La semana pasada, Liberties recibió una respuesta a la carta que escribió a la Comisión Europea conjuntamente con las ONG Hungarian Civil Liberties Union y Hungarian Helsinki Committee, dirigida a Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea. Puedes leer nuestra carta completa aquí. En ella le pedíamos tres cosas a la Comisión:
- Primero, que iniciara un procedimiento legal contra el gobierno húngaro sobre la ley anti ONG aprobada en junio.
- En segundo lugar, que activara su "marco" de Estado de derecho en relación a Hungría. Este es un procedimiento que permite que la Comisión investigue si un gobierno está desmantelando las instituciones y las leyes que protegen el Estado de derecho y que haga recomendaciones a ese gobierno sobre cómo solucionar la situación.
- Tercero, que adoptara una serie de medidas para proteger mejor a las ONG que promueven los valores fundamentales de la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de derecho de la UE. Estas medidas incluían: el nombramiento de un organismo o persona en la Comisión que supervise los ataques contra las ONG en la UE y que hable con los gobiernos responsables; y mejorar la forma en que la Comisión concede financiación a las ONG dentro de la UE para que coincida con la forma en financia a las ONG de fuera de la UE.
Poco después de que enviáramos nuestra carta, la Comisión inició procedimientos de infracción contra Hungría por su ley anti ONG. Sin embargo, en su respuesta a nuestra carta, dice que no activará su marco de Estado de Derecho ni llevará a cabo nuevas medidas para apoyar a las ONG en la UE.
En relación a la negativa de la Comisión a activar el marco del Estado de derecho contra Hungría, Stefánia Kapronczay, directora ejecutiva de Hungarian Civil Liberties Union, dice:
"La Comisión subestima la gravedad de la situación. La carta de la Comisión señala que el marco solo se puede activar cuando los mecanismos nacionales que salvaguarden el Estado de derecho, como el Tribunal Constitucional húngaro, no puedan protegerlo eficazmente. A juicio de la Comisión, el Tribunal Constitucional sigue siendo capaz de desempeñar esta función. La realidad sin embargo es que el Tribunal Constitucional húngaro ya no es un órgano independiente, está lleno de personas nombradas políticamente y emite regularmente decisiones que sirven el interés del gobierno en lugar de salvaguardar el Estado de derecho y los derechos fundamentales. Además, se ha reducido extremadamente el poder del tribunal para revisar la legalidad de una legislación".
Márta Pardavi, copresidenta de Hungarian Helsinki Committee, añade:
"Acogimos con satisfacción la decisión de la Comisión de iniciar un procedimiento de infracción por la ley anti ONG aprobada en junio. Sin embargo, otros ejemplos previos demuestran que los procedimientos de infracción anteriores no lograron revertir el daño causado a la protección de los derechos humanos y al Estado de derecho en Hungría, incluso los que culminaron en una resolución contra el gobierno por parte del Tribunal de Luxemburgo. El Gobierno húngaro no ha aplicado adecuadamente las sentencias anteriores del TJUE, ha adoptando únicamente las medidas mínimas necesarias para evitar nuevas medidas de la Comisión. Teniendo esto en cuenta, la Comisión debería activar su marco de Estado de derecho para poder adoptar una acción más holística que sea capaz de abordar eficazmente el impacto cumulativo de las múltiples reformas negativas sobre la democracia, los derechos y el Estado de derechoque han tenido lugar en Hungría desde 2010".
Liberties quiere señalar también,que estas prácticas de restricción de las actividades de las ONG que promueven la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales, están aumentando en toda la UE. Desde campañas de difamación, recortes de fondos, exceso de regulación, hasta la exclusión de las ONG de los procesos de elaboración de leyes y políticas.
Liberties publicó un artículo que ofrece una perspectiva general de esta situación, y que puedes leer aquí. Como explicamos en nuestra investigación, la forma que tiene la Comisión de financiar actualmente a las ONG a nivel nacional es potencialmente contraproducente, las trata más como subcontratas para desarrollar servicios que como un pilar esencial de la democracia, al igual que la prensa libre y los tribunales independientes. Para que la UE pueda proteger sus valores fundamentales, debe empezar apoyando a las ONG que los promueven, de la misma forma que lo hace en los países fuera de la Unión.