Políticos corruptos y empresas con mucho poder en toda Europa utilizan cada vez más nuestras leyes y tribunales para acosar, arruinar e intimidar a periodistas y activistas para que guarden silencio, denunciándoles en base a demandas abusivas que se han conocido como demandas estratégicas contra la participación pública o "SLAPPs", por sus siglas en inglés. La Comisión Europea está a punto de dar a conocer su Plan de Acción sobre Democracia para la UE, por ello, Liberties y otras 60 ONG de toda la UE acaban de hacer pública una ley modelo contra las SLAPPs para la UE, para mostrar a los responsables políticos de la Unión que las normas para proteger a los organismos de control de los derechos humanos de estas demandas mordaza son factibles y más necesarias que nunca.

A principios de este año, Liberties se unió a un grupo de ONG de toda la UE para apoyar una iniciativa que instara a los responsables políticos a que tomaran medidas y pusieran fin a las demandas mordaza, conocidas como SLAPPs. Estas son empleadas por personas con poder para acosar a entidades de control de derechos humanos, ya sean periodistas de investigación, activistas o defensores de derechos humanos. El resultado de ese esfuerzo colectivo es un modelo de ley anti-SLAPP adaptada a la UE para instar a los legisladores de la Unión a que elaboren cuanto antes una regulación sólida que proteja a estos organismos de control público y a nuestras democracias de este abuso.

¿Qué son las SLAPPs y por qué son un problema?

Cuando Daphne Caruana Galizia fue asesinada en represalia por su labor como periodista de investigación, tenía abiertos más de 40 juicios abusivos, muchos de los cuales siguen en curso a día de hoy contra su viudo y sus tres hijos. El segundo diario más importante de Polonia, Gazeta Wyborcza, ha recibido dede 2015 más de 55 amenazas y denuncias judiciales de diversos actores, entre ellos, del partido gobernante de Polonia. El empresario francés Vincent Bolloré y las empresas afiliadas al Grupo Bolloré ha cubierto de denuncias por difamación a periodistas y ONG para impedir que informen sobre sus intereses comerciales en África. En España, la empresa productora de carne Coren exige un millón de euros en concepto de daños y perjuicios a un activista ecologista por criticar sus prácticas de gestión de residuos, tras haber amenazado anteriormente a activistas y científicos que investigaban los niveles de nitrato en sus aguas locales. Periodistas y activistas en todo el continente europeo se ven constantemente acosados por casos de demandas abusivas.

Una "SLAPP" es una demanda estratégica contra la participación pública. El objetivo de la misma no es ganar el caso en los tribunales, sino iniciar procedimientos legales muy largos y costosos, para agotar los recursos, dañar la reputación y destruir la vida personal de los periodistas y activistas a quienes se dirigen. Constituyen una forma poderosa de censura que muchas personas con poder utilizan para silenciar las voces críticas y protegerse del escrutinio público indeseado. De hecho, la amenaza de una SLAPP asusta a casi todo el resto de los periodistas y organizaciones, y evita que traten de investigar y concienciar sobre las prácticas perjudiciales de las empresas y políticos corruptos.

Las personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos, periodistas y activistas son clave para que la democracia y el Estado de derecho funcionen adecuadamente. Su trabajo desvela las malas prácticas y la corrupción y favorece una sociedad bien informada que forme sus opiniones con conocimiento de causa y ejerza presión sobre las autoridades respecto a las cuestiones que afectan sus vidas y la sociedad en la que viven. En teoría, la ciudadanía es quien debería gobernar la democracia. Tolerar las SLAPPs es permitir que empresas turbias y políticos corruptos abusen de nuestras leyes y de nuestros tribunales para silenciar a quienes supervisan la acción pública y en quien dependen los ciudadanos para obligar a los sectores de poder a rendir cuentas. Supone permitir que los ciudadanos sean excluidos de sus propias democracias. Sin embargo, ningún país de la UE tiene una regulación adecuada para detener este abuso.

Las normas de la UE pueden cambiar el juego

Las SLAPPs son una amenaza para los valores europeos y el orden legal de la UE

Socavan la democracia silenciando a quienes permiten que la ciudadanía tenga voz en asuntos de interés público y sepa en qué andan los sectores que detentan el poder. Violan las libertades civiles obstaculizando derechos y libertades como la libertad de expresión, el derecho a la protesta o el derecho a obtener justicia. Amenazan el Estado de derecho impidiendo que la corrupción o los delitos se denuncien y procesen de forma ágil. Asimismo, sobrecargan nuestros sistemas de justicia al distorsionar y abusar de la ley y los tribunales, y suponen una amenaza para la confianza mutua y la cooperación entre los tribunales de los países de la UE. Asimismo, disuaden a sus posibles objetivos de realizar libremente su trabajo en los países de la UE donde el riesgo que plantean las SLAPPs es mayor, impidiendo la libre circulación.

Los responsables políticos de la UE son cada vez más conscientes de este problema. La vicepresidenta de la Comisión Europea Věra Jourová ha prometido "estudiar todas las opciones posibles" para contrarrestar la amenaza que plantean las SLAPPs. El Plan de Acción de la UE sobre Democracia que la Comisión Europea presentará mañana debería anunciar las iniciativas que pretende presentar en 2021 para abordar este problema.

Creemos que las SLAPPs son un problema de la UE que precisa soluciones de la UE. Una solución clave reside en la legislación de toda la Unión. Una legislación sólida contra las SLAPPs proporcionaría un nivel alto y uniforme de protección en todos los países de la UE y podría servir de modelo para el resto de países del continente y más allá.

Nuestra propuesta para una Directiva de la UE contra las SLAPPs

Para apoyar el llamamiento colectivo a la acción de ONG de toda la UE, dirigido a los responsables políticos de la Unión, Liberties y otras ONG se movilizaron para estudiar cómo podría y debería ser una posible ley anti-SLAPP. Hoy publicamos el resultado de esta labor: un modelo de Directiva de la UE contra las SLAPPs redactado por una de los expertos de Liberties en incidencia política, con aportaciones de una amplia gama de académicos, juristas, profesionales y víctimas de SLAPPs de toda Europa y más allá. El modelo de ley de la UE propone un conjunto de normas que, una vez en vigor, garantizarían que en cada país de la UE, así como en otras partes del mundo:

• que las demandas SLAPP se desestimen en una etapa temprana para evitar que se prolonguen durante años y por ende, evitar sus efectos perjudiciales.
• que quienes presenten demandas SLAPP paguen por abusar de la ley y de los tribunales y que sea de conocimiento público el abuso cometido.
• disuadir a personas poderosas de iniciar SLAPPs dentro y fuera de la UE contra entidades de supervisión de derechos en la Unión.
• que las víctimas de SLAPPs reciban ayuda para defenderse en los tribunales y se proteja y apoye mejor a las personas más vulnerables a este abuso.

La democracia y el Estado de derecho están cada vez más acosados en toda la UE, esperamos que esto inspire a los legisladores a proponer urgentemente normas anti-SLAPP para proteger a los organismos de control público que ayudan a que los sectores de poder tengan que rendir cuentas y a que se mantenga vivo el debate democrático.

Descarga aquí la propuesta anti-SLAPP completa:

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