandonar el país.

En teoría, la detención sirve como una herramienta para gestionar la migración irregular. Se utiliza para controles de identidad, salud y seguridad y para retener a los extranjeros sin documentos validos en el país mientras se evalúa su situación. Frecuentemente acaba siendo el preludio de una deportación. Además, los gobiernos están utilizando la detención como herramienta política, que pretende ofrecer una sensación de seguridad a la población local y disuadir futuros flujos migratorios, a pesar la evidencia de que no es un elemento disuasivo eficaz.

Alternativas a la detención

Existen varias alternativas a la detención (ATD) a disposición de las autoridades, algunas mejores que otras (pincha aquí para más información). En general, las alternativas pueden agruparse en dos categorías: las que están basadas en el cumplimiento de la ley y las que se basan en la implicación.

Las alternativas basadas en el cumplimento de la ley, como los requisitos de comparecer de forma regular para firmar, el monitoreo electrónico o la entrega de documentos, facilitan el seguimiento y el control, pero son similares a las sanciones. La obligación de firmar, por ejemplo, se utiliza con relativa frecuencia porque es facil de implementar y no requiere una infraestructura extensa. Sin embargo, puede interferir con la libertad de movimiento de las personas y aumentar su ansiedad y temor a la deportación, especialmente cuando tiene lugar en las comisarías.

Por otra parte, las alternativas basadas en la implicación involucran a las personas en el procedimiento de inmigración. Reciben más apoyo y atención y se les informa regularmente sobre la evolución de sus solicitudes, lo que contribuye a fomentar la confianza entre los solicitantes de asilo y las autoridades. Las personas que perciben que han pasado por un proceso de asilo justo tienen más probabilidades de cumplir las normas y aceptar una decisión negativa sobre su situación, lo que reduce el riesgo de fuga.

En 2008, Bélgica probó las denominadas casas de retorno para familias con orden de expulsión. A las familias se les permitía salir del recinto, ir a la escuela, participar en ceremonias religiosas o ir al supermercado. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados, con tasas de cumplimiento entre el 70-80% y un coste por persona del 50% menos, en 2014 puso fin al experimento. A día de hoy, los niños en Belgica están detenidos en centros cerrados. Se ha presentado una petición para poner fin a esta práctica.

La alternativa más eficaz basada en la implicación es la que se conoce como gestión de casos e implica a trabajadores sociales. Estos dedican tiempo a los solicitantes y se aseguran de que tienen acceso a apoyo jurídico e información. Permite que los trabajadores sociales construyan un puente entre los solicitantes de asilo, las autoridades y la comunidad y trabajan con un enfoque de "resolución de casos" para encontrar soluciones permanentes o al menos temporales adaptadas a las necesidades de los individuos. Las evaluaciones de tres proyectos piloto de la Coalición Internacional contra la Detención (IDC por sus siglas en inglés), un grupo de ONG europeas, en Bulgaria, Chipre y Polonia, revelaron que el 97% de los participantes seguían participando en su procedimiento de asilo.

Beneficios de los ATD

Las alternativas ofrecen una amplia gama de ventajas. En primer lugar, son más humanas. No solo respetan la dignidad de los migrantes y favorecen su bienestar, especialmente a los niños y otros grupos vulnerables, sino que también ayudan a las personas una vez resuelta su situación, ya sea para su integración en la sociedad de acogida o para su partida.

En segundo lugar, son más eficaces. Tienen tasas mucho más elevadas de cumplimiento, pues se trata a las personas con respeto y se les proporciona un nivel de vida adecuado, lo que aumenta su disposición a cooperar con las autoridades.

Por último, son muy rentables. Según IDC, las alternativas pueden ser hasta un 80% más baratas debido al menor coste de funcionamiento y a la mayor tasa de retornos voluntarios, que son más asequibles que las deportaciones. El Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, el think tank del Parlamento Europeo estima que el coste medio diario de la detención es de 135 euros por solicitante de asilo, frente a los 34 euros de los centros de acogida.

La detención arbitraria no tiene cabida en una sociedad democrática

El derecho a la libertad y el derecho a la protección contra la detención arbitraria son derechos humanos básicos. Se han incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y se aplican a todos los seres humanos, independientemente de su situación jurídica.

Incluso cuando el confinamiento es legal, debe utilizarse únicamente como último recurso. Cuando no existe otra opción, los centros de detención deben cumplir los estándares mínimas de la UE y respetar los derechos básicos, como el acceso a la asistencia medica jurídica. Asimismo es preciso un monitoreo regular para garantizar el cumplimiento.

En lugar de extender el uso de la detención, los gobiernos deberían probar proyectos piloto y aumentar la cooperación con la sociedad civil. Las organizaciones, que han ido llenando el vacío que dejan las autoridades en la atención a los detenidos, han acumulado experiencia y comprenden el contexto regional y la diversidad y complejidad de las personas afectadas.

Por encima de todo, los gobiernos deben prohibir la detención de personas vulnerables, entre ellas niños (como nota positiva, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para poner fin a esta práctica en mayo de 2018), personas mayores, personas con necesidades médicas, mujeres embarazadas y víctimas de trata, que deben recibir protección y en ningún caso ser encerradas.

Despite obvious benefits, the use of alternatives is very limited because they are perceived as too abstract. Promising options are available that avoid depriving innocent people of their liberty and would save a lot of taxpayers’ money. Let’s make more use of them.

A pesar de las evidentes ventajes, el uso de alternativas es muy limitado pues se perciben como demasiado abstractas. Existen buenas opciones que evitan privar a personas inocentes de su libertad y ahorrarían muchodinero a los contribuyentes, hagamos más uso de ellas.