La organización sueca de derechos humanos Civil Rights Defenders (CRD), miembro de la red de Liberties, ha analizado el nuevo acuerdo de cooperación política, conocido como el "Acuerdo Tidö" (Tidöavtalet) y ha concluido que contiene medidas que violan las normas de derechos humanos. El acuerdo fue presentado por el Partido Moderado, los Demócratas Cristianos, los Liberales y los Demócratas de Suecia el 14 de octubre de 2022.

La evaluación se hizo desde una perspectiva basada en los derechos y señala las partes del acuerdo que no están en consonancia con una sólida protección de las libertades y los derechos en Suecia, según la evaluación de CRD. Se ha centrado principalmente en los ámbitos de la política penal, la política migratoria y el Estado de derecho, de los cuales los dos primeros constituyen una gran parte del acuerdo. También se analizaron otras áreas relevantes.

"Como organización de derechos humanos, nos preocupa mucho el contenido del Acuerdo de Tidö pues establece una serie de medidas que van claramente en contra de las normas de derechos humanos que Suecia debe respetar", afirma John Stauffer, Director Jurídico y Director Ejecutivo Adjunto de Civil Rights Defenders.

Antes de las elecciones de 2022, CRD analizó los programas electorales de todos los partidos parlamentarios desde una perspectiva basada en los derechos y ahora ha hecho lo mismo con el Acuerdo de Tidö.

La evaluación, se ha centrado en revisar los compromisos internacionales, regionales y nacionales en materia de derechos humanos a los que Suecia está sujeta. Algunos ejemplos son el Convenio de la ONU sobre Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la Constitución sueca. Estos documentos establecen las libertades y derechos fundamentales de las personas y la obligación de los Estados de respetarlos y protegerlos.

l acuerdo contiene un gran número de medidas, muchas de las cuales dependen de actuaciones posteriores. Aún no se sabe cómo será la ley o la nueva política que se adopte si llega a hacerse realidad. Pero las medidas del acuerdo apuntan en una dirección preocupante y envían señales graves por sí solas.

Un acuerdo para que Suecia sea más represiva y con menos derechos

El acuerdo es claramente represivo. Se centra en las detenciones (incluidas las de niños y jóvenes), el endurecimiento de las penas, el aumento de las posibilidades de controlar y deportar a las personas, y medidas que socavan el Estado de derecho y los derechos humanos. Hay medidas dirigidas a dificultar la condición de las personas refugiadas, indocumentadas o solicitantes de asilo, cuyo objetivo general es reducir la migración, independientemente de las consecuencias que pueda tener para los derechos humanos o la dignidad de las personas. También existe una confusión, o equiparación, recurrente entre migración y delincuencia, que identifica a las personas con experiencia migratoria como la causa de los problemas de Suecia.

Las acciones en materia de política penal siguen una tendencia que observamos en toda Europa, a menudo denominada "populismo penal".

Esto significa que los responsables políticos se centran en las sanciones penales, ya que aumentan su popularidad entre el electorado, en lugar de la prevención de la delincuencia. La investigación y la experiencia de otros países no avalan que el endurecimiento de las penas reduzca la delincuencia. Según las normas de derechos humanos, las sanciones penales deben ser proporcionadas.

CRD señala asimismo que varias de las medidas entrarían directamente en conflicto con obligaciones y convenios internacionales y regionales con los que Suecia está comprometida, así como con su propia Constitución.

El acuerdo socava los principios del Estado de derecho

Si las medidas propuestas en el acuerdo se materializan, tendremos una sociedad que ya no se apoyará en el principio básico del Estado de derecho de la igualdad de todas las personas ante la ley. Los derechos no se basarán en las necesidades de las personas, sino en su pertenencia a un grupo y su situación jurídica, generando así una jerarquía entre la población sueca: las personas con ciudadanía en la cúspide y los grupos vulnerables y las personas racializadas en la base.

Esto no afecta únicamente a estos grupos, sino que tiene un impacto negativo en el conjunto de la sociedad y en todos nuestros derechos. Socavará los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia liberal para todos.

El Acuerdo de Tidö demuestra que la tendencia mundial de desmantelamiento de la democracia ha llegado a Suecia. Civil Rights Defenders lleva 40 años trabajando por los derechos humanos en todo el mundo y esta experiencia le sirve ahora para centrarse en la defensa de las libertades y los derechos fundamentales en su propio país.