El acceso a la información limitado
A mediados de septiembre, el Centro de Registros lituano decidió poner fin un servicio que ofrecen desde hace mucho tiempo y que proporciona información a los periodistas que la soliciten oficialmente de forma gratuita. Según los representantes del Centro, esta práctica era ilegal, pues no estaba prescrita por la ley. Alegan que los periodistas, en su calidad de sujetos que ejercen un servicio comercial, deberían pagar por la información proporcionada por el Centro de Registros según a las tarifas comerciales estándar.
Los periodistas lituanos hicieron un llamamiento público a las autoridades, señalando que esto constituye una "violación grave de la libertad de recoger, recibir y difundir información libremente, garantizada por la ley y la Constitución".
La grabación de la audiencia del gobierno fue destruida
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones respondió a la indignación suscitada con un proyecto de enmienda a la ley que permitía que los periodistas seguieran recibiendo información del Centro de forma gratuita. Sin embargo, en una audiencia gubernamental, se decidió no aprobar el proyecto y devolverlo al Ministerio para su modificación. Extraoficialmente, se dice que el propio primer ministro estaba en contra de la propuesta favorable a los medios de comunicación.
Cuando los periodistas solicitaron el acceso a la grabación de la audiencia, se les denegó inicialmente por motivos de confidencialidad. Unos días después, la grabación fue destruida.
A pesar de que algunas semanas después, el gobierno emitió un decreto temporal para restablecer el libre acceso al Centro de Registros para periodistas en un futuro próximo, todavía no se sabe nada sobre la restauración de la grabación de audio.
Desafío a la libertad de expresión
Human Rights Monitoring Institute (HRMI) señala que dado que tanto la audiencia del gobierno como la decisión adoptada han suscitado un intenso debato público, la grabación debería considerarse un documento de interés público y haber sido publicada, no destruida. De acuerdo con los expertos de HRMI, este tipo de acciones obstaculizan la capacidad de los medios de comunicación de recopilar información sobre temas que son importantes para la sociedad, y privan a la población de su derecho a estar informada sobre los temas que le afectan.
El presidente lituano hizo referencia a la situación y afirmó que "la mayoría de los países llevan tiempo facilitando el acceso a datos abiertos debido a su impacto positivo en la economía, en el desarrollo de la innovación, en el desarrollo del Estado y en la vida diaria de los ciudadanos".
Desde entonces, varios cientos de personas han protestado frente al Palacio de Gobierno. Los manifestantes exigen que no se limite la libertad de los medios de comunicación y se permita que los periodistas tengan acceso abierto a los datos del Centro de Registros.
Para elaborar este artículo se han consultado las sigiuentes fuentes: [1]; [2]; [3]; [4].