La comisión, llamada "Cannabis Legal", está compuesta por 218 diputados y senadores, un número significativo, si consideramos que el número total de parlamentarios es 945.

La propuesta de la comisión supone un gran cambio frente a las políticas del último cuarto de siglo que eran muy represivas hacia los consumidores - particularmente con la ley Fini-Giovanardi de 2006, que luego se consideró anticonstitucional y se derogó.

De acuerdo con una encuesta de Ipsos, encargada por la comisión, la propuesta tendría un amplio consenso: el 73% de los italianos está a favor de la legalización del cannabis, entre ellos, muchos votantes conservadores (el apoyo a la legalización de éstos últimos es ligeramente superior al 50%).

El proyecto de ley es un punto de partida para una Ley Orgánica que esté basada en tres pilares: posesión y consumo; venta y uso terapéutico.

Posesión

Cada persona adulta puede tener en su casa hasta 15 gramos y llevar hasta 5 gramos encima, incluso para uso recreativo. La prohibición absoluta para los menores se mantiene, como también la prohibición de la venta en la calle.

El cultivo privado también estará permitido: cada persona puede tener hasta 5 plantas, tras obtener autorización previa de la agencia responsable. Por ello, la ley de privacidad deberá modificarse para incluir mayor protección para este tipo de información.

También existirá la posibilidad de crear clubes sociales de cannabis: grupos de hasta 50 adultos (ningún menor) que puedan cultivar marihuana de forma asociada, sin ánimo de lucro y un total de 250 plantas.

Venta

Se permitirá el cultivo, procesamiento y venta de cannabis (al por menor). Todas estas opciones requerirán una licencia especial. La importación y exportación seguirán estando prohibidas.

Uso terapéutico

Se permitirá la producción propia y se facilitará el proceso de compra de medicinas derivadas del cannabis.

Otros aspectos relevantes de la ley incluyen la prohibición de fumar en espacios públicos, ni siquiera aquellos abiertos al público (ej. un parque) y el hecho de que el 5% de la recaudación que se obtenga de la legalización se destinará a la lucha contra las drogas y a campañas educativas.

El objetivo de esta ley es superar el sistema que criminaliza al consumidor, pero también reducir las ganancias del crimen organizado, redirigiéndolas hacia el presupuesto del Estado. Esto ayudará a la economía del país, potenciando varios sectores (agricultura, comercio, etc.) relacionados con la cadena de producción, el procesamiento y el consumo.

"Estamos seguros de que esta ley se aprobará en esta legislatura", dijo el portavoz de la comisión.