Periodistas internacionales y activistas de derechos humanos han presentado una denuncia contra la Ley del Servicio Federal de Inteligencia ante el Tribunal Constitucional alemán. Una alianza de asociaciones de periodistas y organizaciones de la sociedad civil apoya su caso. La organización miembro de Liberties, Gesellschaft für Freiheitsrechte, también forma parte de la coalición y está coordinando la denuncia constitucional.

Distintos niveles de protección

La ley, en vigor desde enero de 2017, permite que el Servicio Federal de Inteligencia (BND) espíe a los periodistas extranjeros y a cualquier ciudadano no alemán que utilice telecomunicaciones. Esta forma de vigilancia masiva destruye la confianza entre los periodistas y sus fuentes y supone una amenaza para su trabajo. Por ello, los periodistas de investigación han decidido defenderse y cuestionar la constitucionalidad de la ley.

Entre los querellantes se encuentra la ganadora del Premio Nobel Alternativo de este año, Khadija Ismayilova de Azerbaiyán, y el periodista de investigación mexicano Raúl Omos, que fue miembro del equipo internacional de periodistas que analizó los Papeles del Paraíso.

Como ciudadanos no comunitarios, sus comunicaciones pueden ser interceptadas sin restricciones según la Ley sobre el BND, siempre que la intercepción sea para proteger la "capacidad de Alemania para actuar". Los ciudadanos alemanes, sin embargo, están exentos, el Servicio Federal de Inteligencia no puede vigilar sus comunicaciones, y para los ciudadanos de otros países de la UE existen algunas restricciones con respecto a las comunicaciones. Es decir, la ley crea distintos niveles de protección en función de la nacionalidad de una persona.

Lee el artículo de Libertiies de #MeAndMyRights sobre cómo la vigilancia masiva está matando la libertad de expresión y la democracia.

El grado de vigilancia masiva se extiende aún más dado que existe una autorización explícita para que el BND pueda compartir la información con otros servicios de inteligencia.

#NoTrustNoNews

Ulf Buermeyer, presidente de Gesellschaft für Freiheitsrechte, considera que la práctica de compartir información entre distintos servicios de inteligencia es especialmente peligrosa. "La nueva ley genera una situación en la que el servicio de inteligencia alemán ya no puede controlar la información de la vigilancia masiva digital", dijo en una conferencia de prensa en Berlín el 30 de enero de 2018. "Además, supone un enorme peligro para la vida privada de los periodistas y una gran restricción de la libertad de prensa. Esperamos fervientemente que el Tribunal Constitucional, el más importante del país, emita una sentencia pionera que ponga fin a la vigilancia ilimitada del servicio de inteligencia alemán".

Para apoyar el recurso constitucional, la alianza lanzó la campaña pública #NoTrustNoNews.

La denuncia constitucional se presentó a mediados de diciembre de 2017 ante el Tribunal Constitucional en Karlsruhe. La fecha final del juicio es difícil de predecir, pero podría tardar dos años o más antes de que se emita la sentencia.