El centro de acogida de Castelnuovo di Porto abrió en 2008 y, hasta su cierre, nunca se habían cuestionado ni su legitimidad ni la necesidad de que existiera. El centro daba cobijo a más de 500 personas, entre ellas 120 mujeres y 14 niños.

El decreto de Salvini obliga al centro a cerrar

El centro ha tenido que cerrar como resultado de las medidas incluidas en el decreto de Seguridad e Inmigración presentado y firmemente defendido por el ministro del Interior, Matteo Salvini. Este afirmó que el presupuesto del centro era demasiado elevado y que suponía "malgastar seis millones de euros al año", argumentando asimismo que "los solicitantes de asilo que puedan beneficiarse del estatuto de refugiado serán reubicados en centros más pequeños; los demás no tendrán otra opción y se verán obligados a abandonar Italia".

El desmantelamiento del centro de Castelnuovo di Porto ha ido acompañado del traslado de cientos de solicitantes de asilo, algunos de los cuales ya habían encontrado trabajo a tiempo parcial y estaban plenamente instalados en la localidad.

Los migrantes acogidos comparten sus experiencias

Algunos de los migrantes han hablado de sus experiencias durante su estancia en Castelnuovo y después de ella. Ansou Cissé, de diecinueve años, está a la espera de su permiso de residencia y se ha unido al equipo de atletismo que representa a la Santa Sede en competiciones internacionales. Francesca Maurizi, que trabaja como psicóloga en el centro, dice que "el miedo a empezar de cero" puede resultar traumático para los inmigrantes que han encontrado trabajo y echado raíces en la zona.

Según el diario Internazionale, el 23 de enero salieron tres autobuses del centro de recepción con 75 personas a bordo y la víspera fueron trasladadas otras 35 personas. Estos autobuses supuestamente llevaron a los migrantes a centros de acogida en las regiones de Basilicata y Campania, en el sur del país.

Los solicitantes de asilo no son las únicas víctimas de esta atropellada evacuación a gran escala. Las 120 personas que trabajaban en el centro de acogida temen ser despedidas.

Los diputados italianos cuestionan la legalidad de las medidas, pero Salvini contraataca

El decreto de seguridad e inmigración fue aprobado por el Parlamento italiano el 27 de noviembre de 2018. Desde diciembre han surgido varios desacuerdos sobre algunas disposiciones del decreto. Miembros de la oposición y algunos alcaldes municipales consideran que estas disposiciones inconstitucionales e incompatibles con los derechos fundamentales de los migrantes.

Los diputados italianos afirman que estos métodos y los problemas que produce su aplicación no solo conciernen a los migrantes, sino quehan de ser tomados como violaciones de los derechos ciudadanos.

A pesar de las críticas recibidas, cada vez más duras, el ministro del Interior ha expresado su voluntad de seguir cerrando centros de acogida de toda Italia, y ha asegurado que estas medidas seguirán formando parte de su política. Se espera que otros muchos centros cierren en breve. Salvini ha expresado su voluntad de poner fin a las "megaestructuras de la política de acogida", lo que pone en riesgo la continuidad del centro de acogida de Mineo, en Sicilia, el mayor de Italia hoy día.