Las víctimas de brutalida policial en la República Checa no tienen cceso a la justicia y se ven frecuentemente forzadas a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos dada la negligencia del estado a la hora de investicar y perseguir judicialmente estos casos.

"Hemos ayudado a un hombre, por ejemplo, que fue encerrado ilegalmente por la policía en una celda, golpeado y humillado. En otro caso, hemos ayudado a los familiares del joven que murió en extrañas circunstancias en las dependencias policiales", dijo un miembro de la Liga de los Derechos Humanos, que ha conseguido recientemente la indemnización por daños para estos casos.

Un problema recurrente a la hora de asistir a las víctimas en la República Checa es el fracaso absoluto de parte de la Inspección General de las Fuerzas de Seguridad (IGFS) que no cumple con su función de investigar casos por sospechas de trato inhumano y degradante. De hecho, se ha presentado recientemente una denuncia contra el IGFS ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su incapacidad para investigar casos de abuso.

En marzo de 2014, con motivo del Día internacional contra la brutalidad policial, se presentó una denuncia contra el director del IGFS por su dejación de funciones en investigación de los casos de violencia policial, pero también por sospechas de corrupción. Según varias fuentes independientes, han desaparecido unos 7 millones de coronas de un fondo destinado a pagar confidentes policiales, cuyo uso no corresponde al objetivo para el que estaban destinados. Sin embargo, el Ministerio público se negó a admitir la denuncia.

Falta de supervisión

El gobierno carece asimismo de cualquier tipo de supervisión del funcionamiento del IGFS. El gobierno sostiene que el IGFS es un órgano independiente y que no tiene ninguna función de control sobre ella. El sentido común prescribe que el IGFS debe ser independiente de aquellos a los que investiga, pero no independiente de cualquier control.

Un ejemplo de brutalidad policial impune es la historia de la cobertura de una redada de la policía. Un cámara recibió un golpe inesperado en las costillas de un miembro de la policía antidisturbios, que le provocó la rotura de cuatro costillas, varias semanas de dolores durante la recuperación e incluso encharcamiento de agua en los pulmones.

El cámara presentó una denuncia y asistió a las audiencias de las investigaciones de su agresión, que fue presenciado por varios testigos, peor poco después su caso se vio aplazado por razones desconocidas. Cuando se hizo evidente que el fiscal no iba a seguir el caso, la policía checa decidió contra toda lógica que la "intervención" de la policía había sido correcta, y que por el contrario el delito había sido responsabilidad del cámara herido.