A raíz de la solicitud urgente presentada el 19 de febrero de 2020, la Coordinación Nacional de Acciones para la Paz y la Democracia (CNAPD), la Liga de Derechos Humanos belga (LDH) y Vredesactie, con el apoyo de Amnistía Internacional, aplauden la decisión del Consejo de Estado de suspender las decisiones adoptadas por el ministro-presidente de la región de Valonia, que preveían la concesión de licencias de exportación de armas a Arabia Saudí por parte de varias empresas belgas de armamento (FN Herstal, Mecar y John Cockerill Defense).

ONG aplauden la decisión

"Hoy, el Consejo de Estado ha tomado una importante decisión. Con esta sentencia, cada vez será más difícil que la región valona y el ministro-presidente, Elia Di Rupo, conceda licencias de exportación de armas a Arabia Saudí, país que lidera una coalición en la guerra de Yemen y que es sospechoso de haber cometido crímenes de guerra", explicaron los representantes de las ONG. "Además, acogemos con satisfacción el hecho de que el Consejo de Estado haya destacado que la Guardia Nacional Saudí no era un receptor fiable, reconociendo así que el riesgo de que estas armas puedan ser utilizadas para fines no previstos en el contexto de la guerra de Yemen sigue siendo alto debido a su participación en este conflicto".

Las decisiones anteriores no cumplen el derecho internacional humanitario

El Consejo de Estado dictaminó que la decisión de conceder licencias de exportación de armas del ministro-presidente valón constituye una infracción de las condiciones relacionadas con el cumplimiento del derecho internacional humanitario previstas en el decreto valón del 21 de junio de 2012 relativo a la importación, exportación, tránsito y transferencia de armas de uso civil y bienes relacionados con la defensa.

Al parecer, la "Comisión de Opinión", consultada por el gobierno valón sobre las licencias de exportación de armas para Arabia Saudí a las que se dirigía la solicitud urgente de las ONG, emitió de forma reiterada informes desfavorables sobre el cumplimiento de varias disposiciones del propio decreto valón, especialmente en lo que respecta al respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la situación regional y el respeto del derecho internacional.

Para justificar su decisión, el Consejo de Estado se refirió también al Tratado sobre el Comercio de Armas que Bélgica ratificó el 3 de junio de 2014 y, más concretamente, al artículo en virtud del cual cualquier Estado debe asegurarse, antes de transferir armas a un tercer país, de que este último cumpla las normas internacionales de derechos humanos y derechos humanitarios, lo que evidentemente no es el caso de Arabia Saudí.