Varias propuestas para modificar las leyes que regulan la actividad policial, así como las que regulan las reuniones públicas en Rumanía, pueden vulnerar los derechos humanos y las libertades pues, debido a su ambigüedad, pueden permitir que las autoridades policiales vulneren los derechos de los ciudadanos.
La Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos en Rumanía- Comité de Helsinki (APADOR-CH), miembro de Liberties, ha pedido que se aclaren estas propuestas o se eliminen algunas de ellas. Aunque las propuestas tendrán que ser aprobadas por el Parlamento para que entren en vigor, llegan en un momento de tensión social, en el que varias de las medidas económicas y sociales anunciadas por el Gobierno están causando un enorme descontento entre los ciudadanos, quienes están tomando las calles de las ciudades de Rumanía
Ejemplos de reformas polémicas:
- La propuesta pretende criminalizar y castigar con prisión de 3 meses a un año "el uso de palabras, expresiones y gestos ofensivos u obscenos" contra las fuerzas de seguridad. Esta disposición es tan amplia y vaga que cualquier gesto o palabra que se use frente a un policía podría ser considerado como conducta delictiva. También se incluye, por ejemplo, abuchear para expresar disconformidad. Según la propuesta de ley, estas críticas pueden ser interpretadas por la policía como "palabras, expresiones o gestos ofensivos", por lo que todas las personas que estuvieran participando podrían convertirse en responsables. Actualmente, el artículo 257 de Código Penal criminaliza un tipo de agresión verbal, concretamente el uso de amenazas verbales contra las fuerzas de seguridad. Estas amenazas van más allá del simple lenguaje ofensivo, por lo que sancionar este comportamiento puede estar justificado ya que podría realmente poner en riesgo a los policías. Sin embargo, el peligro por "gestos ofensivos, palabras o expresiones" es de índole muy diferente. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera legítimo el uso de expresiones alarmantes y ofensivas cuando se quiere llamar la atención de asuntos de interés público.
- La introducción de una nueva forma de privación de libertad llamada "arresto administrativo", que otorga a la policía el poder de prohibir a alguien que abandone un determinado lugar. Las leyes policiales disponen de un procedimiento administrativo que permite a la policía llevar a una persona a la comisaría. La propuesta de ley no estipula un límite de duración de la detención administrativa, como tampoco ofrece detalles sobre el procedimiento que se seguirá o sobre las garantías que aseguren que se respeta la libertad de una persona sometida a estas medidas. Esta disposición, que es extremadamente ambigua, no se debe usar para la privación de libertad.
- La introducción del concepto vago de "posición inofensiva", que la gente debe mantener frente a la policía. APADOR-CH ha pedido que se aclare la definición de esta posición, de lo contrario la policía tendrá la libertad para interpretar qué es una "posición inofensiva ". Según la ley, nada podría impedirles que considerasen peligrosa a una persona tumbada boca abajo con las manos en la espalda.
Todas las observaciones y propuestas hechas por APADOR-CH sobres estas propuestas legislativas están disponibles aquí.
APADOR-CH reconoce que los agentes de policía deben gozar de una protección real y eficaz y de los medios adecuados para asegurar su seguridad, incluso de tipo legal, cuando desempeñan adecuadamente sus obligaciones profesionales. Del mismo modo, el abuso de poder es totalmente inaceptable, se debe prevenir a toda costa y cuando ocurre, debe ser sancionado.
Por todo ello, cualquier regulación en este campo, aunque sea bienintencionada, no debe favorecer, mediante la ambigüedad o la desproporción, las condiciones que podrían facilitar el abuso de poder.