El nuevo proyecto de ley, aprobado el 30 de julio, es la tercera modificación del borrador desde noviembre de 2015, desde que el partido Ley y Justicia asumió el poder.

Tras la aprobación del proyecto de ley por el Sejm (cámara baja del parlamento), miembros del Comité de Helsinki en Polonia y de la junta de la Fundación de Helsinki de Derechos Humanos (HFHR) han emitido una declaración que afirma que el nuevo proyecto de ley es “un retroceso para la separación de poderes y abre el camino hacia una dictadura de la mayoría gobernante que no está vinculada con la Constitución".

A finales de abril de 2016, varios diputados de Ley y Justicia presentaron un nuevo proyecto de ley sobre el Tribunal Constitucional al Sejm. En junio de 2016, el parlamento consideró tres proyectos de ley: el presentado por el gobierno, otro que presentaron otros diputados y uno que elaboraron organizaciones de la sociedad civil.

A pesar de eso, el Sejm finalmente solo trabajó sobre el proyecto de ley que presentó la mayoría gobernante.

Parálisis del tribunal

El nuevo proyecto de ley sobre el Tribunal Constitucional introduce varios reglamentos que pueden llevar a una parálisis del funcionamiento de los tribunales.

La disposición más polémica es un artículo que introduce el llamado mecanismo de bloqueo: en un debate con asistencia pleno, el voto de cuatro juees puede vetar la disposición, lo que implicaría un aplazamiento de tres meses. El veto se puede repetir una vez más.

También hay reglamentos que precisan que en los casos en los que el fallo se produzca con sala completa, si el fiscal general debidamente informado no está presente, el caso debe ser aplazado.

Jueces poco fiables dictarán sentencias

Bajo el nuevo proyecto de ley, todos los jueces que designó el Sejm a dedo y que juró el presidente, empezarán a asumir sus funciones de forma inmediata. En la práctica, esto significa que el presidente del Tribunal Constitucional debe comenzar a asignar casos a estos jueces que el presidente Duda colocó en diciembre de 2015 en plazas que ya estaban ocupadas.

Cambios en las sentencias emitidas

El sistema de publicación de sentencias también cambiará. Ahora será el primer ministro el que decida si se publican o no, en base a la solicitud que presente el presidente del Tribunal Constitucional.

Además, bajo la nueva ley, todas las semtencias emitidas antes del 20 de julio deben publicarse, excepto aquellas que violan la nueva ley sobre el Tribunal o que se refieren a las normas que se han derogado.

Esto significa que la sentencia del 9 de marzo de 2016, cuando el Tribunal dictaminó que la enmienda a la ley sobre el Tribunal Constitucional era inconstitucional, tampoco se publicará.

Hasta ahora, era el presidente del Tribunal el que ordenaba la publicación de los dictámenes, que era obligatorio.

La opinión de la HFHR

La Fundación de Helsinki de Derechos Humanos ha presentado dos opiniones legales sobre el proyecto de ley.

De acuerdo con la HFHR, la nueva ley es "otro intento del someter al Tribunal Constitucional al poder ejecutivo. Al mismo tiempo, la ley introduce mecanismos que permiten el bloqueo de los derechos constitucionales del Tribunal. Por ello la HFHR está recurriendo al Sejm para que no adopte la ley".