A finales de 2017 y principios de 2018, activistas de la Fundación Panoptykon y de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR) y el abogado Mikołaj Pietrzak presentaron denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El abogado señaló que la vigilancia incontrolada viola no solo su privacidad sino, lo que es más grave, los derechos y libertades de sus clientes. Los activistas añaden que como ciudadanos activos s exponen especialmente a ser objeto de la vigilancia del gobierno.

HFHR lleva años criticando la falta de control de la vigilancia gubernamental

No nos cabe ninguna duda de que los organismos de inteligencia pueden hacer uso de sus amplios poderes sin ningún límite verdadero. Pero no tenemos forma de verificarlo debido a que la ley no permite el acceso a la información acerca de si un individuo ha sido objeto de vigilancia, incluso si esta ha concluido y el individuo no ha sido acusado de nada. Por ello, como ciudadanos, estamos indefensos y no tenemos forma de proteger nuestros derechos.

El Gobierno polaco se ve obligado a responder a las preguntas

El TEDH ha estimado que nuestras denuncias cumplen los requisitos formales y ha comunicado el caso al gobierno polaco, que debe responder a la pregunta de si sus acciones violaron nuestra privacidad (Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) y el derecho a un recurso efectivo (Artículo 13 del CEDH). Cuando el gobierno publique su declaración, podremos comentarla como denunciantes.

No solo está en juego la privacidad

Sin embargo, lo que está en juego no es solo el derecho a la privacidad. Como explica el abogado Mikołaj Pietrzak, la base de la relación abogado-cliente es la confianza, y esta solo puede existir bajo la condición de la confidencialidad. Los abogados están obligados a proteger el secreto profesional, especialmente cuando se trata de la defensa en casos penales. Las leyes actuales lo hacen imposible. Esto infringe los derechos y libertades de sus clientes, y en particular su derecho a la defensa.

El Tribunal Constitucional polaco señaló que la ley debería haber sido modificada en julio de 2014

Sin embargo, las denominadas Ley de vigilancia y Ley contra el terrorismo, aprobadas ambas en 2016, en lugar de frenar la sed de información sobre los ciudadanos de las agencias de inteligencia, ampliaron sus facultades, sin introducir ningún mecanismo de control. A diferencia de otros países de la UE, donde el control independiente de las actividades de estas agencias de inteligencia no sorprende a nadie, Polonia destaca de forma negativa. En un dictamen de junio de 2016 la Comisión de Venecia señaló estas irregularidades. La obligación de informar al interesado sobre el hecho de que ha sido investigado por una agencia de inteligencia y que se ha accedido a sus datos de telecomunicaciones procede de múltiples sentencias del TEDH (por ejemplo, Szabo y Vissy contra Hungría, Saravia contra Alemania o Zakharov contra Rusia) y del TJUE (por ejemplo, Tele2 Sverige).

Los demandantes están representados por la abogada Małgorzata Mączka-Pacholak.