Amenazas sistemáticas al Estado de Derecho en España

La crisis económica ha propiciado un aumento del número de personas que ejercen su derecho a la libertad de reunión. La ciudadanía se ha servido de este derecho fundamental para manifestarse en contra de reformas o para pedir cambios. Las manifestaciones han sido una herramienta para oponerse a las medidas de austeridad, como por ejemplo los recortes en el gasto en sanidad y educación, los desahucios de viviendas por parte de los bancos y la venta de productos financieros tóxicos (preferentes), la corrupción política, y las propuestas de reforma de las normas que regulan el aborto. Desde el comienzo de la crisis (2008), el número de manifestaciones ha aumentado un 283%.

Las manifestaciones también han sido una herramienta para exigir más transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones y para oponerse a las restricciones a los derechos de libertad de reunión pacífica y expresión. Las protestas se han llevado a cabo, entre otros lugares, frente a edificios del Gobierno, residencias oficiales (escraches) y bancos, así como en viviendas particulares para evitar desahucios. En un principio, el Gobierno intentó restringir y disuadir a la gente de protestar pacíficamente mediante denuncias penales y multas administrativas. Sin embargo, los ciudadanos lograron oponerse con éxito a estas medidas ante los tribunales.

La crisis ha llevado también a que más personas utilicen los tribunales para defender otros derechos, por ejemplo el derecho a la vivienda (dado el aumento de los desahucios), o el derecho a la propiedad (puesto que muchos están intentando recuperar los ahorros invertidos en preferentes). Las solicitudes de justicia gratuita han aumentado enormemente en los últimos años. El Gobierno ha reaccionado poniendo trabas a la utilización de los tribunales por parte de los ciudadanos para defender sus derechos contra las autoridades y las grandes empresas. Las reformas legislativas tienen como objetivo debilitar el sistema judicial al reducir su eficacia e independencia, y hacer que sea más difícil que los particulares presenten demandas en los tribunales introduciendo barreras económicas para asegurar que menos personas puedan acceder a un abogado de oficio.

Algunas de las reformas ya han sido aprobadas, mientras que otras se están tramitando todavía. En su conjunto, este paquete de medidas socava gravemente el Estado de Derecho:

El Proyecto de Ley de Justicia Gratuita impide que los particulares accedan a la Justicia y a una revisión judicial efectiva al restringir gravemente el acceso a un abogado de oficio.

Los nuevos límites que se incluyen en el proyecto de ley suponen que una parte considerable de la población no podrá acceder a un abogado de oficio, aunque no puedan permitirse acudir a los tribunales para defender sus derechos. Otro indicador que pone en evidencia la falta de compromiso para hacer accesible el sistema judicial en España es el presupuesto destinado a la justicia gratuita: España invierte 0,80 euros/habitante frente a la media europea de 8,63 euros. En los últimos años, entre el 25% y el 35% de las personas se han visto privadas de su derecho de acceso a la justicia.

La Ley de Tasas Judiciales, vigente desde 2012, es discriminatoria porque produce un impacto desproporcionado en las PyMES en comparación con las grandes empresas, como los bancos y las compañías de seguros.

La reforma parcial introducida en 2015 no ha logrado solucionar los problemas creados por imposición de las tasas judiciales. Las personas que pagaron tasas judiciales entre diciembre de 2012 y febrero de 2015 para poder litigar y proteger sus derechos no serán reembolsadas. Los particulares que perdieron su derecho a litigar porque no podían pagar las tasas judiciales no serán indemnizados. El dinero recaudado con las tasas judiciales (aproximadamente 540 millones de euros) no ha sido destinado al sistema judicial o a la prestación del servicio de justicia gratuita.

El sistema judicial se encuentra saturado y sin medios materiales. Esta situación provoca largos retrasos en los procedimientos judiciales que socavan aún más el derecho de acceso a la justicia.

El Gobierno ha propuesto reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para paliar la falta de recursos. Sin embargo, estas medidas son parciales e insuficientes. Se necesitan reformas integrales que reestructuren y modernicen el sistema judicial, además de recursos humanos y económicos suficientes. De hecho, el presupuesto destinado a la Justicia en euros por habitante cayó de manera drástica entre 2010 y 2012 -de aproximadamente 90 euros/habitante a menos de 30 euros/habitante-, y está entre los más bajos de Europa. El presupuesto para la Justicia siguió bajando en 2013 (un 4,21%) y en 2014 (un 2,13%). España está también entre los países europeos con menor número de jueces por habitante (con tan sólo 10 jueces por 100.000 habitantes aproximadamente) y obtiene una mala calificación en cuanto a la percepción social de la independencia judicial.

La falta de recursos debilita también la capacidad del sistema judicial para equilibrar la fuerza del poder ejecutivo y el legislativo. La reforma de 2013 de la Ley del Consejo General del Poder Judicial, combinada con la práctica habitual de injerencias políticas, amenaza todavía más la independencia judicial.

La nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal han introducido preceptos vagos y generales que podrían otorgar un margen de discreción excesivamente amplio a las autoridades y llevar a la aplicación arbitraria de sanciones penales y administrativas. Estas leyes amenazan los derechos de libertad de reunión pacífica y expresión, pilares esenciales de una sociedad democrática y plural. Varios relatores especiales de la ONU han expresado su preocupación de que estas reformas, que amenazan con violar derechos y libertades fundamentales, puedan constituir la respuesta del Gobierno español a las numerosas manifestaciones que han tenido lugar en España en los últimos años.

La manera en la que se ha adoptado el paquete de reformas propuestas choca con otro valor esencial inherente al Estado de Derecho: "un procedimiento legislativo transparente, con responsabilidad, democrático y plural”. El Gobierno no ha llevado a cabo una verdadera consulta con las partes implicadas, como la sociedad civil y los expertos en derechos humanos, ni ha tenido en cuenta sus puntos de vista. Muchas de las reformas propuestas mencionadas más arriba están formuladas en términos excesivamente vagos y generales, socavando el principio de legalidad.

El nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho

Los derechos humanos, la Justicia y el Estado de Derecho están relacionados entre sí y constituyen los valores esenciales en los que se fundamenta la UE. Cualquier intento de atacar estos valores, que todos los países de la UE deben defender, debilita la confianza mutua necesaria entre los distintos Estados miembros para que la UE funcione, además de los compromisos adquiridos por los Gobiernos nacionales y la Unión hacia sus ciudadanos. La Comisión Europea declaró que "en casos en los que los mecanismos establecidos a nivel nacional para garantizar el Estado de Derecho dejen de funcionar adecuadamente, se produce una amenaza sistemática al Estado de Derecho, y por ende, al funcionamiento de la UE (…). En esta situación, La UE debe actuar para proteger el Estado de Derecho como valor común de la Unión.”

Con este fin, la Comisión ha puesto en marcha un nuevo marco que garantice el Estado de Derecho frente a amenazas sistemáticas. Este nuevo marco es complementario a otros mecanismos existentes y su objetivo es “permitir a la Comisión encontrar una solución con el Estado Miembro de que se trate, a fin de evitar [que la] amenaza sistemática al Estado de Derecho […] se convierta en un “claro riesgo de seria violación” a los efectos del artículo 7 del TUE”.

Los principios básicos que guían el Estado de Derecho establecidos en el Marco de la UE para fortalecer el Estado de derecho incluyen: (i) acceso a la justicia y revisión judicial independiente y efectiva; (ii) igualdad ante la ley y no discriminación; (iii) separación de poderes e independencia judicial; (iv) seguridad jurídica y respeto a los derechos humanos; y (v) un procedimiento legislativo transparente, responsable, democrático y plural.

Los principios y valores de la UE están amenazados en España. Alza tu voz y exige que la Comisión Europea actúe de inmediato para intensificar su escrutinio de la situación en España y emprender una evaluación de conformidad con el marco del Estado de Derecho.