La orden provisional que prohibe la publicación del primer número de la revista Médor, sitúa la importancia de los intereses económicos privados por delante del derecho a la información de los ciudadanos. Asímismo, está en contradicción directa con la Constitución belga y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El 18 de noviembre, el presidente del Tribunal de Primera Instancia de Namur, aprobó la demanda de Mithra Pharmaceuticals y ordenó la paralización inmediata de la publicación de la revista Médor, bajo amenaza de multas astronómicas.

Reinan los intereses privados

Mithra interpuso la demanda con objeto de paralizar la publicación de la investigación de la revista sobre posibles irregularidades en las relaciones entre la empresa valona y las autoridades públicas. Este tema es, obviamente, de interés general.

En un caso sin procedimiento contencioso previo -muy raro en Bélgica- el juez legitimó la intrusión de intereses privados en el derecho a la información de los ciudadanos. Esta decisión unilateral no solo pone en peligro la libertad de información, sino que, además, la base legal para esta censura es más que cuestionable.

Un error en la sentencia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció en 2011 en el caso de RTBF v. Bélgica que las bases legales utilizadas para justificar la censura de material de prensa en Bélgica – concretamente los Artículos 18, 19, 584 y 1039 del ordenamiento jurídico y el Artículo 1382 del código civil – no se pueden considerar "textos legales específicos" y no preponderan sobre la libertad de expresión protegida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La decisión del tribunal de Namur es tanto una violación de la Constitución belga (Artículo 19, que garantiza la libertad de expresión, y Artículo 25, que garantiza la libertad de prensa) como del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La Liga de Derechos Humanos (LDH) aprovecha esta oportunidad para reiterar que la libertad de expresión y el derecho a la información son dos pilares fundamentales del Estado de derecho.

La LDH está convencida de que, en los alegatos y deliberaciones pendientes, estos derechos fundamentales prevalecerán sobre los intereses individuales de una empresa privada y Médor podrá publicar libremente los resultados de la investigación.