La Liga para los Derechos Humanos (LDH) ha realizado un primer análisis del acuerdo de coalición del Gobierno de Bélgica centrándose, inicialmente, en tres áreas: los derechos económicos, sociales y culturales; la justicia; y la seguridad. Aunque un análisis minucioso de estos temas- además de otros - se realizará en las próximas semanas, el primer análisis de LDH conduce a las siguientes conclusiones: el Gobierno parece oponerse al buen juicio y al sentido común, y, contrariamente a lo que se ha anunciado, muchas de las reformas carecen de imaginación y representan un retroceso al depender de leyes que ya han demostrado ser ineficaces.

Algunas de las medidas, incluyendo algunas reformas de la justicia, son excepciones notables. LDH está satisfecha con que las reformas anunciadas en el ámbito de la justicia podrían conducir a una mejora en su aplicación. Anunciando la creación de dos comisiones multidisciplinarias – ¡por fin! - para la revisión del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal es una tarea difícil pero necesaria que debe ser acogida.

Otros desarrollos en esta área también son alentadores. La implementación de alternativas al encarcelamiento, la lucha
contra los delitos financieros, la búsqueda de formas alternativas de solución de controversias, tales como la mediación en casos criminales, o la plena aplicación de la legislación relativa a la administración penitenciaria y la situación jurídica del prisionero, representarían un progreso significativo.

Estas medidas positivas no parecen ser medidas de sentido común sino medidas correctivas, aún más importante ahora que ciertas cuestiones, como el atraso judicial y el apoyo a los detenidos, en términos de la infraestructura, la vigilancia y el cuidado, en varias ocasiones han sido condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Vago y ansiedad

Pero queda claro que muchas otras medidas del Gobierno se centran en temas a los que se enfrentan, por un lado, los grupos privilegiados de la sociedad, y por otro, las poblaciones menos privilegiadas, fomentando preocupaciones legítimas de que se aprovechan de algunos segmentos de la población, como los presos y los que no tienen hogar. Pero un gobierno que divide no es un gobierno con sentido común o un gobierno para todos.

Con relación a la justicia, si el Gobierno se ha comprometido a fortalecer la asistencia jurídica, dice que lo hará "dentro
de un presupuesto específico y cerrado", a través de la introducción de un copago y alentando un seguro privado. Por tanto podemos legítimamente cuestionar cómo el Gobierno logrará su objetivo de aumentar el acceso a la justicia y, por extensión, el futuro de la justicia. En este sentido, las bases de un acuerdo de admisión de culpabilidad - que plantea interrogantes sobre la igualdad de las personas – no se cuestiona y se considera solamente su evaluación.

El acuerdo de coalición prevé también un procedimiento acelerado para "casos simples" mientras que también proporciona "las garantías necesarias". Si esta medida gana apoyo, la falta de precisión en su implementación trae la posibilidad de un retorno de lajusticia sumaria, tema que LDH ha abordado previamente en el Tribunal Constitucional y que fue cancelada tras la apelación.

Basándose en una vieja receta para el buen juicio, que ha demostrado ser ineficiente e improductiva, la creación de sanciones de seguridad, incluyendo la prevención de la libertad condicional y la propuesta de ampliación de los centros penitenciarios, obliga a LDH a cuestionar la capacidad de las políticas de tener en cuenta las experiencias y recomendaciones de los profesionales, aunque el acuerdo reconoce que "la
lucha contra el hacinamiento en las cárceles no puede limitarse a una ampliación del número de plazas". LDH estará particularmente atenta a las otras medidas que se tomarán para resolver este problema trágico.

La seguridad y la violencia policial

En cuanto a cuestiones de seguridad, debe resaltarse
que el ministro del Interior también se convierte en ministro de Seguridad. Esto pone de relieve el fortalecimiento de los aparatos de seguridad del Gobierno.

El acuerdo de coalición consolida la separación entre la violencia contra la policía y la violencia policial. Si el primer suceso
es inaceptable y debe ser combatido con determinación, cabe señalar que la primera evaluación del Observatorio de Violencia Policial demuestre la necesidad de que las autoridades centren urgentemente su atención en las acciones violentas cometidas por algunos miembros de las fuerzas de seguridad. El Gobierno ignora esta realidad al no abordar este tema y parece solo tomar nota de la lucha contra la violencia dirigida hacia la policía.

Peor aún, el Gobierno está siendo particularmente vago cuando dice que "busca una solución para quejas claramente injustificadas contra el personal de la policía" y está planteando una amenaza velada a las víctimas de la violencia policial de que se le haría caso omiso a su queja. Esta situación se ve agravada por el desafío de identificar a los policías violentos, que implica un cierto riesgo de impunidad.

La LDH estará atenta a esta situación con la esperanza de que la "solución" no sea considerada como una medida para intimidar a testigos y víctimas que deseen presentar una queja contra la
violencia ilegal por parte de la policía. Sería una lástima, ya que el Gobierno también anunció un acuerdo para proteger a los denunciantes.

La introducción de inadmisibilidad temporal o permanente al territorio del Estado en los casos de asilo se parece mucho a la reincorporación del doble castigo, y el regreso de la cero tolerancia en el consumo y posesión de drogas, deja la inquietud de que se trate de un retorno a la prohibición. En términos de reformas integrales y originales, hay suficiente para permanecer con hambre.

¿Hacia la criminalización de la pobreza?

Finalmente, entre las muchas medidas que socavan los derechos económicos y sociales de la clase media y la baja - el plazo de las prestaciones de desempleo, redefiniendo el término "empleo decente", la restricción de la asignación de la prestación por el derecho al trabajo para jóvenes, redefinición restrictiva de lo que supone la asistencia médica de emergencia, etc. – a la LDH le gustaría señalar su preocupación por la actitud del Gobierno a la cuestión de la falta de vivienda.

Además de revisar los reglamentos sobre la postura hacía la ocupación ilegal para acelerar la expulsión de personas sin hogar, la declaración menciona el establecimiento de "un marco jurídico para el fortalecimiento de las autoridades locales siguiendo un enfoque multisectorial". Aunque la definición de este marco aún debe ser detallado, a la LDH le preocupa que la lógica del "buen sentido" conduciría a una re tipificación como delito de la vagancia y la mendicidad. Si esto se confirma, sería un paso hacia atrás y representa una intolerable re criminalización de la pobreza extrema.

El buen sentido engañoso

Como sugiere este primer análisis, el acuerdo de coalición
del Gobierno refleja, en materia de la justicia y la seguridad, sólo
parcialmente la voluntad de reformas que la "Coalición Sueca" (nombre dado por los colores azules y amarillos de los principales partidos) que habían sido motivo de orgullo , y aborda cuestiones con respuestas predecibles que han
demostrado ser ineficaces. Al fin y al cabo, parece que el acuerdo ofrece muchos palos y pocas zanahorias.

Ya que el sentido común puede ser engañoso, la LDH espera que el Gobierno, en la preparación de una plataforma de Gobierno más expansiva, tenga en cuenta cuestiones fundamentales como el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sin excepción.