La educación es importante, conforma nuestra identidad, desarrolla nuestras habilidades sociales y condiciona nuestras oportunidades profesionales. Por ello, es uno de los derechos humanos más importantes que tenemos. Sin embargo, muchos países europeos siguen discriminando a algunos sectores de niños, especialmente a los romanís, a los niños con discapacidades y a los migrantes, proporcionándoles una educación segregada. El sistema educativo en República Checa lleva arrastrando desde hace muchos años las mismas deficiencias, pero ahora existe una posibilidad de cambio.

Hace diez años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a República Checa por discriminación contra los niños romanís en educación. El caso deD. H. (et al.) V. República Checa reveló las deficiencias sistémicas del sistema educativo, que rutinariamente enviaba a los niños romanís a escuelas especiales para alumnos con dificultades de aprendizaje, proporcionándoles de este modo una educación segregada que a menudo era de peor calidad.

Después de varios años de una situación estancada y de acumular críticas internacionales por no llevar a cabo una sentencia europea, en 2015 se adoptó una enmienda a la Ley de Educación para eliminar gradualmente la educación segregada para niños con "discapacidad mental leve". Este cambio legislativo tan esperado conlleva una serie de medidas que ofrecen la posibilidad de crear un sistema escolar en el que todos los niños de República Checa reciban la misma educación. Desde 2016, los niños con "discapacidad mental leve" tendrán el mismo plan de estudios que todos, y desde septiembre de 2017 todos los niños de cinco años deben completar un año de educación gratuita antes de entrar en la escuela primaria (el objetivo de este año es equilibrar las disparidades y habilidades de aprendizaje). Este nuevo sistema se ha establecido para proporcionar un apoyo adecuado e individual a todos los niños con necesidades especiales, como parte del sistema de educación general, independientemente de su origen étnico o social.

¿Qué queda por hacer ahora?

Este camino es muy alentador y debe seguir siendo uno de los puntos prioritarios de la agenda del nuevo gobierno. Sin embargo, requerirá un compromiso político fuerte, pues la implementación de la ley será casi tan difícil como fue aprobarla. Los intereses individuales para que se mantenga un sistema educativo segregado siguen siendo fuertes; la financiación de una educación inclusiva y de la formación docente a menudo es insuficiente; y muchos progenitores siguen teniendo una actitud negativa hacia la integración de niños de minorías o grupos especialmente vulnerables en la educación general.

Estos obstáculos representan una amenaza real para la posibilidad de que estos niños puedan construir su futuro en pie de igualdad con los demás. Por eso, el gobierno debe eliminarlos. Pensamos que hay cuatro medidas concretas que deben tomarse para lograr este objetivo.

En primer lugar, el gobierno debe garantizar que las escuelas normales no segreguen de ninguna otra forma, por ejemplo creando clases en las que no hay niños romanís y otras en las que están casi todos concentrados. También es necesario contar con mecanismos de control más sólidos que garanticen que los colegios no discriminan, también en las decisiones que toman a la hora de admitir a alumnos. En concreto, el gobierno tiene que garantizar que todos los colegios cumplan la legislación nacional y las pautas metodológicas, lo que implica por ejemplo que no se deben realizar pruebas a los niños como criterio de selección para la admisión a una escuela primaria concreta.

Obstáculos para el éxito

El segundo paso necesario es tomar medidas para equilibrar la distribución de estudiantes de grupos vulnerables. La ausencia de medidas de este tipo perpetúa unas condiciones de desigualdad en la educación y los niños que pueden tener necesidades educativas específicas (de grupos étnicos minoritarios o con discapacidades) se acaban concentrando en algunas escuelas concretas. Para evitar esta situación, el gobierno debe hacer un seguimiento sistemático de la aplicación y el cumplimiento de las normas relacionadas con el número máximo de plazas para estos niños en cada escuela, que permite la diversidad necesaria en el aula. Dicha división tiene que estar basada estrictamente en las necesidades individuales del niño y en ningún caso en sus orígenes étnicos, sociales u otros.

Por último, es crucial mitigar el impacto de la segregación en la vivienda, un factor que sin duda contribuye a que los niños de grupos vulnerables se concentren en los mismos colegios. Cuando los distritos escolares coinciden con barrios habitados predominantemente por personas que pertenecen a grupos desfavorecidos, es muy probable que esto se refleje en el colegio, lo que lleva de facto a la segregación en la educación. La creación de distritos escolares alternativos que combinen barrios en los que vive gente que pertenece a distintos estratos sociales podría, por lo tanto, facilitar una distribución más equilibrada de estudiantes y crear un sistema educativo más inclusivo.

Segregación: el enemigo de la cohesión social

Sin embargo, sin el apoyo de todos los progenitores, es poco probable que todas estas medidas tengan éxito. La alienación de las familias de las minorías étnicas, de las familias migrantes o de las familias con niños con discapacidades y su falta de participación en las actividades y la vida escolar impide la creación de un sistema educativo verdaderamente inclusivo, capaz de proporcionar la misma oportunidad educativa a todos los niños. Por eso, es fundamental que el gobierno y la administración escolar incidan en la importancia de los beneficios de la educación inclusiva entre todas las familias y les expliquen que unas aulas diversas y bien llevadas aumentan el éxito de los niños, tanto en términos de resultados escolares como para adquirir habilidades sociales importantes, como demuestran los estudios recientes de la OCDE.

La segregación en la escuela es una de las peores formas de discriminación. Provoca un desperdicio de talento y sobre todo cicatriza la vida de los niños afectados. Deteriora la estructura democrática de la sociedad y fortalece los círculos viciosos de marginación y discriminación que amenazan la cohesión social.

República Checa ahora tiene la oportunidad de pasar la página y mostrar que la educación inclusiva no es un proyecto utópico, sino un objetivo alcanzable con un impacto positivo en el futuro de los niños y de la cohesión social. Invertir en este objetivo debería convertirse en la prioridad fundamental del nuevo gobierno.

Muižnieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa