Las administraciones locales húngaras están tratando de superarse unas a otras mediante la creación de reglamentos con el objetivo real y a menudo explícito de deshacerse de los ciudadanos de origen gitanos. Además de la obvia intención de excluir, el cinismo con el que se ha defendido su legalidad merece especial atención: se necesitarían años para derogar todos estos reglamentos discriminatorios creados caprichosamente.

Sátoraljaújhely, una ciudad cerca de Miskolc, ha introducido normas increíbles a través de una ordenanza municipal que el Gobierno local describe como "autodefensiva". En una carta a la Oficina de Gobierno del Condado de Baz, Hungarian Civil Liberties Union ha señalado su preocupación en relación con la constitucionalidad y legalidad de esta supuesta ordenanza municipal, que en realidad está desprovista de disposiciones que puedan considerarse legales, a excepción de la numeración de sus secciones. La Oficina tiene algunas objeciones contra este extraño documento, puesto que nos ha informado de su intención de hacer un llamado al Consejo Municipal para que respete la legalidad.

El municipio de Miskolc adota un reglamento particularmente discriminatorio

La nueva regulación representa un esfuerzo para sacar a los inquilinos de viviendas sociales humildes de la ciudad claramente, aunque indirectamente, discriminatorio con el pueblo gitano. Por lo tanto, apelamos ante el Defensor del Pueblo, pidiéndole que solicite una revisión constitucional del reglamento modificado. En este escrito a la Oficina del Comisionado para los Derechos Fundamentales (la Oficina del Defensor del Pueblo), observamos que la llamativa iniciativa legal del ayuntamiento es, además, peligrosa porque fomenta la aprobación de nuevas ordenanzas municipales que violarían gravemente los derechos fundamentales. Esto surge de alcaldes de varias localidades colindantes que, tras escuchar sobre la regulación en Miskolc, anunciaron sus propias reacciones "autodefensivas": ¡Miskolc no debería exportar su miseria!

Por un lado, esta respuesta es comprensible: estamos de acuerdo que Miskolc tiene muchas más herramientas a su disposición para mejorar la situación de personas que viven en la extrema pobreza que, por ejemplo, Nyékládháza. Sin embargo, el hecho es que una reacción de "autodefensa" apenas puede adoptar una forma constitucional aceptable. Por otra parte, se entiende que está dirigida contra la pobreza gitana, y no la pobreza como tal, allanando el camino, así sea de manera implícita, para más reglamentos contra los gitanos.

Sin duda, el caso de Sátoraljaújhely lo confirma. Es difícilmente factible que las personas afectadas por el reglamento aprobado en Miskolc puedan emigrar masivamente a esta ciudad en la frontera eslovaca, a unos 86 kilómetros de Miskolc. Pero, ¿a quién le importa? Se trata de declarar, de manera militante (especialmente en vísperas de comicios locales): "¡Aquí no queremos gitanos!"

A nadie le preocupa la legalidad de los nuevos reglamentos

Al parecer, el alcalde ha aprendido de su colega en Miskolc: la administración local no tiene en cuenta el hecho de que, entretanto, todas las personas de origen romaní son estigmatizadas por las declaraciones que presentan a los residentes de viviendas de interés social como gente problemática y no deseada, y que los reglamentos impuestos también afectan a aquellas personas que tienen debidamente pagado su alquiler y respetan las normas de su contrato de alquiler. La regulación introducida en Miskolc el mayo pasado en realidad se refiere a personas que abandonaron sus viviendas sociales en base a un acuerdo común con el Gobierno local, que actua como dueño de la propiedad.

En el Consejo Municipal prácticamente a nadie le preocupa su legalidad. El Reglamento ha sido adoptado a pesar de la advertencia explícita del notario en cuanto a su ilegalidad. El alcalde cree que la legalidad de una ordenanza no debe abordarse por los miembros del Consejo, ya que un tribunal se demoraría años en tomar una decisión sobre el asunto de todos modos. Así que de momento, ¿por qué no mantener vigente un reglamento ilegal?

La crueldad de la ordenanza concebida en tales circunstancias va más allá de lo imaginable: excluiría, en caso que alguien quiera seguir viviendo allí, a aquellas personas sometidas a la ordenanza de cualquier apoyo o ayuda municipal así como de los servicios de administración de deuda, del derecho a adquirir bienes o arrendar permanentemente bienes inmuebles que sean propiedad del Municipio y, en efecto, de la realización de obras públicas también.

Lo triste es que esto no es una broma de mal gusto sino la realidad húngara, que ha producido este "reglamento legal" con un período de validez desconocido.