El llamado asunto Elios ha sido uno de los casos de corrupción más escandalosos desde que Fidesz asumió el poder en 2010. El caso involucró proyectos de alumbrado público financiados por la Unión Europea. Las licitaciones fueron ganadas por Elios Zrt, una empresa en la que había participado el yerno del primer ministro Viktor Orbán tuvo intereses comerciales.

Aquí no hay nada que ver

Tras cambiar el alumbrado público, las calles de los barrios en cuestión quedaron aún más oscuras que antes. Sin embargo, este no fue el único problema. El partido de la oposición LMP fue el primero en presentar una denuncia sobre cuatro procedimientos de contratación pública. De hecho, una empresa propiedad de una persona que tenía una participación en Elios estuvo implicado en la definición de los contenidos tecnológicos de las mismas licitaciones.

Después de esto, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) inició una investigación sobre las inversiones. El portal de noticias independiente 24.hu se enteró por un informe filtrado que se publicaron 17 licitaciones tras asegurarse de que solo Elios Innovatív Zrt. o su consorcio cumplía las condiciones, pidiendo los costes más altos posibles.

István Tiborcz, el yerno de Viktor Orbán, optó por vender sus acciones y no participar en las licitaciones tras la denuncia de LMP y la investigación en marcha de la OLAF. La policía húngara cerró la investigación en 2016, sin encontrar pruebas de delito. Sin embargo, la OLAF planteó que la retirada de 43,7 millones de euros de ayudo económica era sospechosa, y envió una solicitud judicial a la Oficina del Fiscal General. Se inició otra investigación en Hungría, basada en el informe de la OLAF. Sin embargo, este procedimiento también se cerró tras no encontrar pruebas de delito.

La OLAF comunicó su informe únicamente a las autoridades húngaras. El gobierno se mostró reacio a publicar los detalles, pero finalmente transigió. Decidió que las facturas de los proyectos de alumbrado público no se presentarían a la Comisión Europea, cargando los gastos al contribuyente húngaro.

Derecho a saber

Los habitantes de los barrios afectados por las inversiones se quedaron con un alumbrado público deficiente. Situación que les impulsó a organizarse y crear una asociación en Gyál, una ciudad cercana a Budapest, llamada Eleven Gyál (Gyál Viva) con ánimo de mitigar el mayor riesgo de accidentes debido a la oscuridad. En pocos años, consiguió que el gobierno local dirigido por Fidesz tomara por fin en cuenta el problema.

Debido a que la sociedad húngara solo conoce los detalles del informe de la OLAF por las filtraciones de prensa, Eleven Gyál intentó acceder al documento completo que contenía las declaraciones de la oficina antifraude de la Unión Europea. La Comisión Europea, que supervisa la OLAF, denegó el permiso al texto, alegando que está obligada a entregar los informes únicamente a los países involucrados, que luego pueden decidir si los publican o no.

Sin embargo, la abogada de HCLU, Júlia Kaputa, insiste en que los ciudadanos europeos tienen derecho a conocer los abusos cometidos por los gobiernos de los Estados miembros relacionados con inversiones financiadas con sus impuestos. HCLU también sostiene que los casos de malversación que descubra la OLAF deben ir acompañados de investigaciones sustanciales. Si no se investigan, el mensaje que se transmite a todos los Estados miembros de la UE es que cuando la OLAF inicie una investigación, la responsabilidad en casos de corrupción puede evitarse fácilmente si finalmente no se aceptan los fondos.