El informe publicado por la Comisión Europea es la primera publicación de la auditoría anual de los registros democráticos de los países de la UE que la Comisión se comprometió a realizar a partir de 2020.

Un paso pionero para la Comisión.

La publicación del informe supone un cambio significativo en su actitud hacia el compromiso declarado de la UE de sostener los valores europeos básicos establecidos en el artículo 2 del Tratado de la UE. Estos incluyen el respeto de las normas democráticas, el Estado de derecho y los derechos humanos: herramientas importantes para que nuestras sociedades sean libres y estén llenas de oportunidades para vivir una vida plena.

El informe se centra en la actuación de los gobiernos de la UE en los siguientes ámbitos:

• La justicia, que proporciona un foro en el que podemos dar nuestra versión de los hechos y que alguien imparcial tome una decisión justa cuando la vida se complica;
• La lucha contra la corrupción, que impide que los políticos tomen decisiones que sitúen a sus propios amigos y familiares antes que a los demás;
• La libertad de prensa, que garantiza que los periodistas puedan informar libremente para que podamos seguir la pista de lo que hacen nuestros gobiernos;
• Controles y equilibrios, que incluye, entre otras cosas, permitir que organismos de control, como las organizaciones de derechos humanos y pro democracia, obliguen a nuestros gobiernos a que presten atención a las opiniones de la ciudadanía.

No solo los "cócteles imbebibles"

El informe ofrece un panorama del estado de la democracia en toda la UE que resulta muy útil y sirve como recordatorio de que nuestras libertades son algo que nunca podemos dar por hecho.

Refleja hallazgos anteriores sobre los continuos ataques a la democracia y a las libertades civiles llevados a cabo durante muchos años por gobiernos autoritarios en Hungría y Polonia. Éstos han generado lo que la Comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, calificó en la presentación del informe como "cócteles imbebibles" para las normas democráticas de la UE.

También expone la situación en otros países de la UE en los que las amenazas combinadas y sistémicas hacen que la situación parezca muy grave, en concreto, Bulgaria, Rumanía y Eslovenia.

Pero una lectura en profundidad de los informes de país revela tendencias preocupantes en toda la UE, incluso en países con una fuerta tradición democrática como Bélgica, Chipre, Grecia, Irlanda, Italia, Malta y España. Entre las preocupaciones más extendidas destacamos las siguientes:

• Graves obstáculos que dificultan la libertad y la independencia de los medios de comunicación en muchos países de la UE, como la influencia política en los medios, la falta de pluralismo y el incremento de ataques y juicios abusivos contra periodistas;
• Los cada vez más frecuentes intentos de muchos gobiernos de la UE de obstaculizar el activismo cívico y la participación pública, mediante, entre otras, restricciones al acceso a la financiación para organizaciones de la sociedad civil y campañas de difamación contra activistas y organizaciones civiles;
• Lucha deficiente contra la corrupción gubernamental, en especial en casos relacionados con figuras públicas y políticas de alto nivel;
• Imparcialidad y eficiencia insuficiente de la justicia, debido también a la influencia política sobre los tribunales y a la excesiva duración de los procedimientos.

El informe también plantea los problemas relacionados con la forma en que muchos países han abordado la pandemia de la COVID-19, generando un debilitamiento sustancial de los controles y equilibrios democráticos y haciendo un uso excesivo de la legislación de emergencia y acelerada.

Las conclusiones del informe coinciden con las preocupaciones que señala el informe de Liberties enviado a la Comisión como aportación a su informe sobre el Estado de derecho. Asimismo coincide con la información recopilada en otro informe conjunto de Liberties y Greenpeace sobre las restricciones desproporcionadas a las libertades impuestas por los gobiernos de la UE durante la pandemia de la COVID-19.

Un ejercicio pionero, pero con algunas lagunas

Liberties lleva mucho tiempo abogando por un ejercicio regular y transparente de este tipo, para favorecer que la UE intervenga en una fase temprana, antes de que las amenazas a la democracia se vuelvan más difíciles de revertir, como en los casos de Hungría o Polonia.

El informe es un primer y buen paso en esta dirección. Tiene un valor simbólico importante, ya que supone el reconocimiento por parte de la Comisión Europea de que la UE no es inmune a que los autoritarios traten de subvertir los principios y libertades democráticas desde dentro. Asimismo, es señal de que la Comisión ha aceptado finalmente su importante papel como supervisora sistemática del respeto de estos principios y libertades por parte de los gobiernos de la UE, y su compromiso de difundir su evaluación.

Sin embargo, queda mucho por mejorar.

En primer lugar, el alcance de la auditoría de la Comisión sigue siendo demasiado restrictivo. Sorprendentemente, no analiza las violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades públicas y su incapacidad para prevenirlas. La vigilancia excesiva, las violaciones de datos, los abusos policiales, la segregación racial y los malos tratos a los migrantes en las fronteras exteriores de la UE son algunos de los ejemplos más llamativos de violaciones de los derechos humanos que se producen en toda la Unión. El Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos están interrelacionados y se refuerzan mutuamente: una democracia basada en el Estado de derecho solo es posible si se cumplen plenamente los derechos humanos. Si la Comisión se toma en serio el Estado de derecho, debería reflejar también en su evaluación estos preocupantes patrones de violación de los derechos humanos.

En segundo lugar, el proceso que conduce a la adopción de los informes debe ser más transparente e inclusivo. Aunque la Comisión Europea invitó a las partes interesadas (entre ellas, a las organizaciones de derechos humanos y pro democracia) a que contribuyeran al informe, la consulta pública fue demasiado breve y de alcance demasiado limitado, y no se concedió suficiente espacio a los actores de la sociedad civil para que participaran con la Comisión en sus evaluaciones de país. Si bien es cierto que no fue un ejercicio fácil y que el brote de la pandemia complicó aún más las cosas, precipitarse tampoco es una buena solución.

En tercer lugar, y lo que es más importante, el informe carece de recomendaciones claras a los gobiernos de la Unión sobre cómo abordar los problemas identificados. O, en los casos en los que el diálogo ya no es una opción, como en los regímenes autoritarios de Hungría y Polonia, tampoco hay indicaciones claras sobre las medidas que se propone adoptar la Comisión. Un informe sin recomendaciones ni seguimiento no impedirá que los populistas autoritarios socaven deliberadamente la democracia en sus países, ni que otros sigan el mismo camino.

Lo que ocurra a continuación es aún más importante

El informe de la Comisión ya ha provocado reacciones acaloradas por parte de algunos de los gobiernos de la Unión Europea a los que se ha llamado la atención. El ministro de Justicia húngaro tuiteó que la auditoría de la Comisión no es imparcial, objetiva y apolítica. Esto se produce tras el último choque del primer ministro, que exigió la dimisión de la vicepresidenta de la Comisión, Jourová, por sus recientes declaraciones sobre el estado de la democracia en Hungría, y el anuncio de que Hungría está aunando fuerzas con el gobierno polaco para crear su propio "instituto de supervisión del Estado de derecho". Eslovenia también apoyó la postura de Hungría.

Pero publicar un informe simplemente para difundir sus conclusiones no es suficiente para tratar con hombres fuertes como Viktor Orbán. Como tampoco resulta suficiente para desalentar a otros líderes de la UE con tendencias autoritarias, para que se abstengan de debilitar las normas y libertades democráticas a fin de primar sus objetivos políticos. O para evitar que surjan problemas en otros países.

El Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, señaló durante la presentación que el objetivo del Informe sobre el Estado de Derecho es aumentar la conciencia común sobre los desafíos existentes y abrir un debate con y entre los países de la UE. Pero tratar de encontrar compromisos solo logrará que el autoritarismo gane fuerza dentro de la UE y eventualmente socavará a la UE como un grupo de naciones democráticas. A continuación, presentamos algunas propuestas para la Comisión y el resto de las instituciones de la UE para invertir esta tendencia:

1. Actuar con firmeza y hablar como una sola voz contra los gobiernos que atacan la democracia y las libertades. Cuando un gobierno amenaza deliberadamente la democracia y las libertades, deben aplicarse sanciones políticas. Un acuerdo interinstitucional como el propuesto por el Parlamento Europeo puede favorecer que esto suceda.
2. Detener el flujo de dinero. La Comisión debe mantenerse firme en la urgencia de conseguir que su propuesta de condicionar la financiación de la UE al respeto del Estado de derecho sea aprobada. Hasta que la propuesta se convierta en ley, debe suspender el desembolso de fondos, incluidos los fondos de recuperación de la COVID-19, basándose en las normas de cooperación sincera y gasto legal, al tiempo que se asegura de que los beneficiarios finales puedan recibir las ayudas a través de canales de financiación alternativos.
3. Aprovechar mejor la legislación de la Unión Europea. La Comisión debería llevar con mayor frecuencia a los tribunales a los Estados miembros que infrinjan las normas de la UE que tratan de garantizar la independencia de los medios de comunicación, permiten la reunión y frenan la corrupción. Asimismo debería elaborar nuevas normas para obligar a los Estados a proteger a los medios de comunicación y a las organizaciones de derechos humanos de demandas abusivas (conocidas como SLAPPs).
4. No mostrar tolerancia hacia los regímenes autoritarios. Las instituciones de la UE deberían debatir seriamente cómo garantizar que los grupos políticos de la UE y sus partidos nacionales miembros se adhieran de forma más estricta a los valores del artículo, basándose en los requisitos existentes para el registro y la financiación de los partidos políticos. La inacción alrededor de la largamente pendiente expulsión del Fidesz de Orbán de la familia del Partido Popular Europeo (PPE) debería haberles hecho reflexionar.
5. Una ayuda real para incrementar el apoyo a la democracia y a las libertades. La UE debería asegurarse de que las organizaciones que favorecen que la democracia funcione adecuadamente tengan suficientes fondos. Por ejemplo, el periodismo independiente y las organizaciones de derechos humanos y pro democracia. Esto debería ser prioritario para el futuro Programa de Derechos y Valores.