Siete personas podrían entrar en la cárcel por haber ayudado a migrantes en situación de peligro a cruzar la frontera entre Italia y Francia. Tres de ellas fueron detenidas el 22 de abril tras una marcha de solidaridad que denunciaba las provocaciones racistas y peligrosas del grupo de extrema derecha Génération Identitaire (GI), que había bloqueando el Col de l'Échelle en Briançon, en el contexto de una creciente militarización de la frontera italo francesa.

Los procesos judiciales, una herramienta para intimidar

Tras su arresto, los tres activistas fueron detenidos durante 11 días, y luego sometidos a arresto domiciliario durante más de 25 días antes de ser puestos en libertad a la espera de la decisión del Consejo Constitucional sobre el delito de solidaridad. El 6 de julio, el Consejo estimó que la solidaridad debía limitarse únicamente a proporcionar ayuda humanitaria en el lado francés de la frontera. Tras esta decisión, otras cuatro personas fueron detenidas por las mismas razones.

Bastien, Benoit, Eléonora, Juan, Lisa, Mathieu y Théo serán juzgados el día 8 de noviembre en Gap, un municipio del sudeste de Francia. Se les acusa de "ayudar a extranjeros indocumentados a entrar en territorio nacional, como banda organizada" y se arriesgan a una pena de hasta 10 años de cárcel y una multa de 750.000 euros.

Estas sentencias normalmente son para el crimen organizado. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que se están utilizando indebidamente, como herramienta para intimidar a los ciudadanos que se solidarizan con los migrantes que intentan cruzar los Alpes franceses. Señalan que la fiscalía ha optado por procesar a los activistas pacíficos mientras permite que GI eluda cualquier tipo de castigo.

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Los miembros de GI se consideran a sí mismos "activistas de la identidad" y han estado patrullando la frontera en busca de migrantes bajo el lema "Defender Europa". Las cuentas de GI en Twitter, Facebook e Instagram han sido canceladas.

Varias organizaciones francesas han presentado una petición para que se ponga en libertad a Bastien, Benoit, Eléonora, Juan, Lisa, Mathieu y Théo, así como para que se ponga fin a la feroz aplicación de la ley y todos los procedimientos judiciales contra quienes ayudan a los migrantes, y que cese de inmediato la violencia policial contra quienes se encuentran exiliados en la frontera y se respeten sus derechos.

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Mientras, Médicos sin fronteras se ha reunido con asociaciones locales en Briançon, que llevan varios meses alertando de la violación sistemática de los derechos de los migrantes: deportación de personas exiliadas, incluidos menores; controles discriminatorios; persecuciones en las montañas, impedimentos para el registro de solicitudes de asilo; falta de intérpretes y amenazas e insultos hacia los migrantes.