Ante la inminente aprobación del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Rights International Spain y el Consejo General de la Abogacía Española nos hemos dirigimos a la Relatora Especial de la ONU sobre independencia de los magistrados y abogado. De aprobarse el Proyecto de Ley supondrá que menos personas podrán beneficiarse de ese derecho. Se quiebra el principio de capacidad económica del solicitante y provoca discriminación entre los ciudadanos. El Proyecto de Ley extiende el derecho a la justicia gratuita, a pesar de que puedan disponer de recursos suficientes para litigar, para víctimas de determinados delitos que el gobierno ha elegido a su criterio, privilegiando (discriminando) a unas víctimas frente a otras. Además, se excluye como posibles beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos extranjeros (de un Estado no miembro de la Unión Europea) que se encuentren de forma irregular en España. Tampoco se incluyen partidas presupuestarias adecuadas para los servicios de asistencia jurídica que sean proporcionados a las necesidades del sistema. En definitiva, el Proyecto de Ley supone un retroceso y un obstáculo al acceso a la justicia en España.