Antes de que la Comisión Europea anunciara el lunes que remitiría a Polonia al Tribunal de Justicia Europeo por una ley que obliga a 27 de sus 72 jueces del Tribunal Supremo, incluido el presidente, a la jubilación anticipada, ya se intuía que esto iba suceder. Es la última de una larga lista de medidas regresivas destinadas a dejar los tribunales bajo el control del gobierno desde que el partido Ley y Justicia llegó al poder a finales de 2015.

No hay tiempo que perder

Quienes han seguido los recientes acontecimientos en la UE saben que Polonia está bajo el escrutinio de otros gobiernos en el Consejo en virtud del procedimiento del Artículo 7. (Si quieres saber más sobre lo que implica este artículo, pincha aquí). Para que el procedimiento avance, al menos 22 gobiernos tienen que votar a favor de una declaración que afirme que la situación en Polonia corre el riesgo de constituir una amenaza grave para el Estado de derecho. No obstante, no está claro que la Comisión vaya a lograr todos los votos necesarios, algunos gobiernos temen que si siguen adelante con este proceso, ellos podrían ser los siguientes. Sin embargo, la jubilación forzada de los jueces de alto rango podría causar un daño irreversible al sistema judicial del país y por ello, esperar a que los gobiernos de la UE se pongan de acuerdo no supone realmente una opción.

En lugar de esperar a que los gobiernos logren encontrar su conciencia colectiva, la Comisión remitió esta última ley al Tribunal de Justicia para que sean los jueces los que dictaminen acerca de su legalidad. Y, puesto que los casos pueden tardar años en resolverse, dio un paso más y solicitó al Tribunal una orden de emergencia provisional (una "medida provisional") que ordenarar al gobierno polaco la suspensión de la aplicación de la ley hasta que el tribunal luxemburgués dicte una sentencia definitiva.

La ley en cuestión entró en vigor el 3 de abril de este año y permite que los jueces afectados soliciten que sus cargos se prorroguen tres años más. Sin embargo, esta debe ser concedida por el presidente polaco. El presidente puede consultar al Consejo Nacional del Poder Judicial, aunque su punto de vista no es legalmente vinculantes, y además, este tampoco está a la altura de los estándares europeos sobre independencia judicial, de hecho, a principios de este mismo mes, fue suspendido de la Red Europea de Consejos del Poder Juficial. Es decir, a efectos prácticos, el presidente puede decidir con total discreción qué jueces pueden continuar, o no, en su cargo.

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Una sentencia podría ejercer presión

¿Cuál es la conexión entre el Artículo 7 y este caso judicial?

La Comisión puso en marcha el Artículo 7 a finales del año pasado debido a que el gobierno polaco se negó a aplicar ni una sola de las recomendaciones que se le hicieron durante los dos años de negociaciones en el marco de un procedimiento menos formal, el "marco del Estado de derecho". El 18 de septiembre, los ministros de la UE celebraron su segunda audiencia sobre Polonia en virtus del procedimiento del Artículo 7, y Varsovia de nuevo se mostró poco dispuesta a abordar las preocupaciones expresadas por la Comisión. Este procedimiento continua junto con el caso judicial, en un intento de revertir la larga lista de cambios perjudiciales realizados por el gobierno.

La ventaja de llevar el caso al tribunal de la UE, en lugar de esperar a que los gobiernos resuelvan el asunto políticamente, es que será más difícil que el gobierno polaco venda una sentencia judicial negativa en su contra como si se tratara de una conspiración política. Y si dictamina que Polonia está violando las normas de la UE -y esta se niega a obedecer la sentencia, cosa que ha insinuado- los gobiernos que se muestran reacios a votar sobre el Artículo 7 se verán más presionados a cambiar de actitud. Todo el sistema jurídico de la UE, que rige el comercio, los desplazamientos y otras formas de cooperación entre sus gobiernos, depende de que todos los países cumplan las sentencias de sus tribunales. Un gobierno que no esté dispuesto a apoyar el Artículo 7 en esa situación estaría socavando el ordenamiento jurídico que permite el funcionamiento de la Unión.