"Organizaciones apoyadas desde el exterior" es la categoría en la que entran las ONG que reciben más de 24.000 euros anuales (7,2 millones de HUF) en donaciones de fuera del país según una ley húngara que establece nuevas obligaciones, restricciones y multas para las organizaciones de la sociedad civil. La ley, aprobada el 13 de junio, que copia el ejemplo ruso e israelí ha sido acompañada por una campaña de difamación contra las ONG.

Liberties, junto con nuestros socios y miembros, lleva pidiendo que se elimine esta ley desde que empezó a circular el borrador. Nos reunimos con parlamentarios y otros cargos en Bruselas y lanzamos una petición en Avaaz, seguida de varios comunicados y una carta a la Comisión firmada por Liberties, Hungarian Civil Liberties Union y Hungarian Helsinki Committee. También realizamos un informe en colaboración con nuestros socios para ofrecer un breve análisis acerca de la concordancia del proyecto de ley con las normas de la UE. Mientras tanto, la Comisión, en un movimiento proactivo, fuera de lo habitual, criticó la ley antes de que la aprobara el parlamento húngaro y, tras su aprobación, inició inmediatamente su propia investigación legal.

Pincha aquí para ver la carta que enviamos al vicepresidente Timmermans

El jueves, la Comisión inició un procedimiento que terminará en el Tribunal de Justicia de la UE, a no ser que Hungría adapte rápidamente la nueva ley a las normas de la UE. El gobierno de Orbán ha recibido 30 días para responder a la carta de notificación de la Comisión. Un portavoz de Bruselas dijo a la prensa que "la Comisión constató que los nuevos requisitos de registro, presentación de informes y transparencia de las ONG infringen la legislación de la UE y, en concreto, interfieren con los derechos fundamentales consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales, especialmente con el derecho a la protección de la vida privada y personal. Además, constituye una restricción injustificada y desproporcionada de la libre circulación de capitales".

Frans Timmermans, vicepresidente primero de la CE, declaró:

"La sociedad civil es el tejido mismo de nuestras sociedades democráticas y, por lo tanto, no se puede restringir su trabajo indebidamente. Hemos estudiado cuidadosamente la nueva Ley de ONG y hemos llegado a la conclusión de que no cumple con la legislación de la UE. Esperamos que el gobierno húngaro inicie un diálogo para resolver esta cuestión tan pronto como sea posible".

Israel Butler, jefe de campañas de derechos de Liberties, señala:

"La decisión de la Comisión de iniciar un procedimiento judicial es una evolución muy positiva, pero no es suficiente. El gobierno húngaro lleva desde el año 2010 desmantelando toda la estructura estatal destinada a sostener la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales. La Comisión solo podrá resolver este problema analizando la situación desde un marco estructural más amplio. Para ello tiene que activar su marco de Estado de derecho, igual que hizo en el caso de Polonia, para eso se creó el mecanismo. Tratar etsa cuestiones caso a caso, investigando las infracciones técnicas individuales de la legislación de la UE cuando el sistema entero está destrozado es como cambiar los neumáticos de un coche sin motor".

LEE NUESTRO BREVE COMUNICADO SOBRE ESTA CUESTIÓN

La Comisión también ha decidido pasar a la segunda fase de sus procedimientos judiciales contra el gobierno húngaro por su Ley de educación superior que tiene por objeto forzar el cierre de la Universidad Centroeuropea de Budapest.