Un grupo de trabajo contra el contenido de odio formado por el Ministerio de Justicia, empresas y ONG ha presentado sus primeros resultados. Aunque la libertad de expresión puede proteger declaraciones repugnantes, el ministro señala que si se publican llamamientos a la violencia o ataques a la dignidad humana es incitación al odio y es un delito penal. Las empresas deberán eliminar los mensajes que violen la ley 24 horas después de que se denuncien. Netzpolitik.org critica el documento, por vago y no vinculante.No-Nazi.net señala que todavía queda mucho por hacer.