Tergiversar los hechos, nombrarles de forma pintoresca, sembrar la desinformación en los medios de comunicación, aprobar normativas turbias a nivel legal para frenar su trabajo... es el plan de acción de los populistas que tratan de desacreditar a la sociedad civil.

Y en Bulgaria se está implementando al dedillo. El partido VMRO-Movimiento Nacional Búlgaro de la coalición gobernante está intentando disolver el Bulgarian Helsinki Committee (Comité Helsinki búlgaro, BHC por sus siglas en inglés), la organización de derechos humanos más grande y prestigiosa del país y miembro de la red Liberties. Es el último ejemplo preocupante de un gobierno europeo que intenta silenciar las voces críticas de las organizaciones de la sociedad civil.

Política y publicidad

El VMRO, dirigido por el viceprimer ministro Krasimir Karakachanov, considera que BHC y otras organizaciones de derechos humanos son una molestia innecesaria para el gobierno y un insulto a la nación. Pero su esfuerzo actual por deshacerse de BHC también parece ser, al menos en parte, un truco publicitario para sacar el mayor partido del foco actual de los medios de comunicación en el caso de Paul "Jock" Palfreeman.

Palfreeman, ciudadano australiano, fue condenado en 2009 por asesinar a un estudiante búlgaro dos años antes. Se le condenó a 20 años de cárcel, aunque él siempre ha defendido su inocencia. BHC le prestó asistencia jurídica, primero en su intento de conseguir que se le extraditara a Australia para cumplir su condena y, más adelante, para lograr la libertad condicional en Bulgaria.

El 19 de septiembre, una sala de tres jueces del Tribunal de Apelación de Sofía concedió a Palfreeman la libertad condicional. La decisión provocó una reacción violenta de los nacionalistas y de la extrema derecha, siendo VMRO uno de los más enérgicos en condenar la sentencia. Y ahora, como era de esperar, el partido trata de capitalizar la atención de los medios de comunicación criminalizando a la organización que ayudó a Palfreeman.

El fiscal general de Bulgaria anunció el 8 de octubre que no iniciaría procedimientos de cancelación de la inscripción contra BHC. Pero fue una victoria fugaz. Casi inmediatamente VMRO anunció que llevaría su solicitud directamente a los tribunales (una posibilidad dentro de la legislación búlgara). Las continuas amenazas a BHC han provocado una protesta internacional en la que 110 ONG declararon su solidaridad con la organización.

Los ataques pueden tener consecuencias siniestras

No es la primera vez que VMRO ataca al Comité Helsinki de Bulgaria. En 2014, el partido escribió a la Agencia Tributaria Nacional exigiendo que auditara las finanzas de la organización. La auditoría no reveló ninguna irregularidad. En 2016, VMRO pidió al fiscal general que procesara al director de BHC, Krassimir Kanev, por "sabotaje". Para VMRO, el "sabotaje" en cuestión era el llamamiento de Kanev a que se protegieran más los derechos LGBT en Bulgaria. El fiscal rechazó la solicitud.

A pesar de que los diversos ataques de VMRO no lleguen a culminarse, generan daños. Cualquier ataque público contra organizaciones de la sociedad civil refuerza las acusaciones falsas contra estas y siembra desconfianza entre la sociedad en general. Además, puede tener consecuencias siniestras, incluida la violencia física contra activistas de derechos humanos, como le ocurrió a Kanev en 2016.

La UE se fundó precisamente en base a los mismos valores por los que trabajan las organizaciones de la sociedad civil cada día: la democracia, el Estado de derecho, los derechos fundamentales, la igualdad. Y sin embargo, a día de hoy, estos valores están siendo cada vez más atacados desde dentro, y la UE no está haciendo lo suficiente para defenderlos. El nuevo fondo de valores de la Unión, que apoyará el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la UE, debería contar con toda la financiación necesaria y las facultades para proteger los valores europeos.

En Liberties esperamos que el sentido común se imponga sobre la manipulación política y que los ciudadanos lleguen a comprender que la prohibición de una prestigiosa organización de derechos humanos en un Estado miembro de la UE no solo constituye un ataque inaceptable contra esta, sino también un ataque contra los valores europeos.