La lucha contra el terrorismo es necesaria, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero esta lucha legítima y necesaria, no puede, con el pretexto de un hipotético incremento de la seguridad, perjudicar las libertades fundamentales inherentes a un Estado democrático.

La violación de los derechos fundamentales es uno de los problemas principales de estas medidas, según el estudio llevado a cabo por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Liga de Derechos Humanos (LDH).

Los registros nocturnos

Estas medidas, como las que permiten la vigilancia electrónica de las personas sospechosas de terrorismo, dan motivos para temer una apropiación peligrosa de lo judicial por lo ejecutivo. La posibilidad de que el principio de separación de poderes se vea socavado, nos parece preocupante y no muestra una democracia saludable.

La Liga de Derechos Humanos (LDH) denuncia también que algunas de las 18 medidas podrían constituir obstáculos importantes para el respeto de los derechos fundamentales. Entre ellas, la ampliación de 24 a 72 horas de la detención policial. Esta medida, que requiere una enmienda constitucional, es inútil dada la poca utilización de la ampliación a 48 horas, que ya es legalmente posible en la actualidad.

La posibilidad de realizar registros de viviendas por la noche afecta a la privacidad, no solo de los sospechosos, sino también de sus familias y niños pequeños, para quienes estos registros resultan traumáticos. Esta medida no está suficientemente justificada, teniendo en cuenta que las redadas nocturnas ya se utilizan para el flagrante delito, por delitos de drogas, o sobre la base del consentimiento de las personas afectadas.

Recogida de información

Otra de las consecuencias es que muchas medidas (incluido el control sistemático del registro de todos los pasajeros en medios de transporte internacionales, el registro de matrículas de coches y el fin del anonimato de las tarjetas de prepago GSM) permiten que el gobierno controle a la población de forma masiva.

Sin entrar en los detalles de sus posibilidades y su eficacia (véase el estudio completo para más información), la LDH y la FIDH señalan que el gobierno, a pesar de las experiencias anteriores y las observaciones de los expertos en la materia, continúa aumentando la recogida de información en lugar de centrarse en la calidad, por medio del control de aquellas personas que planteen problemas reales de seguridad, o en fortalecer, a nivel local, la inteligencia humana.

Controlar al mundo entero es absurdo, ineficaz y contraproducente. El exceso de información mata la información.

¿Fracaso democrático?

Por último, algunas medidas como el fortalecimiento de los controles policiales en las fronteras o la expulsión de los predicadores de odio, van más allá de una respuesta legítima a los ataques. ¿Son acaso estas medidas un "Patriot Act" a la belga? No, ciertamente no.

Lo que sí deja claro el estudio es (más allá de las dudas de la LDH y la FIDH sobre la utilidad o eficacia de algunas de las nuevas medidas) que el gobierno no parece querer abordar el tema del terrorismo ahí donde es más complejo: investigar el respaldo financiero que le permite existir (el secreto bancario, los paraísos fiscales, contratos con Arabia Saudita, etc.).

Una respuesta al terrorismo puramente represiva está condenada al fracaso. La escalada de seguridad como prioridad política suena como una confesión de fracaso democrático.