Un hombre de nacionalidad afgana cayó muerto por los disparos de un agente de policía y otros 50 fueron arrestados cerca de la frontera búlgaro-turca en la noche del 15 de octubre de 2015. En relación con el incidente, que tuvo lugar cerca de la ciudad de Sredets, el Comité de Helsinki en Bulgaria ha expresado la siguiente posición:

Teniendo en cuenta la información proporcionada durante una sesión informativa especial por parte del secretario de Interior Georgi Kostov y el fiscal de distrito de Burgas, Kalina Chapkanova, ni los detenidos ni la víctima representaban una amenaza para la vida o la integridad física de ninguna persona en el momento del disparo mortal. Así, pues, el uso de armas, incluyendo el disparo al aire, fue ilegal porque violaba la norma obligatoria del uso de las armas, la fuerza física o medios auxiliares de la policía solo en caso de absoluta necesidad. La aplicación ordinaria del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) está recogida en la Ley del Ministerio del Interior de 2012.

La propaganda contra los refugiados

Este incidente fue una consecuencia natural de la propaganda sistemática contra los refugiados realizada por funcionarios búlgaros del más alto nivel. Desde hace muchos años, los refugiados han sido presentados como una amenaza para los búlgaros, y esto ha creado una percepción pública de miedo y de intolerancia hacia la entrada y la presencia de extranjeros en Bulgaria.

La opinión de que el uso de armas de fuego por los agentes de seguridad fronteriza siempre está justificado es inaceptable. Tal opinión no tiene nada que ver con el Estado de derecho. Refleja, además de ignorancia, sentimientos xenófobos. En la frontera, como en todas partes, los agentes búlgaros de la policía de fronteras están sujetos a la legislación búlgara, que conforme al derecho internacional les prohíbe utilizar armas contra las personas que no ponen en peligro la vida o la integridad de cualquier persona.

Todas las miradas puestas en Bulgaria

Ahora la fiscalía debe investigar lo que sucedió realmente de la forma más rápida, imparcial y completa posible. Hay que poner fin a la tendencia vergonzosa de los fiscales búlgaros a demostrar parcialidad en favor de la policía en los casos en los que estas se han cobrado una vida humana. En numerosos casos del mismo tipo, la fiscalía del Estado encubre los actos de la policía para que no incurran en responsabilidad penal. Esto ha sido confirmado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en numerosos juicios contra Bulgaria, que sentencian que la investigación de la violencia y del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía es ineficaz y parcial.

Ahora, cuando en Europa, por no hablar de los países de origen de los refugiados, todas las miradas están puestas en Bulgaria, el fiscal general tiene la responsabilidad de asegurar la limpieza de la investigación.