Cuando confiamos en unos políticos para que nos gobiernen, queremos que hagan lo mejor para todos. En los próximos meses navegaremos a través de la pandemia del coronavirus. Esperamos que los gobiernos usen los poderes que les hemos otorgado para mantenernos seguros y dar apoyo a todos los que lo necesiten. A veces tienen que pedirle a la sociedad que temporalmente acepte una paralización de algunas de nuestras libertades. Esto solo puede suceder cuando el peligro es grave. Se denomina "estado de alarma".

¿De qué tipo de libertades estamos hablando?

Somos personas sociales. Nos gusta viajar, movernos, juntarnos con amigos y familia, ir a conciertos, eventos deportivos, a la iglesia o al trabajo. Y por eso existe el derecho humano a la "libre circulación" y a la "reunión". Pero si empleamos estas libertades para reunirnos en grandes grupos en un momento en el que existe un virus peligroso, podemos acabar ayudando a que se extienda.

Asimismo, a todos nos gusta disponer de nuestro propio espacio íntimo, para intercambiar opiniones, leer las noticias o ir a lugares con la garantía de que nadie nos está mirando. Por eso existe el derecho a la privacidad, que nos permite mantener la información personal para nosotros mismos. Todo el mundo utiliza Internet y tiene teléfonos móviles. Así que mucha información sobre nuestras vidas queda registrada en línea. Muchos gobiernos quieren disponer de esa información personal y usarla para saber quién está infectado, dónde ha estado y si hay más personas en su casa.

¿Cuál es el problema?

A veces, los gobiernos van demasiado lejos limitando nuestras libertades o mantienen esas restricciones durante más tiempo del necesario, como hemos comprobado tras los ataques terroristas en Europa hace unos años. Muchos gobiernos otorgaron poderes a las fuerzas de seguridad para espiarnos, prohibir protestas y registrar y detener a personas sin necesidad de pruebas. Muchos de estos límites a nuestras libertades siguen vigentes. Y al final, ninguno de estos poderes sirvió para prevenir o castigar el terrorismo.

Hoy en día, muchos gobiernos de la UE están usando nuestra información personal para rastrear a dónde vamos o cómo nos sentimos. Esto podría estar bien, si la información se utilizara únicamente para luchar contra el coronavirus, se borrara tras un corto plazo y se dejara de recoger cuando acabe la pandemia. De esa forma, la invasión de nuestra privacidad se mantendría en un mínimo y podría ayudar a salvar gente. Pero algunos gobiernos de la UE están pidiendo a las compañías telefónicas que entreguen toda la información que tienen sobre nosotros sin ninguna de estas limitaciones de seguridad. No sabemos cuánto tiempo conservarán esta información, para qué la usarán en el futuro y si en algún momento dejarán de recopilarla.

Muchos gobiernos, como el británico, el italiano y el francés, también han aprobado leyes que permiten que la policía detenga a personas que no respetan el confinamiento o si sospechan que son portadoras del virus. En Reino Unido, estos poderes se mantendrán durante dos años, probablemente mucho más tiempo del que realmente se necesita. En Italia y Francia deberán reactivarse cada pocas semanas o meses.

¿Cómo recuperamos nuestras libertades?

Imagina una nueva ley que permitiera que la policía cogiera tu coche para poder entregar medicinas y salvar vidas. Probablemente estarías encantado de colaborar. ¿Pero no querrías una garantía de que recuperarías tu coche lo antes posible? ¿Y de que la policía no pudiera usarlo para otra cosa, como por ejemplo: irse a la playa? Probablemente también te gustaría poder contar con un juez independiente al que acudir y que garantizara estas cuestiones. Lo mismo ocurre con nuestras libertades, como la privacidad o la posibilidad de movernos o conocer a otras personas.

Por eso existe el derecho humano a tribunales independientes, cuya función es controlar a los gobiernos cuando restringen nuestras libertades. Los jueces garantizan que nuestros líderes no nos quiten más de lo que realmente es necesario. También de que recuperemos nuestras libertades tan pronto como sea posible. Y lo mismo ocurre con nuestros representantes en el parlamento. Tenemos el derecho humano de elegir a los diputados votando en las elecciones. Y su trabajo es garantizar que los ministros no nos quiten demasiadas libertades o por demasiado tiempo. En los siguientes artículos, explicaremos cómo también dependemos de periodistas independientes y de activistas que defiendan los derechos humanos y la democracia para asegurarnos de que los ministros no abusen de los poderes que se les habían conferido.

En países como Hungría, que no hay tribunales independientes o elecciones justas o donde el gobierno controla la mayoría de los medios de comunicación y ataca a los activistas, es más difícil utilizar nuestros derechos para recuperar nuestras libertades. El gobierno húngaro parece que está aprovechando el coronavirus para avanzar todavía más hacia la creación de una dictadura. Por ejemplo, el primer ministro Orbán quiere aprobar una ley que permita al gobierno encarcelar a los periodistas que lo critican. Desgraciadamente, la Unión Europea no está haciendo mucho para proteger la democracia allí. Por eso es importante que todos entendamos, usemos y nos aferremos a los derechos y libertades que tenemos.