En esta ocasión, el motivo fue la intervención del Defensor del pueblo en el caso de unos activistas LGTB a los que un impresor denegó sus servicios pues estaba en desacuerdo con su modo de vida.

Es la segunda vez que exigen el despido de Adam Bodnar, que fue designado comisionado de derechos humanos de Polonia, es decir, Defensor del pueblo, en septiembre de 2015. Además de las críticas constantes hacia su persona, su cargo ha sufrido recientemente la aprobación de varias decisiones y normativas que lo debilitan.

"Efecto de congelación"

Poco después de que inicara el nuevo mandato del Parlamento en diciembre de 2015, se creó una nueva ley que limitaba significativamente la inmunidad del Defensor del pueblo. La ley, en vigor desde el inicio de junio de 2016, permite que el Ministro de Justicia, que también es el fiscal general del país, pueda retirar la inmunidad del Defensor del pueblo a través de un procedimiento relacionado con una investigación penal.

Otra forma de retirarle su inmunidad en virtud de la ley es a través de una denuncia particular que requiera su presencia ante los tribunales. De acuerdo con el Código Penal polaco, se pueden hacer denuncias privadas por diversos motivos, por ejemplo, la difamación.

Durante el proceso legislativo, el Colegio de Abogados polaco (Naczelna Rada Adwokacka ,NRA) expresó sus dudas acerca de la nueva normativa, haciendo hincapié en que "figuras como la del Comisionado de Derechos Humanos [...] debido a su estatus constitucional y deber de proteger los derechos y libertades de las personas y ciudadanos, así como de su labor de supervisión del poder legislativo y ejecutivo, deberían tener una inmunidad más amplia que la que proponen el proyecto de ley y la regulación actual. Las leyes que limitan la libertad de estas figuras en su área de conocimeinto pueden conducir a un cierto "efecto de congelación" de sus acciones relacionadas con la vigilancia y la supervisión.

También la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha emitido una opinión crítica.

Presupuesto bajo

Otro paso más hacia el debilitamiento de la figura del Comisionado de DDHH fue la decisión tomada por la Comisión de Hacienda Pública en enero de 2016 de no conceder a la oficina del Defensor el presupuesto que había solicitado y justificado minuciosamente.

En 2015, el presupuesto del Defensor del pueblo era de más de 9,5 millones de euros (38 millones de zloty). En 2016 solicitó un aumento a 11 millones de euros.

La cantidad solicitada era para cubrir el coste de la renovación de la sede y ejecutar las nuevas tareas de las que se había encargado la Oficina en los últimos años, como por ejemplo, las visitas a los centros de detención como parte del Programa Nacional de Prevención, el control del cumplimiento de las normas de igualdad de trato, el seguimiento de la aplicación del Convenio sobre derechos de personas con discapacidad, o el seguimiento de comportamientos inadecuados de la policía y otras fuerzas.

Sin embargo, tras la aprobación de las modificaciones de la mayoría parlamentaria, el presupuesto se redujo en 2,5 millones de euros (10 millones PLN), una reducción de más del 20 por ciento.

El Defensor del pueblo advierte que "la reducción del presupuesto de la oficina en 2016 tendrá como consecuencia la limitación de las visitas a los centros de detención, que ya de por sí tienen un alcance considerado insuficiente por organismos internacionales.

Primera exigencia de despido

En abril de 2016, la organización nacionalista de extrema derecha, Campamento Nacional Radical (ONR) organizó su 82º aniversario. En Bialystok, noreste de Polonia, hubo una marcha que terminó con un concierto junto a una residencia donde viven tanto estudiantes internacionales como polacos. La Oficina de Intercambio Internacional de la Universidad de Tecnología de Bialystok advirtió a los estudiantes Erasmus sobre la celebración de este acto y aconsejó a todos los estudiantes que no salieran de sus habitaciones ese día.

El Defensor del pueblo investigó las celebraciones. Como consecuencia, ONR emitió un comunicado que acusaba al Defensor del pueblo de "segregar conscientemente a los ciudadanos, calificándoles de "peor" y "mejor" mediante la aplicación de criterios ideológicos".

Según ONR, Adam Bodnar rompió el juramento que hizo cuando fue nombrado al cargo, lo que puede suponer un motivo para su despido.